Los tribunales existen para resolver controversias; los medios de comunicación, para informar sobre ellas. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia ambas funciones parecen confundirse. Lo que debería discutirse en un expediente judicial termina convirtiéndose en una conferencia de prensa, una transmisión en redes sociales o una batalla de declaraciones cuyo único resultado visible es el deterioro de la vida privada de quienes alguna vez decidieron formar una familia.
El caso protagonizado por el empresario Aristóteles Martínez Mondragón, y su exesposa, Gabriela Estrada, es un ejemplo de esa preocupante tendencia. La semana pasada, Estrada hizo públicas acusaciones en las que afirmó haber sido víctima de diversas formas de violencia durante su matrimonio. Esta semana, Martínez Mondragón respondió con la misma contundencia, negando categóricamente cada uno de esos señalamientos y asegurando que se trata de afirmaciones falsas, sin sustento jurídico ni probatorio.
El empresario sostiene que fueron precisamente las circunstancias vividas durante la relación las que lo llevaron a solicitar la disolución del matrimonio y que los juzgados le otorgaron la custodia y tutela de sus tres hijos. Afirma que ha preferido no revelar aspectos íntimos de la relación por respeto a los menores, quienes —asegura— podrían enterarse del conflicto a través de los medios de comunicación o las redes sociales.
Su defensa legal va todavía más lejos. Las abogadas del empresario, Naybí Ríos y Sugey Sotelo, afirman que Gabriela Estrada enfrenta procedimientos penales y familiares relacionados con presuntos actos de violencia y otros conflictos familiares. También sostienen que la autoridad judicial otorgó la custodia de los menores debido a situaciones de violencia psicológica y física que, según ellas, afectaron a los hijos de la pareja.
Añaden que la mujer promovió diversos incidentes dentro del juicio de divorcio para reclamar una pensión compensatoria equivalente al 45 por ciento de los ingresos de Martínez Mondragón, además de una compensación económica mensual vitalicia de 200 mil pesos, e incluso aseguran que en algún momento solicitó 20 millones de pesos para poner fin al conflicto.
La defensa penal del empresario también sostiene que existen elementos para considerar que algunas de las conductas atribuidas a Gabriela Estrada podrían configurar delitos como la extorsión, al señalar que, tras concluir un convenio económico entre ambas partes, comenzaron amenazas y actos de hostigamiento que dieron origen a una nueva denuncia penal.
“Pareciera que hay una moda donde las mujeres salen a decir los hombres me golpean, basta su dicho para poner en tela de juicio ante los medios de comunicación, ante la opinión social, la honorabilidad de los hombres. En este caso en especial, donde estamos hablando de Aristóteles (Martínez), un empresario, no existe una sola prueba de violencia de su persona hacia la persona de Gabriela”, afirmó Naybí Ríos, una exagente del Ministerio Público que se ha especializado en defender a hombres acusados de violencia familiar.
Del otro lado permanece la versión de Gabriela Estrada, quien sostiene que fue víctima de violencia y que sus denuncias obedecen a hechos ocurridos durante la relación matrimonial. Será responsabilidad de las autoridades determinar cuál de las dos narrativas encuentra respaldo en las pruebas y cuál carece de él. En un Estado de derecho, ninguna acusación debe convertirse automáticamente en sentencia, pero tampoco ninguna defensa puede asumirse como verdad absoluta antes de que hablen los jueces.
A todo lo anterior hay que agregarle un ingrediente muy interesante: la disputa legal entre dos empresarios que alguna vez fueron socios y hoy son enemigos. Sí, Aristóteles Martínez y Javier Ortuño, alguna vez fueron dueños del restaurante “Emilia”, ubicado en la zona más exclusiva de Cuernavaca.
Según el primero, en 2023 aceptó inyectarle recursos al proyecto gastronómico con la idea de obtener dividendos y recuperar su inversión, pero al paso del tiempo detectó irregularidades en el manejo administrativo, por lo que le expresó a Ortuño su deseo de terminar la relación comercial, y la exigencia de que le pagara, si no las ganancias, sí el dinero que aportó.
“El que la conferencia de prensa de la semana pasada se haya verificado en el Restaurante Emilia no es un hecho casual. Mi exsocio ya me había advertido que tendría a mi exesposa de su lado, y esta es la prueba, porque incluso auspició el encuentro con los medios de comunicación, como una forma de desprestigiarme”, dijo.
Lo verdaderamente preocupante es que, mientras los expedientes avanzan lentamente en los tribunales, la sentencia social suele dictarse en cuestión de horas. Cada conferencia de prensa, cada publicación en redes sociales y cada entrevista alimentan una confrontación que deja de ser jurídica para convertirse en un espectáculo público. La presunción de inocencia, el debido proceso y hasta la intimidad familiar terminan desplazados por la necesidad de ganar la batalla de la opinión pública.
Pero hay una víctima silenciosa que rara vez ocupa los encabezados: los hijos. Son ellos quienes escuchan las acusaciones cruzadas, quienes algún día leerán las publicaciones, quienes ven a sus padres convertir sus diferencias en un asunto de interés público. No importa quién tenga finalmente la razón en los tribunales; el daño emocional que provoca crecer en medio de una guerra mediática difícilmente podrá repararse con una sentencia.
El interés superior de la niñez no puede convertirse en una frase de ocasión ni en un argumento utilizado sólo cuando conviene. Debe ser el principio que oriente cada decisión, incluso cuando el resentimiento, el enojo o el deseo de venganza parezcan más fuertes. Ninguna disputa económica, ninguna diferencia personal y ninguna estrategia jurídica justifican exponer a los hijos al escrutinio público ni utilizarlos, directa o indirectamente, como piezas de una confrontación.
Porque cuando una pareja convierte sus diferencias en un espectáculo, quizá alguno gane la batalla mediática. Pero casi siempre pierde la familia. Y quienes pagan el costo más alto son precisamente aquellos que nunca eligieron formar parte del conflicto: los hijos.
HASTA MAÑANA.