Es alentador enterarnos de que la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General del Estado, ejecutó órdenes de Aprehensión en contra de tres hombres y una mujer acusados de haber asaltado y asesinado a una pareja de cuentahabientes en el estacionamiento del Banorte el pasado 20 de mayo. Lo ideal es que no hubiese ocurrido, pero si ya sucedió lo procedente es que —si son culpables— caiga sobre ellos todo el peso de la Ley.
Las víctimas no eran pareja, sino padre e hija. Él era un comerciante del ramo de la Plomería que tiene su negocio por el rumbo de la colonia Satélite, y ella la segunda hija de su matrimonio con una profesionista. Ambos muy estimados en su comunidad y apegados a la religión católica.
Ese fatídico día, 20 de mayo del 2026, José Belén le pidió a su hija Erika que lo acompañara a depositar el dinero recaudado durante la semana en el negocio familiar. Ella no vivía en Cuernavaca sino en otra ciudad de la República, donde la esperaban su esposo y sus hijos mientras visitaba a sus padres.
La joven aceptó sin chistar el acompañar a su padre al banco, pues por la cercanía de la institución bancaria a la que iban, no se tardarían mucho. Su mamá les dijo que los esperaba a comer.
Pero ya no volvieron. No contaban con que unos sujetos los estaban esperando en el estacionamiento del Banorte de Plan de Ayala. La joven fue la que intentó evitar el asalto, por lo que le dieron varios balazos para que soltara el dinero.
El padre se interpuso y también recibió un balazo. Acto seguido los jóvenes escaparon en una motocicleta mientras el hoy occiso trataba de reanimar a su hija sin conseguirlo. Ya estaba muerta. José Belén fue llevado en una ambulancia al hospital del IMSS que se encuentra a unas cuadras, pero al otro día falleció.
Por suerte, el banco tiene cámaras de videovigilancia en el estacionamiento por lo que todo quedó grabado, y aunque los asaltantes nunca se quitaron el casco, sí pudieron ser identificados por los policías ministeriales. Eran los mismos que habían sido captados en otros asaltos a cuentahabientes en la entidad, y ya andaban tras ellos.
Los localizaron en la calle con una cantidad mínima de estupefacientes, por lo que se los llevaron detenidos a las instalaciones de la Fiscalía General. Se trata de Héctor Daniel, Enrique Justo, Jesús Francisco y Dalia Enedina, todos de entre 18 y 25 años.
Cuando creían que ya la habían librado, llegó un agente de la AIC y les leyó la orden de aprehensión que había concedido un juez penal por los delitos de Feminicidio, Homicidio y Robo Calificado. Y los regresaron a los separos.
El primero de junio al mediodía, la jueza Consuelo Correa declaró de legal su detención y les aplicó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Será este viernes cinco de junio a las 14 horas, cuando la autoridad judicial resuelva su situación legal, ya sea de vinculación a proceso, o de libertad.
De la misma manera en que hemos criticado en este espacio la actuación de la Policía ministerial y de la propia Fiscalía General, en esta ocasión debemos de reconocer sin regateos el trabajo de los agentes de la AIC que dirige el comandante Jorge Hernández Narez, y el titular de la Fiscalía General, Fernando Blumenkron Escobar, quienes actuaron rápidamente y lograron la detención de estos presuntos asaltantes.
Este caso debe servir también como ejemplo para que la población entienda que hay situaciones que la autoridad no puede evitar. De nada sirve llenar de policías uniformados una ciudad si los delincuentes, disfrazados de gente de bien, están observando a sus posibles víctimas, y en menos de dos minutos los despojan de sus pertenencias.
Pero la detención (y esperamos que su vinculación a proceso) de estos jóvenes provenientes del vecino estado de Guerrero, sirva como lección para otros hombres y mujeres que comienzan a vivir, para que se den cuenta que por un momento de adrenalina, pueden pasar el resto de sus vidas tras las rejas.
Por otro lado, debemos de reconocer que, a la par que se implementan operativos policiacos de prevención, y se persiguen a los asaltantes de cuentahabientes, también hay un trabajo legislativo tendiente a endurecer las penas para los trabajadores bancarios que colaboren con los delincuentes.
En la última sesión ordinaria del periodo de sesiones, la diputada Luz Dary Quevedo Maldonado dio a conocer la aprobación de su iniciativa, donde establece sanciones severas para trabajadores de instituciones bancarias que colaboren con la delincuencia organizada para cometer robos contra cuentahabientes.
El decreto reforma la fracción VI del inciso A del artículo 176 del Código Penal para el Estado de Morelos, en materia de robo a cuentahabientes, con la finalidad de agravar la pena para el delito de robo cuando se cometa contra usuarios de instituciones financieras. Además, equipara esta conducta a la que cometen los empleados de estas instituciones que proporcionen información a los delincuentes sobre el retiro de efectivo para que sean asaltados.
La legisladora destacó que en los últimos años, el delito de robo a cuentahabientes ha adquirido una alarmante frecuencia en diversas entidades federativas, incluido Morelos, convirtiéndose en una de las modalidades delictivas que más afecta a la tranquilidad y al patrimonio de la ciudadanía.
Agregó que el “modus operandi” en estos ilícitos refleja, en muchos casos, la intervención o complicidad de empleados bancarios que proporcionan información sensible sobre los montos retirados o la identidad de los usuarios, facilitando así la comisión del delito.
HASTA EL LUNES.