Con una resolución judicial de no vinculación a proceso bajo el brazo, los tres integrantes del Cabildo de Amacuzac que fueron detenidos el pasado tres de marzo acusados de extorsión agravada por el propio alcalde Noé Reynoso Nava, ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar que quien ha convertido a ese Ayuntamiento en un foco de corrupción, es Reynoso Nava, cuyo desvío supera los 22 millones de pesos.
Ellos son Azucena Ortega Pérez, síndica municipal; Patricia Cambray Montufar, regidora; y Bladimir Alejandro Vargas Albavera, tesorero, a quienes el presidente municipal señaló como cómplices de “Carlos C.J.”, supuesto jefe de plaza de la Familia Michoacana, pidieron a la Fiscalía General y a la Anticorrupción, que investiguen los manejos financieros de Amacuzac, pues consideran que la treta urdida por el alcalde (y que creyó inocentemente el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia) fue para quitarlos de en medio porque se negaron a participar.
Pero en este aparente conflicto político hay algo más: la desaparición del regidor por el Partido Nueva Alianza, Roberto Ochoa Dircio. Quien no volvió a ser visto después de que discutió fuertemente con el edil, y cuando los concejales le sugirieron denunciar la desaparición de su compañero la respuesta de Noé los dejó con la boca abierta: “No es necesario, él se lo buscó”.
La regidora Patricia Cambray Montufar es quien da “santo y seña” del conflicto entre el alcalde y el regidor Ochoa Dircio, y en general del ambiente tenso que se vivía desde que Noé asumió por segunda ocasión el cargo, siempre bajo la amenaza de que “si no firman, los de allá arriba los van a levantar”.
Las sesiones de cabildo, que en el papel representan el espacio deliberativo del gobierno municipal, se reducían —de acuerdo con la denuncia— a un trámite apresurado. El presidente municipal llegaba acompañado del secretario, colocaba los documentos sobre la mesa y exigía firmas. No había discusión, tampoco margen para disentir. Lo que sí había, dicen, era miedo.
Durante meses, ese miedo se volvió rutina. Los regidores firmaban bajo presión, con la advertencia de que no solo ellos, sino también sus familias, podían ser víctimas de un “levantón”. La denunciante, integrante de la oposición dentro de un cabildo dominado por otro partido, asegura que soportaron en silencio. No por acuerdo, sino por supervivencia.
En ese ambiente se fue tensando la relación entre el alcalde y algunos integrantes del cabildo, entre ellos Roberto Ochoa Dircio. El punto de quiebre llegó en una reunión donde se pretendía aprobar la incorporación de un nuevo regidor, identificado como cercano al presidente municipal. Aquella tarde, la presión subió de tono.
Ochoa Dircio se negó a firmar.
La discusión escaló. El presidente lo llevó a su oficina. Afuera, sus compañeros escuchaban el intercambio, descrito como “muy fuerte”, en un edificio ya casi vacío. Pasó cerca de una hora antes de que el regidor saliera. Cuando lo hizo, su decisión había cambiado. Dijo que firmaría.
“Me va a matar o va a levantar a mi familia”, habría confesado.
Firmó.
Horas después, otra regidora, retenida también en la oficina del alcalde, terminaría cediendo bajo amenazas similares. Aquella jornada dejó un rastro de intimidación que no se disipó. Por el contrario, marcó el inicio de un episodio más oscuro.
Días después, el 6 de marzo de 2025, Roberto Ochoa Tirso desapareció.
No hubo aviso oficial inmediato. No hubo pronunciamiento institucional desde el ayuntamiento. Fueron los familiares quienes iniciaron la búsqueda y presentaron la denuncia. En el cabildo, según el testimonio de la regidora Cambray Montufar, la reacción fue de omisión.
La ausencia del regidor comenzó a normalizarse en los documentos oficiales. Su nombre dejó de aparecer en las actas de cabildo, como si la desaparición también implicara su borrado administrativo, sin que existiera —al menos públicamente— un dictamen de la autoridad ministerial que esclareciera su situación.
Un día después de la desaparición, el 7 de marzo, ocurrió un hecho que, con el tiempo, cobraría relevancia entre quienes reconstruyen los acontecimientos. En el marco de actividades por el Día Internacional de la Mujer, personal del ayuntamiento esperaba al presidente municipal. Llegó tarde. Vestía ropa cubierta de polvo, con huellas visibles de tierra.
Cuando le preguntaron, respondió que había estado trabajando en su rancho y que no había tenido tiempo de cambiarse.
En ese momento, pocos sabían que Ochoa Dircio ya no estaba localizable.
El caso no detonó, al menos de inmediato, una intervención visible de las autoridades. Compañeros del cabildo aseguran que nunca fueron llamados a declarar por la fiscalía. La información oficial, dicen, la conocieron a través de publicaciones en redes sociales donde se indicaba que el regidor era buscado.
Mientras tanto, el clima de miedo persistía. La regidora que hoy denuncia sostiene que las amenazas no eran aisladas, sino parte de una práctica sistemática. Relata episodios previos, incluso desde el proceso electoral en el que ella contendió como candidata a la Alcaldía, en los que —según afirma— se le advirtió que abandonara la campaña o enfrentaría consecuencias fatales.
Fue a través de llamadas telefónicas que pretendieron obligarla a que “se bajara de la contienda”. Era la voz de un hombre que se identificaba como “El Güero”, pero en un descuido pudo escuchar claramente la voz del actual presidente municipal.
Por eso es por lo que, desde entonces, sostiene que, si algo llega a pasarle, el responsable sería Noé Reynoso Nava, cuyo nivel de vida ha cambiado radicalmente desde que asumió el cargo por segunda vez, como presidente municipal de Amacuzac.
HASTA MAÑANA.
