Uno de los principales problemas es la violencia contra periodistas. México se ha mantenido durante años entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Las agresiones incluyen amenazas, intimidaciones, desplazamiento forzado, desapariciones y homicidios. Los mayores riesgos suelen concentrarse en la cobertura de delincuencia organizada, corrupción, seguridad pública, conflictos territoriales y política local.
A ello se suma la impunidad. Aunque existen mecanismos de protección e investigaciones oficiales, una gran proporción de los delitos cometidos contra periodistas no concluye con sentencias firmes. La falta de castigo genera un efecto inhibidor que favorece nuevas agresiones y envía el mensaje de que atacar a la prensa tiene pocas consecuencias legales. En Morelos, el caso de Roberto Figueroa sigue impune.
Otro obstáculo importante es la presión ejercida desde el poder político. Esta puede manifestarse mediante campañas de desprestigio, exclusión de fuentes informativas, amenazas de demandas, restricciones al acceso a información pública o utilización discrecional de la publicidad oficial. Nada qué celebrar en un estado donde ya cumplimos seis meses de publicidad gratuita.
La precariedad laboral constituye también una limitante significativa. Muchos periodistas trabajan sin contratos estables, con bajos salarios, sin prestaciones sociales ni seguros de vida. Estas condiciones reducen la capacidad de los medios para invertir en investigaciones de largo aliento y dificultan que los reporteros cuenten con capacitación especializada o medidas adecuadas de seguridad (“a los periodistas hay que matarlos de hambre”, decía Alito Moreno).
El acceso a la información pública enfrenta desafíos adicionales. Aunque México desarrolló durante décadas un sólido sistema de transparencia, persisten prácticas burocráticas que retrasan la entrega de información, clasifican documentos de manera cuestionable o dificultan la obtención de datos relevantes para investigaciones periodísticas. En ocasiones, la información existe, pero acceder a ella requiere procesos largos, recursos legales y una inversión considerable de tiempo. En un estado donde desaparecieron un órgano autónomo y lo sustituyeron por una oficina que depende del mismo gobierno, no puede considerarse transparente.
La concentración de recursos mediáticos también representa una dificultad. Muchos medios locales dependen económicamente de contratos gubernamentales o de un reducido número de anunciantes privados. Esa dependencia puede afectar la independencia editorial y generar incentivos para evitar temas que incomoden a quienes financian la operación del medio.
La expansión de la desinformación y de las campañas de manipulación digital ha añadido nuevos retos. Los periodistas deben competir con contenidos falsos que circulan rápidamente en redes sociales, además de enfrentar ataques coordinados, acoso digital y campañas destinadas a desacreditar investigaciones o erosionar la confianza pública en la prensa.
Finalmente, existe un problema de confianza pública. Diversos sectores de la sociedad perciben a los medios con escepticismo debido a antecedentes de sesgos políticos, intereses económicos o errores informativos. Además, la proliferación de “influencers” y “youtubers” hace más difícil el ejercicio del periodismo analítico y de fondo.
En conjunto, los principales obstáculos para el periodismo en México no provienen de una sola fuente. Son el resultado de la convergencia entre violencia, impunidad, presiones políticas, debilidad económica de los medios, restricciones informativas, desinformación digital y desconfianza social. La combinación de estos factores afecta tanto la seguridad de los periodistas como el derecho de la sociedad a estar informada.
Por si no fuera suficiente, enfrentamos un nuevo fenómeno social: el periodismo mezclado con la delincuencia organizada.
Vamos a poner de ejemplo el caso de Roxana Ramírez, la periodista secuestrada en Veracruz el pasado dos de junio. El video grabado por sus familiares en el que se observa como dos encapuchados literalmente rompen la puerta de su casa y se la llevan, se está haciendo viral en todo el mundo. Hasta el momento de escribir esta columna la mujer no había sido localizada.
Pero hay un dato que ha provocado un intenso debate entre los colegas:
Según lo dicho por Reporteros Sin Fronteras, en 2017, su pareja fue asesinado provocando que la periodista abandonara la entidad por varios años. Medios locales reportaron que la pareja de Roxana tuvo otro atentado en 2015 y tres años antes fue detenido por posesión de armas de fuego y drogas, es decir, el hombre con el que vivía está relacionado con el crimen organizado.
En ese contexto, es muy probable que el secuestro de Roxana haya sido un ajuste de cuentas relacionado con la actividad de su expareja, más que una represalia por su actividad periodística.
Y es que, cuando vemos que el Crimen Organizado está infiltrado en todos los niveles de gobierno, lo lógico es que también haya penetrado en todas las actividades profesionales de este país, incluyendo el periodismo.
Tenemos que decirlo: hay medios de comunicación (sobre todo digitales) totalmente financiados por el narco. Una credencial de periodista es el instrumento más eficaz para infiltrarse en los círculos políticos y hasta policiacos a fin de obtener información valiosa para la Delincuencia Organizada.
Y cuando los matan, los auténticos comunicadores entramos en el dilema de apoyar o no sus causas, porque independientemente de si era periodista o no, nadie merece ser asesinado.
Esto es, grosso modo, la situación del periodismo en México, según la perspectiva de quien esto escribe, con 35 años de ejercicio ininterrumpido.
HASTA MAÑANA.