El dos de junio del 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma la Constitución Federal en materia de elección de magistrados y jueces federales, aplaza a 2028 la votación y establece diversas correcciones a la reforma del 2024. El decreto entró en vigor el día siguiente de su publicación y ordenó al Congreso de la Unión adecuar la legislación secundaria en un plazo de 90 días y dejó asentado que los estados tienen plazos de 60 días para sus constituciones y 90 días para sus leyes locales, es decir, ya vencieron todos.
En Morelos, el decreto estatal estableció originalmente que la renovación del Poder Judicial se realizaría mediante elecciones en 2027, y creó el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. El propio régimen transitorio señalaba que las personas juzgadoras que no fueran electas en 2027 dejarían el cargo y contemplaba reglas sobre indemnizaciones y retiro.
Pero ese calendario quedó desfasado con la reforma constitucional federal del 2 de junio de 2026. Desde mayo, incluso antes de que la reforma federal estuviera definitivamente publicada, el Congreso de Morelos ya había comenzado a discutir qué hacer. El 6 de mayo, el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, decía que las leyes secundarias de la reforma judicial eran prioritarias y que debían aprobarse para poder organizar la elección. En aquel momento todavía se contemplaba la posibilidad de que el proceso fuera en 2027 o 2028.
Después, cuando el Congreso de la Unión aprobó el aplazamiento, la posición cambió. El 28 de mayo, Rafael Reyes Reyes, coordinador de Morena en el Congreso de Morelos, informó que se analizarían las modificaciones necesarias para armonizar la legislación local con el nuevo calendario federal. Dijo que primero revisarían el contenido definitivo de la reforma federal y después buscarían acuerdos con los demás grupos parlamentarios. También surgió inmediatamente un problema concreto: qué hacer con la situación jurídica de los magistrados cuyos periodos estaban previstos para terminar antes de la elección de 2028.
La legislación morelense todavía contiene disposiciones construidas alrededor de la elección de 2027. El decreto estatal de 2025, por ejemplo, estableció el 31 de agosto de 2027 como fecha fundamental para la conclusión de diversos encargos. También vinculó la terminación de las magistraturas con la elección ordinaria de ese año. Por ello, simplemente cambiar «2027» por «2028» no parece suficiente: hay que resolver qué ocurre con los cargos que vencen durante el periodo intermedio, quién puede ocuparlos, quién puede sustituirlos y cómo se garantiza que el Tribunal Superior de Justicia siga funcionando.
La cuestión se ha vuelto todavía más delicada porque entre los magistrados cuyo periodo está por concluir se encuentra Juan Emilio Elizalde Figueroa, presidente del TSJ, a quien de por sí ya le habían concedido un periodo de gracia, pues su nombramiento normal debía terminar en diciembre del año pasado.
Recordemos que para que llegara Juan Emilio a la presidencia tuvieron que ocurrir acontecimientos nunca vistos en la vida política del estado, como el hecho de que fuera otro Poder —el Legislativo— el que convocara a través de un decreto a los magistrados, después de que en 25 ocasiones no se logró reunir el Quorum necesario, pues 8 magistrados y magistradas apagaron sus teléfonos y cerraron sus oficinas para que no les pudieran notificar.
Y ni qué decir de los meses anteriores, cuando un magistrado (Juan Gabriel Vargas) tomó protesta como presidente sin energía eléctrica y con personas golpeando las puertas para que las abrieran, lo que no lograron hasta que se consumó el acto protocolario. La imagen del vicefiscal Edgar Núñez Urquiza llegando presuroso seguido de un elemento de la Policía Ministerial con arma larga, quedará para la posteridad.
Bueno, pues todo eso se pretende evitar con una operación política en el que se pongan de acuerdo los tres poderes del estado, pero primeramente los 22 magistrados que conforman el Pleno del TSJ.
La gran decisión que tienen que tomar es si Juan Emilio Elizalde Figueroa debe continuar como presidente, o aprovechan la armonización legislativa de la segunda reforma judicial para imponer a alguien más y no esperar al 31 de agosto del próximo año.
Algunas voces al interior del TSJ aseguran que “Juan Emilio está harto de ser una simple figura decorativa”, que no puede contratar ni despedir a un empleado de su oficina y al que le mandan a las comisiones en otros estados con su puro pasaje y su hotel. Otros, por el contrario, sostienen que Juan Emilio “se aferra al puesto de presidente”, pues nunca en su vida imaginó tener tal distinción.
Cuestionado por este columnista, el actual titular del Poder Judicial contesta: “Ni lo uno ni lo otro”. Juan Emilio dice estar preparado para lo que decidan los que tienen las facultades para hacerlo, y si votan por su destitución, se irá contento a su ponencia con la satisfacción del deber cumplido.
Eso significa que su silla está libre para quien la quiera, siempre y cuando llegue con el respaldo de la mayoría de los integrantes del Pleno y —agregaríamos— con el aval de los diputados y la gobernadora. Eso es lo ideal.
Por eso es que, discretamente, han regresado los cabildeos entre magistradas y magistrados para buscar al sucesor o sucesora de Elizalde Figueroa.
Y mucha gente se pregunta ¿Quién y por qué alguien querría llegar a un cargo en el que ya no tiene poder alguno y sólo es requerido para eventos de protocolo? A manera de cotorreo, dicen que habría que poner un anuncio en el aviso clasificado de un periódico que diga: “Se solicita presidente. Ofrecemos: sueldo base y prestaciones de ley”. Nada más.
Pero aún en esas condiciones hay muchos que quisieran subir hasta el último escalafón de la carrera judicial y que su fotografía sea exhibida en el Salón Presidentes del Palacio de Justicia. De los que han expresado su deseo están los magistrados Jaime Castera, Javier Mújica, Francisco Hurtado y Rafael Brito.
Entre las mujeres, Nancy Giovanna Montero quisiera volver a intentarlo, dado que el año pasado estuvo a un voto de lograr la presidencia. Carmen Aquino estaría feliz de que su fotografía fuera expuesta junto a su marido y su suegro en el Salón Presidentes. Alejandra Hernández es otro prospecto del género femenino.
Y el que está sumando adeptos y su nombre es mencionado con insistencia no sólo entre magistrados sino también entre diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo se llama Anuar González Cianci Pérez, quien igualaría a su padre, Don Víctor Manuel González Cianci, presidente del Tribunal Superior de Justicia del 2000 al 2003. Falta que el doctor en Derecho acepte.
HASTA EL LUNES.