La consecuencia práctica de este criterio es que las pensiones que excedan ese tope deberán ajustarse al equivalente del salario presidencial, mientras que aquellas que se encuentren por debajo de dicho límite conservarán el monto que venían recibiendo antes de la reforma. La CFE informó que la aplicación de esta medida comenzaría a partir de la segunda catorcena o quincena de junio de 2026.
Lo anterior significa un triunfo de los trabajadores jubilados, principalmente de la Comisión Federal de Electricidad, que fueron los más perjudicados no sólo económicamente, sino en su imagen, al difundir la presidenta en sus mañaneras que había jubilados de la CFE que cobraban “hasta un millón de pesos al mes”. En realidad, la CFE tiene un padrón de 54 mil 008 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 40 mil 950 millones de pesos. Entre los “hallazgos críticos” destacó que se detectaron 2 mil 199 pensionados que reciben montos superiores a las percepciones de Sheinbaum, lo que cuesta al año 4 mil 496 millones de pesos.
No sólo fueron las marchas y plantones de los jubilados de la CFE los que obligaron al gobierno a modificar su intención de reducir el gasto destinado al pago de jubilaciones. El 18 de abril del presente año, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se constituyó “el Frente Nacional Jurídico”, conformado por diversas organizaciones de juristas de toda la República Mexicana.
Uno de los puntos del manifiesto firmado por dichas asociaciones, versó precisamente sobre la modificación al artículo 127 Constitucional:
“El Frente Nacional Jurídico manifiesta su preocupación y rechazo a la modificación del artículo 127 constitucional en materia de jubilaciones de ex trabajadores de confianza del Estado, por las siguientes razones: Violación a la certeza jurídica: Se afectan pensiones previamente reconocidas, generando efectos retroactivos contrarios al artículo 14 constitucional; transgresión al Estado de Derecho: Se desconoce la existencia de derechos adquiridos y resoluciones firmes, vulnerando el principio de cosa juzgada; afectación al principio de progresividad; se reducen derechos laborales previamente otorgados, en contravención al artículo 1° constitucional”.
Los profesionales del Derecho coincidieron en señalar que esta reforma constitucional tiene un impacto directo a la dignidad humana, pues se menoscaban condiciones de vida de personas que dedicaron décadas de servicio al Estado. “Sostenemos que la justicia social no puede construirse sobre la afectación de derechos previamente reconocidos”, sentenciaron.
En Morelos está a punto de consolidarse el Instituto de Pensiones y Jubilaciones para quitarle el monopolio de las autorizaciones para retirarse del trabajo activo de los trabajadores del Estado. Recientemente se filtró un documento según el cual se propone disminuir los montos económicos y éstos sean pagados a través de la Unidades de Medición (UMAs) y no en salarios mínimos, bajo descuentos de retiro a la base laboral durante su estancia en el servicio público.
Además, establece quitar el 50 por ciento a quienes obtuvieron su jubilación de 10 años a la fecha, bajo el sustento de evitar el colapso financiero del gobierno estatal.
Supuestamente el Poder Ejecutivo propuso a los coordinadores parlamentarios y al presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, apresurar dicha reforma Constitucional para que, a su vez, los ayuntamientos la saquen y antes del mes de octubre este publicada en el Periódico Oficial «Tierra y Libertad»
Por si fuera poco, pidió al Congreso local aprobar algunas adiciones de ley, que impidan el amparo de los trabajadores de base del gobierno estatal y los ayuntamientos ejercer su derecho Constitucional de solicitar el amparo ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Contrario a lo que ocurre a nivel nacional, el proyecto en mención deja incólumes las pensiones de por vida a exgobernadores y sus esposas, que son las mismas prestaciones sociales y salario que tenían en activo y que hoy reciben Jorge Morales Barud, la esposa de Jorge García Rubí, Sergio Estrada Cajigal, Marco Antonio Adame Castillo, Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco Bravo, excepto Jorge Carrillo Olea por destitución del Legislativo. Lo anterior, según publicaciones difundidas en diversos portales y redes sociales.
La difusión del multicitado documento “alborotó” a los trabajadores pensionados del Poder Judicial que últimamente son los que están más activos en la defensa de sus derecho, tanto que el periodista que lo filtró, José Montes, tuvo que mandar un “adendum” a su publicación de Twitter, aclarando que “el documento en el que se basó la publicación está fechado el 9 de junio, está integrado por 19 páginas y contiene propuestas dirigidas al Congreso; sin embargo, no cuenta con sello de recibido, por lo que podría corresponder a un borrador de trabajo”.
Lo cierto es que hay inconformidad entre los miles de trabajadores pensionados y jubilados del estado de Morelos, ya que después de disfrutar durante años de sus pensiones que se ganaron como resultado de haber trabajado un mínimo de 18 años, hoy podrían ver reducidas sus percepciones económicas.
Y es que los mexicanos aguantamos lo que venga, pero cuando nos afecta el bolsillo, entonces sí salimos a la calle a defender lo que se considera derechos adquiridos intocables.
HASTA MAÑANA.