El Gobierno del Estado de Morelos publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” una convocatoria de consulta pública para integrar la terna de candidaturas que será enviada al Congreso local para la designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. La consulta está dirigida a colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derechos humanos y atención a víctimas, así como a personas con experiencia acreditada en la materia.
El objetivo es encontrar a la persona idónea para esa institución creada durante el sexenio de Graco Ramírez Garrido Abreu, y que siempre ha estado rodeada de polémica. Incluso, antes de ser promulgada, el gobierno del tabasqueño le regaló cinco millones de pesos al famoso juez Baltazar Garzón por la elaboración de una Ley de Víctimas que no fue utilizada.
En sus inicios, la CEARV estuvo conformada por cinco comisionados y una secretaria técnica, quienes tomaban las decisiones de manera colegiada. En ese órgano hubo de todo, desde activistas, litigantes, hasta personajes que sólo acudían a cobrar el día de la quincena y los días que había sesión. Un buen día, la entonces primera dama Elena Cepeda llegó a las instalaciones y no encontró a nadie. En cuanto tuvo oportunidad le dijo al gobernador que “la única que trabaja es Nadxieelii Carranco Lechuga” (secretaria técnica).
Antes de que acabara el sexenio, Graco ya había desaparecido el órgano colegiado y designado como única titular a la consentida de su esposa: Nadxieelii Carranco Lechuga.
A pesar de que su gestión al frente de la Comisión estuvo plagada de señalamientos de irregularidades (como contratar a su esposo como proveedor), Nad Carranco no solamente salió bien librada de esa encomienda, sino que logró un cargo muy importante en la presente administración: ser titular de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad. Sin poder quitarse el estigma de “graquista”, hoy Carranco Lechuga sobrevive en el puesto en medio de señalamientos de su personal que no la baja de prepotente y soberbia.
Así es como aparece en escena Penélope Picazo, una señora que se caracteriza por meter sus papeles en cuanta convocatoria sale en la página de internet del Congreso Local. Lo mismo magistraturas que espacios en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), representaciones ciudadanas y de defensa de las víctimas. Su última aspiración fue la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, que se quedó en manos de su contrincante Nadxieelii Carranco.
Durante los primeros meses se la pasó dando declaraciones en contra de su antecesora, Nadxieelii Carranco Lechuga, pero las imputaciones de corrupción no pasaron de ahí. Si es que hubo denuncias, deben estar en el cajón del fiscal Leonel Rogel, donde también están llegando las que colectivos de víctimas han metido en contra de ella.
En el 2024, el hijo del hoy fiscal anticorrupción, Leonel Díaz Grajales, abogado de profesión, estuvo algunos meses trabajando en la institución encargada de reparar el daño a las víctimas del delito, pero suficientes para anotar los datos relevantes de los expedientes económicamente más importantes.
Ya sin ser servidor público, Leonel Díaz Grajales se dedicó a localizar a las víctimas de esos casos para ofrecerles sus servicios profesionales. Hasta ahí no vemos que se configure ningún delito.
Sin embargo, lo que siguió sí fue bastante sospechoso. Ya como fiscal anticorrupción, Leonel Díaz padre comenzó a solicitar información precisamente de aquellos expedientes en los que su hijo fungía como gestor o representante legal, lo que fue tomado por Penélope Picazo como una forma de presión para que se resolvieran más rápido.
Según la funcionaria, el despacho de Díaz Grajales se habría quedado hasta con el 25 por ciento de los montos cobrados por las víctimas, lo que tampoco es ilegal si hubo un contrato de prestación de servicios.
Esto fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que resolvió —sin entrar al fondo del asunto— que no se advierten delitos contemplados en el Código Penal Federal, lo que fue publicitado por la Fiscalía Anticorrupción como una exoneración. En ese momento se dijo que la titular de la CEARV, Penélope Picazo, había presentado su renuncia, lo que fue desmentido por la funcionaria.
No presentó su renuncia en aquella ocasión, pero sí semanas después. El 8 de junio, Picazo Hernández le entregó un documento al secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, en el que le comunica que ha decidido dejar el cargo, y que le da hasta el primero de julio para que ponga a un encargado de despacho. Según el fiscal Anticorrupción, Leonel Díaz Rogel, hay varias denuncias en contra de Penélope, mismas que deberán seguir su cauce legal.
¿Cómo se va a elegir a su sustituta?
El artículo 118 de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, establece que la persona titular de la CEARV debe ser designada por el Congreso del Estado mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, a partir de una terna propuesta por la titular del Poder Ejecutivo estatal. Antes de integrar esa terna, la ley obliga a realizar una consulta pública con los sectores especializados y con las organizaciones vinculadas a la defensa y representación de víctimas.
La convocatoria busca recibir propuestas y opiniones sobre perfiles que cuenten con conocimientos, experiencia y trayectoria en la atención a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. El objetivo es garantizar que las personas consideradas para integrar la terna tengan capacidad técnica, sensibilidad social y experiencia comprobable en el acompañamiento, protección y reparación integral de las víctimas.
Una vez concluida la consulta pública y analizadas las postulaciones recibidas, el Poder Ejecutivo seleccionará tres perfiles y remitirá la terna al Congreso del Estado. Corresponderá a la Legislatura evaluar a las personas propuestas y realizar la votación para nombrar a quien encabezará la CEARV durante el periodo previsto por la ley.
Suena muy fuerte para ocupar ese cargo la actual directora de Derechos Humanos del Gobierno del estado —dependiente de Edgar Maldonado—, Andrea Acevedo García. Sea ella o cualquier otra persona, ojalá que “ahora sí le atinen”, pues la CEARV es una institución que realiza una función muy importante para las personas que han sido víctimas de un delito, pero lamentablemente hasta ahora quienes han estado al frente no han sabido responder a la confianza de la ciudadanía.
HASTA MAÑANA.