En política existe una regla no escrita: cuando una reforma comienza a discutirse en los pasillos, en grupos de WhatsApp y en documentos sin membrete antes que en las oficinas públicas, es muy probable que llegue herida de muerte al momento de hacerse oficial. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el frustrado intento de crear un Instituto de Pensiones del Estado de Morelos que tanta falta hace.
Resulta que se filtró un documento de 19 cuartillas, con los logos del Poder Ejecutivo, pero sin firma ni sellos de recibido, fechada el 9 de junio de 2026, en el que se propone reformar el artículo 131 de la Constitución Política del Estado.
La exposición de motivos argumenta que el modelo vigente ha llegado a un punto crítico debido al envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida, el crecimiento constante del número de pensionados y la ausencia de un mecanismo financiero que permita soportar el costo futuro de las jubilaciones. Según la supuesta iniciativa, esta situación ha generado un desequilibrio entre el número de trabajadores activos y el de jubilados, reduciendo el margen presupuestal del Estado para atender otras obligaciones como salud, educación, seguridad e infraestructura.
El documento sostiene que el sistema actual provoca un doble impacto sobre las finanzas públicas, ya que las dependencias deben cubrir simultáneamente los salarios de los trabajadores en activo y las pensiones de quienes ya se retiraron. De acuerdo con la información oficial citada, en 2021 existían 6 mil 115 trabajadores activos frente a 5 mil 387 pensionados; sin embargo, para 2024 la relación se invirtió y, para 2026, el padrón registra 6 mil 57 personas pensionadas frente a únicamente 5 mil 801 servidores públicos en activo, situación que el texto considera estructuralmente insostenible. Además, se señala que mientras el salario promedio mensual de un trabajador activo ronda los 16 mil pesos, existen pensiones individuales que superan los 147 mil pesos mensuales.
Como sustento técnico, la iniciativa cita el Estudio Actuarial del Personal del Sector Central del Estado de Morelos 2025, el cual concluye que no existe un fondo de reserva para hacer frente a las obligaciones pensionarias. Conforme a ese estudio, el valor presente de las obligaciones del Estado asciende a más de 91 mil millones de pesos, mientras que la nómina anual de pensiones supera los 956 millones de pesos, equivalentes al 88.47 por ciento de la nómina del personal activo. El documento advierte que mantener el esquema vigente compromete seriamente la estabilidad financiera del Estado y limita la prestación de servicios públicos esenciales.
A partir de ese diagnóstico, la propuesta plantea elevar a rango constitucional el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensionario y establecer un marco que permita posteriormente reformar la legislación secundaria. Entre las medidas previstas destacan la posibilidad de fijar edades mínimas de retiro, establecer límites razonables para el cálculo de las pensiones y crear mecanismos financieros y administrativos especializados para supervisar el sistema. El documento sostiene que estas medidas buscan garantizar la continuidad del derecho a la seguridad social sin poner en riesgo las finanzas públicas.
La modificación más relevante consiste en adicionar una nueva fracción IV al artículo 131 constitucional para establecer que ninguna jubilación, pensión o prestación vitalicia derivada del servicio público podrá exceder la mitad de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal ni superar la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto se encuentra en sus disposiciones transitorias. La iniciativa establece que los nuevos límites no sólo serían aplicables a las pensiones que se otorgaran en el futuro, sino también a todas aquellas ya concedidas y que se encontraran vigentes o incluso en trámite al momento de entrar en vigor la reforma, con excepción de los casos expresamente excluidos. Además, ordena que todas las dependencias y organismos públicos revisen y adecuen sus contratos, condiciones generales de trabajo y demás instrumentos jurídicos para ajustarlos a las nuevas disposiciones constitucionales, mientras que el Poder Ejecutivo dispondría de un plazo de 180 días hábiles para emitir la normativa correspondiente y poner en funcionamiento el organismo administrador del sistema de pensiones.
En conjunto, la iniciativa representa una de las propuestas de reforma más profundas al régimen pensionario de Morelos en los últimos años. Su objetivo central es transformar el modelo constitucional de pensiones bajo criterios de sostenibilidad financiera, establecer límites a las pensiones consideradas excesivas y concentrar la administración del sistema en un organismo especializado. Sin embargo, el alcance de sus disposiciones, particularmente la aplicación de topes a pensiones ya otorgadas y la creación de un nuevo ente administrador, fue lo que encendió las alarmas en los diferentes sindicatos de trabajadores tanto activos como jubilados.
La especulación provocó un fenómeno que no fue previsto: que todos se unieran en contra del proyecto. Los sindicatos entendieron rápidamente que la mejor defensa era el ataque. Los dirigentes de los trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con organizaciones de ayuntamientos, jubilados y pensionados, construyeron un frente común que exigía conocer el contenido real de la propuesta, la presentación de estudios actuariales y la apertura de mesas de trabajo antes de cualquier decisión legislativa.
La consigna era sencilla pero políticamente poderosa: ninguna reforma podía discutirse sin la participación de quienes serían sus principales afectados. La movilización sindical no sólo generó presión en el Poder Ejecutivo, sino también en el Congreso, cuyos coordinadores parlamentarios tuvieron que salir públicamente a negar que existiera un «fast track» para aprobar la creación del Instituto de Pensiones.
Hábil como siempre, la diputada del Partido del Trabajo, Tania Valentina, supo capitalizar el descontento de los trabajadores y organizó una conferencia de prensa en la que señaló que existen aspectos de la iniciativa que ameritan una revisión puntual, particularmente aquellos relacionados con el funcionamiento del organismo que administraría el sistema de pensiones, su esquema financiero y los mecanismos que aseguren la participación de los distintos órdenes de gobierno y de las representaciones sindicales. Dijo que la disposición transitoria quinta, obliga a todos los entes públicos a revisar y adecuar los contratos y condiciones generales de trabajo, lo que vulnera la autonomía sindical y desaparecería años de conquistas laborales.
Fue tanta la presión de las organizaciones sindicales que el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar, precisó que no hay tal iniciativa; en tanto que el coordinador de la bancada morenista, Rafael Reyes, descartó que se pretenda legislar sobre el tema de pensiones, al menos no en el periodo ordinario que está por terminar.
Los trabajadores pueden estar tranquilos, y los tecnócratas tendrán que redefinir su estrategia. Lo único malo es que las pensiones seguirán siendo una bomba de tiempo que nadie se atreve a desactivar porque temen perder el voto de los trabajadores.
HASTA MAÑANA.