Eran las 7:46 de la mañana cuando un tuit de Omar García Harfuch estremeció a todo el estado de Morelos con mayor fuerza que un sismo de 8.7 grados Richter:
“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron 4 órdenes de aprehensión obtenidas por FEMDO, entre ellas Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla”, decía el mensaje en la plataforma X.
Enseguida, anunciaba que continuaban las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla. Y se despedía con una frase que puso a todo mundo a temblar: “Las investigaciones continúan”.
Eso hizo que se encendieran las alarmas no sólo en el oriente de la entidad, sino a todo lo largo y ancho de Morelos. Muchos alcaldes y alcaldesas prefirieron no llegar a sus oficinas, y se ponían nerviosos cuando advertían convoyes de la SSPC federal y de la Guardia Nacional en sus respectivos territorios.
Y tal como ocurrió en el último operativo llevado a cabo en Yautepec para detener a ocho integrantes de la organización de Los Linos, durante toda la mañana la única fuente de información era el tuit de Harfuch.
Alrededor del mediodía, “El Batman mexicano” ofreció una conferencia de prensa en la que dio toda una explicación de cómo operaba esta organización en Cuautla y en municipios de la región oriente, con actividades de extorsión que afectaban directamente a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos, quienes enfrentaban amenazas, cobros de cuota y presiones de grupos criminales que buscaban imponer control de esta manera.
Apuntó que tanto el operativo del pasado seis de mayo en Yautepec, como las detenciones de ayer, son resultado de ese seguimiento permanente de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de proteger a la población, combatir la extorsión como delito prioritario y no permitir que ninguna estructura criminal condicione la vida económica, social o comunitaria de nuestro país.
“Como parte de las investigaciones, con el aporte de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de Inteligencia Militar de la Guardia Nacional, el día de hoy la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de cateo en seis domicilios ubicados en Morelos y uno más en Querétaro, así como órdenes de aprehensión contra diversos objetivos, entre ellos presidentes municipales en funciones, expresidentes municipales, empresarios, servidores públicos y personas vinculadas con extorsión, así como delitos contra la salud, tráfico de armas y delincuencia organizada. Al momento se han cumplimentado seis órdenes de aprehensión por delincuencia organizada contra las siguientes personas:
“Agustín N., presidente municipal de Atlatlahucan; Irving N., expresidente municipal de Yecapixtla, investigado por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable, dejando en severo desabasto del recurso a la comunidad. Horacio N., secretario municipal de Cuautla; Pablo Adrián N., empresario y oficial mayor de Cuautla; Jonathan N., tesorero de Cuautla y Arisbel Rubí, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan”.
También, confirmó que hay orden de aprehensión en contra de Jesús Corona, presidente municipal de Cuautla en funciones, pero no ha sido localizado.
Adicionalmente, la unidad de inteligencia financiera incluirá en la lista de personas bloqueadas a 32 sujetos, 22 personas físicas y 10 personas morales relacionadas con esta red de corrupción en Morelos. Entre ellos se encuentran presidentes municipales, funcionarios del ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales presuntamente vinculados con un operador regional del cártel del Pacífico en la región oriente de la entidad, a quien habrían brindado facilidades de operación.
Esta medida incluye a 10 objetivos principales, integrantes de su círculo familiar, empresas con indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al propio líder delictivo. A pregunta expresa de un reportero, García Harfuch confirmó que ese líder delictivo es Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, quien aparece en un video conviviendo con los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, entre otros personajes de la política.
No sabemos si lo hicieron “para taparle el ojo al macho”, pero junto con el alcalde de Atlatlahucan (que llegó por Movimiento Ciudadano pero después rompieron relaciones), el panista Irving Sánchez Zavala y Corona Damián (que ya no se sabe a qué partido pertenece), también detuvieron a una mujer integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Se trata de Arisbel Rubí Vázquez Amaro, consejera de Morena y excandidata a presidenta municipal de Atlatlahucan por ese partido. Todavía el 18 de mayo escribió en su cuenta de Facebook: “Total apoyo a nuestra gobernadora. La política negra ya empezó en todos los niveles pero tarde o temprano sale la verdad. Los tiempos de Dios son perfectos”.
Así, nadie pudo decir que “la Operación Enjambre” fue selectiva.
Por su parte, Irving Sánchez Zavala un día antes había anunciado a través de un video que toda la familia se retiraba de la política para darle oportunidad a otras personas de que gobernaran Yecapixtla. La verdad es que “ya sentían pasos”.
Hay un par de preguntas que nos seguimos haciendo: ¿Por qué Jesús Corona no fue detenido? ¿Acaso le dieron el pitazo o escapó de la casa que estaba rodeada de federales? De todos modos, su detención será cuestión de tiempo.
El gobierno estatal se ha preocupado porque no haya vacío de autoridad. Ayer mismo el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, se entrevistó con las nuevas encargadas de despacho en ausencia de los titulares: Elvia Ovando Vázquez, síndica de Atlatlahucan y Nancy Guadalupe Echeverría.
Estaremos atentos al desarrollo de los procesos jurídicos a los que serán sometidos estos personajes y las detenciones que siguen. El gran reto será demostrar judicialmente los vínculos criminales y evitar que las detenciones sean percibidas únicamente como golpes mediáticos o selectivos.
En experiencias previas, varios operativos espectaculares terminaron debilitándose en tribunales por falta de pruebas robustas, como el llamado “Michoacanazo” que orquestó el gobierno de Felipe Calderón para detener a 11 alcaldes de esa entidad, de los cuales todos salieron libres a los dos años.
HASTA MAÑANA.