Sin dejar de tomar en cuenta que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, las filtraciones de la Fiscalía General de la República al periódico Reforma, nos dan un escenario de cómo la Delincuencia Organizada se infiltró totalmente en los municipios de Cuautla y Atlatlahucan. La pregunta que surge es ¿en cuántos más ocurre exactamente lo mismo, pero no hay un valiente que se atreva a denunciarlos?
La presunta infiltración de la delincuencia organizada en los ayuntamientos de Cuautla y Atlatlahucan no se habría limitado a la protección política o al simple pago de sobornos. De acuerdo con información difundida por el diario Reforma y confirmada posteriormente por autoridades federales, el grupo criminal investigado logró construir una estructura de control territorial y financiero que utilizó a los gobiernos municipales como plataformas para operar extorsiones, intimidar adversarios políticos y garantizar impunidad en el oriente de Morelos.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República apuntan a que la organización criminal —presuntamente ligada al Cártel de Sinaloa y al operador regional identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”— encontró en los procesos electorales la puerta de entrada a los ayuntamientos. Según explicó el vocero de la FGR, Ulises Lara, la estrategia consistía en financiar campañas de candidatos afines y, paralelamente, intimidar a actores políticos rivales para asegurar el control de posiciones clave dentro de los gobiernos municipales.
Una vez instalados en el poder, los funcionarios presuntamente vinculados con la red criminal habrían permitido que el aparato municipal fuera utilizado para proteger actividades ilícitas. Las autoridades federales sostienen que en municipios como Cuautla, Atlatlahucan y Yecapixtla se consolidó una estructura de protección institucional integrada por alcaldes, exalcaldes, tesoreros y operadores políticos. Desde esas posiciones, según las investigaciones, se facilitaba el cobro de piso a comerciantes, transportistas y familias de la región.
El caso de Cuautla resulta especialmente delicado por el nivel de penetración señalado por las autoridades. La llamada Operación Enjambre derivó no sólo en investigaciones contra el entonces alcalde Jesús Corona Damián, sino también contra integrantes estratégicos de su administración, entre ellos el secretario del ayuntamiento, el tesorero y el oficial mayor. Para la FGR, esto evidenciaría que la infiltración no era aislada ni dependía únicamente de decisiones personales del presidente municipal, sino que existía una red operativa dentro de la estructura administrativa.
Las investigaciones federales también describen un esquema en el que el control político servía para mantener abiertas las rutas de extorsión. Comerciantes y empresarios de la región oriental de Morelos habrían sido obligados a pagar cuotas periódicas bajo amenazas. Durante 2025, Cuautla llegó incluso a figurar entre los municipios con mayor incidencia de extorsión en el país, en medio de ataques con bombas molotov, amenazas y agresiones atribuidas a grupos criminales.
Otro componente clave del esquema era el uso del miedo como mecanismo de disciplina política. La FGR sostiene que integrantes de la delincuencia organizada intimidaban a aspirantes opositores y operadores políticos contrarios para garantizar que candidatos cercanos al grupo criminal alcanzaran el poder municipal. Esa lógica coincide con patrones documentados en distintas regiones de México, donde organizaciones criminales buscan capturar gobiernos locales para asegurar control territorial, acceso a recursos públicos y protección institucional.
Las autoridades también investigan posibles vínculos entre esta red y hechos violentos registrados en Morelos durante los últimos años, incluidos asesinatos de exalcaldes y agresiones ocurridas en contextos electorales. Aunque la FGR no ha detallado públicamente todas las líneas de investigación, sí ha reconocido que la infiltración criminal en los municipios estuvo acompañada de episodios de violencia política y disputas por el control regional.
El modelo detectado en Cuautla y Atlatlahucan refleja un fenómeno más profundo: la transformación de algunos ayuntamientos en espacios de convergencia entre poder político, recursos públicos y estructuras criminales. Las presidencias municipales dejaron de ser únicamente autoridades administrativas para convertirse, presuntamente, en engranes de una red que combinaba financiamiento electoral, extorsión, control territorial e impunidad. La relevancia del caso no radica sólo en la detención de alcaldes y funcionarios, sino en lo que revela sobre la vulnerabilidad de los gobiernos locales frente al avance del crimen organizado en Morelos.
El caso de Arisbel Rubí es digna de una serie de Netflix.
De acuerdo con las investigaciones federales y la información periodística difundida principalmente por Reforma, la presunta participación de Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa”, dentro de la estructura criminal iba mucho más allá de una simple cercanía política con alcaldes y funcionarios municipales. Las autoridades la ubican como una operadora política y presuntamente también como un enlace territorial del grupo ligado al Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos.
Arisbel Rubí fue candidata de Morena a la presidencia municipal de Atlatlahucan y además mantenía presencia dentro de estructuras partidistas y administrativas locales. Según la FGR, esa posición política habría servido para fortalecer la penetración del grupo criminal en gobiernos municipales y procesos electorales de la región.
La acusación más delicada en su contra es la que la señala como presunta autora intelectual de ataques contra actores políticos que se negaron a alinearse con la organización criminal. La orden de aprehensión citada por Reforma sostiene que la FGR la investiga por el atentado contra Víctor Hugo Bobadilla Gutiérrez, exalcalde de Ocuituco y excandidato a diputado local, ocurrido en 2021. Según un testigo colaborador, el ataque habría sido ordenado porque Bobadilla se negó a someterse al control del grupo criminal que ya operaba en municipios del oriente de Morelos.
El expediente federal también la relaciona indirectamente con el asesinato de Israel González, exalcalde de Tetela del Volcán, ocurrido en marzo de 2023. De acuerdo con testimonios citados en la investigación, González se habría opuesto al manejo irregular de recursos públicos y a la incorporación de personas vinculadas con el crimen organizado dentro de la administración municipal. La FGR sostiene que esa confrontación habría derivado en el homicidio.
Un dato que nos llama la atención es que Arisbel iba a misa todos los domingos, y la familia de Pablo Portillo está organizando celebraciones religiosas para pedir por la libertad del ex oficial mayor de Cuautla. Al parecer, ambos tenían “una doble vida”.
- Los que tengan barbas (porque las mujeres no tienen) que las pongan a remojar.
HASTA MAÑANA.