El filtro purificador que plantea Sheinbaum.
Interesante la propuesta de la ex dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hoy en su papel de consejera jurídica de la Presidencia, para garantizar que la delincuencia organizada no se infiltre en los procesos electorales venideros. Sin embargo, lo más difícil será fijar los criterios que habrán de tomar en cuenta el órgano colegiado que emitirá los dictámenes ya sea a favor o en contra de los aspirantes a cargos de elección popular.
Como ya es del dominio público, se trata de la “Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas”, y estará integrada por consejeros del Instituto Nacional Electoral. En su conferencia de prensa matutina de ayer, la presidenta dijo que la iniciativa ya se había trabajado y discutido desde hace tiempo, incluso formaba parte del llamado Plan A, aunque al no avanzar, varias propuestas quedaron pendientes.
Sin embargo, detalló que anteayer se tomó la decisión de mandarla de una vez, aprovechando que el Congreso convocará a un periodo extraordinario, para que pueda tomarse en cuenta rumbo al proceso de 2027.
La encargada de explicar el tema fue la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján. La funcionaria dijo que se trata de una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del INE e integrada por cinco consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General.
Explicó que la Comisión funcionará como un vínculo entre los partidos políticos que decidan participar voluntariamente, y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, con el objetivo de recibir y consultar los nombres de aspirantes a candidaturas con instancias como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para determinar si existen “posibles riesgos razonables” de vínculos con la delincuencia organizada.
La Comisión informará a los partidos políticos si detecta riesgos razonables y, con base en esa información, cada fuerza política será responsable de decidir si registra o no determinada candidatura. O sea que va a ser como los llamados a misa.
En términos prácticos, ese órgano colegiado servirá para “quemar” a determinados aspirantes a cargos de elección popular. Será algo similar a lo que hacen las Auditorías Superiores, que difunden las revisiones, aunque no estén concluidas, lo que es aprovechado por los medios para desprestigiar a los alcaldes.
Aquí lo interesante es a que llaman “posibles riesgos razonables de vínculos con la delincuencia organizada”, y si aplicarán el mismo rasero para todos los aspirantes. Porque tenemos el caso del video que ayer fue mencionado por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, donde aparecen los alcaldes de Atlatlahucan y Cuautla departiendo con un hombre al que identifican con el apodo de “El Barbas” y al que consideran un generador de violencia en la zona oriente de la entidad. El video por sí mismo no tiene valor probatorio.
Si los ediles son sentenciados por ese material videográfico entonces también tienen que darle pleno valor a la fotografía donde aparece el exgobernador Cuauhtémoc Blanco y tres sujetos identificados como “El profe”, “El Ray” y “La Tripa” en una iglesia de Yautepec.
Es decir, la aplicación de la ley no debe distinguir colores de partidos ni niveles de gobierno, pues de otra manera el actual partido en el gobierno incurriría en lo que tanto criticó de sus antecesores: el uso político de las instituciones públicas.
En ese tenor, nos llamó la atención un artículo publicado por el abogado Gibrán Haro Álvarez en el que hace apuntes importantes relacionados con el reciente operativo “Operación Enjambre” en Morelos:
Las detenciones de hoy en Morelos mandan un mensaje importante: ningún cargo público debe ser escudo para evadir la justicia. Si hubo corrupción, extorsión o complicidad con estructuras criminales, se debe investigar a fondo y sancionar conforme a derecho.
Pero la firmeza institucional no se mide por cuántas personas se detienen, sino por la capacidad de probar los hechos ante un juez. Por eso, la exigencia ciudadana debe ser doble: que no haya impunidad, pero tampoco arbitrariedades.
Morelos necesita instituciones fuertes, no espectáculos políticos. Necesita justicia con pruebas, procesos legales y responsabilidad pública. Porque cuando la ley se aplica correctamente, no solo castiga: también recupera la confianza de la sociedad.
Consideramos que el joven litigante (una de las grandes promesas de la Abogacía morelense), conjuntó en su escrito lo que pensamos la mayoría de los morelenses: necesitamos una aplicación estricta de la ley con respeto a los derechos humanos, no sólo espectáculos mediáticos.
Otra de las declaraciones que nos parecen trascendentes fue la de Juan Ángel Flores Bustamante. El diputado federal aseguró que la operación Enjambre demuestra que la presidenta va con todo contra aquellos que se ponen piel de oveja, pero por debajo son unos lobos que negocian con la delincuencia a costa del pueblo”, enfatizó.
«Aún hay muchos que faltan”, dijo durante un encuentro con líderes sociales DE CUERNAVACA para celebrar el Día de las Madres. Reiteró que se trata de un paso firme para recuperar la seguridad y evitar que continúe la infiltración del crimen en las instituciones públicas.
Agregó que es indispensable revisar antecedentes y realizar evaluaciones más estrictas para impedir que personas vinculadas con grupos delictivos lleguen a candidaturas o cargos públicos.
HASTA EL LUNES.