El escándalo de la hoy expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei y el empresario Alfredo Hernández Casillas, trajo al escenario político el recurrente conflicto de intereses por la relación sentimental entre una persona que tiene el poder económico, y otra que tiene el poder de decisión, lo que forzosamente nos lleva a la pregunta: ¿Cuántas Taddei quedan en instituciones gubernamentales a nivel nacional? Y la otra todavía más comprometedora: ¿cuántos conflictos similares tendremos en el estado de Morelos?
Hay antecedentes en México de funcionarias públicas señaladas por mantener relaciones sentimentales con personas que tenían vínculos comerciales con las instituciones donde ellas trabajaban. Sin embargo, conviene hacer una distinción importante: una cosa es que esté documentada una relación sentimental y otra que se haya demostrado que la funcionaria benefició a su pareja mediante contratos públicos.
En el caso de Guadalupe Taddei, hoy expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), las publicaciones periodísticas se refieren a su presunta relación personal con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con compañías proveedoras de materiales electorales. La investigación periodística también cuestionó adjudicaciones y contrataciones relacionadas con esas empresas. Taddei rechazó los señalamientos sobre favoritismos y defendió su actuación.
Pero no es el primer caso. María Cristina Prado Castañeda se desempeñaba como coordinadora técnica administrativa del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). En agosto de 2022 se informó que el órgano interno de control investigaba si había favorecido mediante contratos a su pareja sentimental, Benjamín Joaquín Guzmán Escorcia, quien también trabajaba en esa área de la institución.
La investigación periodística señala que en 2021 se adjudicaron dos contratos a Guzmán Escorcia y a otro prestador de servicios, y que posteriormente ambos fueron incorporados a la plantilla laboral de Banobras. La nota indicó que el procedimiento administrativo seguía abierto en ese momento, y aunque no se hizo tan viral como el caso Taddei, sí dejó en claro que no es bueno mezclar la nómina con la cama.
En un caso similar, el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, y su pareja Julia Abdala Lemus, generó controversia por la existencia de empresas relacionadas con ella y sus vínculos con actividades económicas de interés público. Sin embargo, se trata de un funcionario hombre y de una situación distinta: la Secretaría de la Función Pública informó en 2019 que no había encontrado conflicto de interés atribuible a Bartlett en los hechos que investigó.
Pero sin duda que el romance más recordado fue el de la entonces jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga, y el empresario Carlos Ahumada. Ahumada comenzó a obtener contratos de obra pública en delegaciones gobernadas por el PRD. Ambos adquirieran relación entre ambos adquiriera una dimensión política y económica: el empresario tenía intereses comerciales en administraciones encabezadas por integrantes del partido que dirigía su pareja.
Robles reconocería posteriormente que había cometido el error de mezclar su vida personal con la política. Ahumada también admitiría, en su libro Derecho de réplica, que combinar sentimientos y negocios había sido un grave error.
“Me ganó el corazón” habría sido la frase con la que intentó justificarse Rosario, y que seguramente también usará en algún momento Guadalupe Taddei.
Pero igualmente es el cliché perfecto para cualquier funcionario o funcionaria que mezcle las relaciones personales con el uso de los recursos públicos.
Todos estamos de acuerdo en que las relaciones sentimentales y/o sexuales es un tema que sólo le interesa a la pareja. Sin embargo, cuando esa relación comienza a influir en el trabajo, entonces ya no es un asunto privado.
Y aquí ya no hablamos solamente de mujeres funcionarias y proveedores a nivel federal, sino de cualquier relación que involucre a personas que tiene las facultades de decidir a quién puede beneficiar, en cualquiera de los tres niveles de gobierno. Puede ser hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre o mujer-mujer.
Para no ir más lejos, tenemos el caso de quien fuera funcionario de la Coordinación de Movilidad y Transporte, Anastacio Solís Lezo, a quién cacharon dándole un beso a una de sus subordinadas mucho más joven que él. El beso y la diferencia de edades fue lo de menos, el problema que causó su salida fue que se supo que tenía a varios miembros de la familia de la joven en la nómina.
Es un “secreto a voces” que quien podría seguir la misma suerte (aunque lo pudieran disfrazar como una salida “para irse a las campañas electorales”) es el subsecretario de Gobierno y columnista del periódico Lo de Hoy Morelos, Miguel Ángel Pelaez, ya que en varias ocasiones lo han buscado para que acuda a resolver conflictos sociales —que es su trabajo— y no lo encuentran porque anda en labores de conquista.
Hay otra pareja, ésta de la comunidad LGTB+, cuya fortuna sube como la espuma y que cada vez cuidan menos las formas.
Y por si fuera poco, también tenemos a alcaldesas que han aceptado regalos tan caros como los de la expresidenta del INE, y que a cambio han beneficiado a esos pretendientes con millonarios contratos o concesiones de servicios.
O como el caso de la síndica de Cuautla, Nancy Echeverría, que ella era la que tenía la representación de alcaldesa interina, pero quien decidía todo era su marido, el abogado Oscar Díaz.
Así que el llamado es a todos, todas y todes, para que cuiden su comportamiento y sus relaciones personales, porque en cualquier momento pueden aparecer en una portada de Reforma o un reportaje de Latinus.
Luego no digan que no se los advertimos.
HASTA MAÑANA.