El nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Bucio Quiroz, no da entrevistas, no da resultados y tampoco acepta recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMOR) por violaciones a las garantías individuales, aunque hayan sido cometidas por sus antecesores. Al menos así ocurrió en el caso de dos expolicías (Pibas) que fueron despedidos por denunciar actos de corrupción.
“En razón de lo anterior, y dadas las circunstancias en que fue emitida la resolución que nos ocupa, esta dependencia no está en condiciones de aceptar la recomendación que nos atañe”, dice el oficio firmado por el encargado de despacho de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Rubén Esparza Espinoza, dirigido a Jessica Gorostieta Serrano, titular de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, con fecha dos de julio del 2026.
La Recomendación 036/2022 y su acumulada 061/2022 tiene su origen en las denuncias que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción, Yadira Gamboa Pereda y Raúl García Carrillo, señalando directamente al entonces director operativo de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA), Fidencio Pérez Morales como la persona que se estaba robando la gasolina asignada a las patrullas para sus vehículos particulares.
En lugar de sancionar al comandante, el entonces director general de la PIBA, Simón Cano Martínez, ordenó la destitución de Raúl García, argumentando pérdida de la confianza. Lo mandó sacar de las instalaciones de la PIBA con dos elementos armados custodiándolo.
Adicionalmente, el 26 de abril de 2022, Yadira Gamboa se presentó en el Centro Comercial denominado Averanda de Cuernavaca para desarrollar labores de seguridad y vigilancia, cuando un elemento adscrito a la entonces CES le entregó un memorándum firmado por el director general en el que se le informaba sobre un cambio de adscripción y debía cubrir su servicio en el sector operativo de la delegación zona oriente, en la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla.
Mientras era trasladada en la patrulla, la mujer policía transmitió un video en vivo denunciando que estaba siendo trasladada a un servicio que le quedaba muy retirado de su domicilio, lo que le representaba el pago de cuatro pasajes diariamente.
Posteriormente, fue interrogada por la entonces directora de Asuntos Internos de la CES, Merary Pimentel, frente a cuatro elementos con armas largas. La funcionaria le reprochó el que hubiera difundido ese video que —dijo— molestó mucho al vicealmirante Antonio Ortíz Guarneros.
Tras analizar los expedientes y las pruebas recabadas, la CDHM determinó que existieron conductas contrarias a la normatividad que regula la actuación policial, lo que derivó en afectaciones a los derechos fundamentales de las víctimas. Además de señalar la responsabilidad institucional, el organismo destacó que las investigaciones internas no fueron suficientes para esclarecer y sancionar oportunamente las irregularidades detectadas, lo que favoreció un ambiente de impunidad.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) emitió la Recomendación 036/2022 y su acumulada 061/2022, en la que concluyó que personal de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA), así como de la entonces Comisión Estatal de Seguridad Pública, incurrió en violaciones a los derechos humanos de dos personas identificadas como V1 y V2, al transgredir su derecho a la legalidad, la seguridad jurídica y el debido proceso.
El organismo acreditó que los hechos fueron consecuencia de actuaciones irregulares de elementos policiales y de deficiencias en los mecanismos internos de supervisión e investigación, por lo que dirigió la recomendación tanto a exfuncionarios como a los actuales titulares de la corporación y del área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.
Como parte de la recomendación, la Comisión solicitó que las víctimas reciban una reparación integral del daño conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, pidió que se inicien o continúen los procedimientos administrativos y, en su caso, las investigaciones penales correspondientes para deslindar responsabilidades individuales de los servidores públicos involucrados.
El documento también exhorta a fortalecer los mecanismos de control interno de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, implementar programas de capacitación en derechos humanos para su personal, revisar los protocolos de actuación policial y adoptar medidas que garanticen que hechos similares no vuelvan a repetirse. La CDHM subrayó que las corporaciones de seguridad tienen la obligación de actuar con estricto apego a la Constitución y a los principios de legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, el pasado 2 de julio, el encargado de despacho de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rubén Esparza Espinoza, dirigió un oficio a la titular de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Jessica Estefanía Gorostieta.
En el documento, la SSPC (antes CES), argumenta que “esta autoridad se encuentra jurídicamente imposibilitada para dar cumplimiento a los puntos recomendatorios que impliquen actuaciones directas en relación a los ex servidores públicos que fungieron como director general de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, así como la directora general de Asuntos Internos, debido a que no existe actualmente vínculo administrativo o jurídico que permita imponer medidas disciplinarias, instruir procedimientos administrativos o exigir el cumplimiento de obligaciones derivadas del servicio público”.
“Por cuanto a la valoración de las pruebas exhibidas por los quejosos no resultan suficientes para acreditar la existencia de las supuestas violaciones a derechos humanos que se le atribuyen a ex servidores públicos de esta Secretaría, ya que de las mismas se desprende que las actuaciones administrativas fueron realizadas conforme a las atribuciones legales que les fueron conferidas dentro del marco normativo aplicable”.
Agrega que, “esta autoridad considera que en todo momento existieron mecanismos administrativos y legales al alcance de los quejosos para controvertir los actos que estimaran pertinentes, por lo que no se vulnera el derecho a la tutela administrativa efectiva”.
Por lo anterior, el general José Luis Bucio Quiroz no acepta la primera recomendación que le hace la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Mala señal.
HASTA MAÑANA.