Jesús Castillo
Colombia y México son dos países que comparten muchas cosas, no sólo el mismo idioma, la música y la comida, sino que -desafortunadamente- también enfrentan problemas similares por cuanto a delincuencia se refiere, pues la historia nos demuestra que los capos mexicanos se surtían en Medellín y Cali hasta hace unos años, y ahora las grandes organizaciones colombianas están iniciando sus negocios en nuestro país, ya sea con los préstamos conocidos como «gota a gota», y la trata de mujeres disfrazada de «table dances» y servicios de «scorts» vía internet.
Escribimos la presente columna desde Cartagena, Colombia, donde atestiguamos el Congreso Internacional de (combate a la) Delincuencia Organizada y Lavado de Activos, que organizan conjuntamente la Universidad del Sinu y la Universidad de Ciencias Jurídicas del Estado de Morelos que encabezan los hermanos Cipriano y José Sotelo Salgado, bajo la batuta de la ex fiscal anticorrupción Andrea Castellanos, quien ya estuvo en Cuernavaca hace un par de años para dictar una ponencia en la UCJ.
Ayer por la mañana fue la inauguración a cargo del gobernador del Departamento de Bolívar, cuya capital es Cartagena, Vicente Antonio Blel Scaff, quien reconoció que actualmente su estado está sufriendo el flagelo de la delincuencia organizada, ya que por un lado está la siembra de la materia prima del principal enervante y por otro por la disputa entre grupos para tener el control de la venta y distribución en los 46 municipios que conforman este departamento donde viven poco más de dos millones de personas.
«Por eso consideramos importante que, desde la academia, se realicen este tipo de eventos para intercambiar las experiencias exitosas de Colombia y de México», comentó el gobernador Blel Scaff luego de dar la bienvenida a la delegación mexicana.
Por su parte, el rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas, Cipriano Sotelo, dijo que la idea de participar en este tipo de eventos de corte internacional, es precisamente porque en México tenemos problemas muy similares y se busca intercambiar escenarios para ir construyendo políticas públicas en beneficio de la sociedad.
La primera conferencia corrió a cargo del doctor en Derecho Enrique del Río González, quien habló sobre «El ejercicio de la defensa en la indagación de procesos penales contra la delincuencia organizada», en la que explicó que, a partir de los atentados contra las Torres Gemelas, el gobierno de Estados Unidos ha considerado que hay individuos que son «enemigos públicos de la sociedad mundial», y que son aquellos que se dedican al terrorismo en todo el mundo.
A partir de ese momento, hay una tendencia a nivel mundial de disminuir o restringir las garantías individuales cuando se trate de circunstancias especiales, y a esto se le llama «Derecho del Enemigo Público».
«Es un hecho que aplicando derecho del enemigo se permite en algunas latitudes incluso la tortura y hay una flexibilización en las autorizaciones para interceptar teléfonos, dándose también ataques discriminatorios, todo con la justificación de prevenir ataques al Estado», advirtió.
Dijo que, por ejemplo en Colombia, los juicios para la extinción de dominio son bastante rigurosos, de tal manera que una persona puede ser despojada de todos sus bienes, incluso sin haber sido vencido en juicio. «Esa ley está hecha diseñada para golpear las finanzas de las estructuras criminales, pero golpeando las estructuras criminales también se cometen muchas arbitrariedades y ahí está donde está el peligro porque no siempre se procesa a los responsables», acotó.
Tan «derecho penal del enemigo» es, que ya en el aspecto procesal concreto, la Corte Suprema (de Colombia) ha dictado una amplia jurisprudencia diciendo que la existencia de grupos armados al margen de la ley es un «hecho notorio», lo que quiere decir que releva a la Fiscalía de probar la existencia del grupo.
Recordó que el pasado dos de julio el gobierno de Colombia emitió un decreto mediante el cual se crea el delito de «asesoramiento a grupos delictivos», o sea que los abogados colombianos están en peligro cuando defiendan o asesoren a una persona señalada de pertenecer a alguno de estos grupos. Si bien es cierto que exceptúa de este ilícito la contratación de la «defensa técnica», también lo es que deben comprobar el origen lícito de los recursos con los que le está pagando al litigante.
En esta nueva ley que está vigente en Colombia desde julio pasado, es la obligación de las centrales telefónicas de monitorear todas las llamadas que salgan y entren de los centros penitenciarios del país, así como proporcionar a la autoridad toda la información que les soliciten. De esa manera se busca evitar algo que ocurre tanto en Colombia como en México: la utilización indiscriminada de equipos de comunicación telefónica. Allá también operan bandas de extorsionadores vía telefónica, e incluso hay capos de la delincuencia que están purgando condenas en algún centro penitenciario, y desde ahí controlan toda una red de delincuentes para el tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros y trata de personas.
La historia reciente nos ha demostrado que lo que sucede en Colombia, pasará también en México años después. Ellos tuvieron su Pablo Escobar Gaviria, nosotros nuestro «Chapo» Guzmán; allá los grandes capos tuvieron el control de la política, nosotros también comenzamos ya a tener nuestros narco-diputados y narcos-senadores.
Esa circunstancia debería alertar a quienes se dedican a planear políticas públicas para prevenir el delito a gran escala, y atacar los problemas antes de que se conviertan en una mafia incontrolable. Esperamos que, al término de este Congreso Internacional de Delincuencia Organizada, podamos tener ya algunos tips para llevárselos a los diputados locales, federales y senadores, para que elaboren sus iniciativas de Ley.
HASTA MAÑANA.