En días recientes publicamos en este mismo espacio que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV) es una institución creada durante el sexenio de Graco Ramírez Garrido Abreu, que siempre ha estado rodeada de polémica y que realiza una función muy importante para las personas que han sido víctimas de un delito, pero lamentablemente hasta ahora quienes han estado al frente no han sabido responder a la confianza de la ciudadanía.
La titularidad colegiada primero, luego la administración llena de polémica de Nadxieelii Carranco Lechuga que fue sustituida por la también controversial Penélope Picazo (que se fue dejando una denuncia por corrupción, pero también otras tantas en contra de ella), son parte de la malísima fama que rodea este Comisión que tampoco tiene una sede fija, ya que primero estuvo en la avenida Galeana, colonia Las Palmas, y actualmente ocupa una casa en la colonia Palmira (ambas rentadas).
Hoy, el gobierno de Margarita González Saravia tiene la oportunidad de designar —con la ayuda de los diputados— a una persona que realmente vea por las víctimas y que no tenga las mismas mañas de sus antecesoras de “pedir moche” a los justiciables, ni tampoco favorezca a sus familiares a la hora de elegir proveedores.
Hay instituciones cuya importancia solo se comprende cuando el Estado fracasa. La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos es una de ellas, pues (al igual que la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Búsqueda, etc.) no deberían existir si el Estado garantizara una debida atención a la gente que lo requiere.
Ahí llegan las familias de personas desaparecidas, mujeres víctimas de violencia, menores afectados por delitos y ciudadanos que esperan algo más que un expediente: esperan justicia, acompañamiento y reparación.
Por eso resulta pertinente preguntarse si el proceso para designar a la nueva persona titular de la Comisión está generando la confianza pública que exige un cargo de esa naturaleza.
La Secretaría de Gobierno concluyó la etapa de entrevistas de la consulta pública y confirmó que nueve personas cumplieron con los requisitos para integrar la terna que será enviada al Congreso del Estado.
Hubiese sido idóneo que la Secretaría de Gobierno publicara en alguna parte los curriculums vitae de las y los aspirantes, a fin de tener información precisa de su trayectoria. A falta de ello, recurriremos a nuestros archivos y a la experiencia propia.
La que tiene mayores posibilidades de verse favorecida con el cargo es sin duda Andrea Acevedo García, quien es la segunda vez que se inscribe en el proceso de selección. Desde aquella ocasión (marzo de 2021) su hoja de vida decía que es licenciada en Enseñanza del Francés por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuenta con experiencia en materia de Derechos Humanos y en Atención, Asistencia y Reparación Integral a Victimas como lo acredita con reconocimientos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. En ese momento era subdirectora del Registro Estatal de Víctimas de la CEARV y sólo habría que agregarle que actualmente es directora de Derechos Humanos del Gobierno Estatal y su jefe directo es Edgar Maldonado, secretario de Gobierno.
De quien tenemos abundante información es de Esmirna Salinas Muñoz, a quien conocimos cuando integraba el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Fue Asesora Jurídica en los Ayuntamientos de Tlaltizapán y Contraloría (de 2016 a 2017) y antes de éste, en el Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. Mismo municipio el último de los citados, donde además, de diciembre de 2007 a octubre de 2009, laboraba para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, siendo Juez de Paz Municipal de Zacatepec, en el Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Siendo además funcionaria en del Congreso del Estado de Morelos, en la LI Legislatura, al interior de la Dirección General Jurídica de la Auditoria Superior de Fiscalización del Estado, como Asesora Jurídica y encargada de la Unidad de Información Pública. Sabemos que fue agente del Ministerio Público en la otrora Procuraduría de Justicia y no hace mucho titular del área de Justicia Alternativa de la Fiscalía. Es doctora en Derecho.
También la abogada Mariana Francia Meléndez, a quien conocemos hace muchos años (desde que ambos trabajamos en la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca), luego estuvo en la Consejería Jurídica y posteriormente en la Secretaría de la Contraloría del Estado y actualmente es servidora pública en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).
Del resto desconocemos sus perfiles y nos guiamos por la nota de nuestra compañera Maciel Calvo, quien escribió que Patricia Adriana Ariza Cuéllar encabeza el Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa. Ruth Adriana de la Cruz Morales fue titular de la Comisión para Erradicar la Violencia de Género y Fomento a la Igualdad. Briseida Yadira García Vara funge como enlace jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Miguel Ángel López Lugo encabeza actualmente la Unidad de Reparación Integral de la propia CEARV. Jaime Rodríguez Catalán es director de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Gerardo Vargas Salgado fue subprocurador de la región sur y consejero de la Comisión de Derechos Humanos.
De entre ellos saldrá la terna (seguramente dos mujeres y un hombre) que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso Local donde la mayoría calificada de diputados habrá de designar a la persona que considere la mejor para ocupar el cargo.
Y quien llegue solamente una recomendación: ¡No más escándalos en la Comisión de Atención a Víctimas!
HASTA MAÑANA.