La llamada “austeridad republicana” encontró un nuevo enemigo: los jubilados. Y no precisamente aquellos que durante décadas vivieron del abuso del poder o de privilegios ilegítimos, sino miles de trabajadores que pactaron su retiro bajo reglas claras, aportaron durante toda su vida laboral y construyeron un patrimonio pensando en la vejez. Hoy, bajo el discurso de combatir los excesos, el Estado mexicano parece dispuesto a romper uno de los principios jurídicos más importantes de cualquier democracia: la certeza de que la ley no puede aplicarse retroactivamente para perjudicar derechos ya adquiridos.
La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para limitar las llamadas “pensiones doradas” avanza con rapidez en un Congreso dominado por el oficialismo. La narrativa política es poderosa: nadie quiere defender abusos ni pensiones millonarias financiadas con recursos públicos. El problema comienza cuando el discurso deja de distinguir entre privilegio y derecho adquirido. Porque una cosa es impedir que en el futuro se otorguen jubilaciones desproporcionadas y otra muy distinta modificar las condiciones de quienes ya se retiraron bajo un régimen legal previamente establecido.
México ya había transitado antes por profundas reformas pensionarias sin violentar el principio de no retroactividad. El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de 1992 no afectó a quienes ya estaban pensionados. Las AFORES en 1997 tampoco. Incluso las modificaciones impulsadas en 2014 para trabajadores de Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos respetaron derechos previamente consolidados y aplicaron únicamente hacia el futuro. Esa había sido, hasta ahora, la línea jurídica y política del Estado mexicano: cambiar las reglas para los nuevos trabajadores, no para quienes ya habían cumplido con las anteriores.
Por eso preocupa el precedente que hoy se pretende construir. Porque detrás del discurso moralizador aparece una realidad inquietante: el gobierno federal cuenta con mayoría legislativa, una oposición debilitada y un Poder Judicial que fue reconfigurado políticamente durante el sexenio anterior. En otras palabras, existen condiciones para que el Estado haga algo que antes parecía jurídicamente impensable: reducir ingresos de personas ya jubiladas mediante una reforma constitucional y administrativa aplicada de forma retroactiva.
La propia presidenta justificó la medida señalando que existen altos mandos “a los que se les siguen pagando altísimas pensiones” y que el recorte permitiría recuperar alrededor de cinco mil millones de pesos para programas sociales. La cifra, sin embargo, merece ponerse en perspectiva. El gasto total del Presupuesto de Egresos de la Federación supera actualmente los nueve billones de pesos. Es decir, el ahorro estimado representa apenas una fracción mínima del gasto público nacional. Aun así, el costo jurídico y social podría ser enorme.
Porque la discusión pública se ha manipulado cuidadosamente. Primero se habló de pensiones de un millón de pesos mensuales. Después, el universo de afectados comenzó a ampliarse hasta incluir jubilaciones de alrededor de 71 mil pesos mensuales. En un país donde la pensión promedio ronda apenas los siete mil pesos, cualquier cifra superior se convierte rápidamente en blanco del resentimiento social. La estrategia política funciona: dividir a la población entre quienes “tienen demasiado” y quienes “no tienen nada”. Pero esa comparación omite deliberadamente un detalle fundamental: esas jubilaciones no fueron regalos. Fueron contratos laborales construidos durante décadas mediante aportaciones patronales y del propio trabajador.
Cuando una institución pública ofrece determinadas condiciones de retiro, está obligada a crear reservas financieras para cumplirlas. El trabajador organiza su vida alrededor de esa expectativa. Compra una casa, mantiene a su familia, renuncia a oportunidades privadas y soporta jornadas extenuantes pensando en que, al final de su carrera, tendrá un retiro digno. Muchos de esos funcionarios pasaron décadas sometidos a estrés permanente, enfermedades cardiovasculares, sedentarismo y desgaste emocional. Algunos incluso sacrificaron estabilidad familiar por cumplir responsabilidades públicas. Ahora, cuando finalmente alcanzaron la jubilación prometida, el Estado pretende decirles que las reglas cambiaron.
El argumento moral tampoco resiste demasiado análisis. Si realmente el objetivo fuera mejorar las pensiones de los mexicanos, el debate estaría centrado en cómo elevar los ingresos de quienes reciben menos, no en reducir los de quienes lograron más. México enfrenta una crisis pensionaria real: millones de trabajadores tendrán pensiones insuficientes debido a la informalidad laboral, bajos salarios y escasa capacidad de ahorro. Pero en vez de construir un sistema más sólido, competitivo y productivo, el gobierno opta por redistribuir políticamente el descontento.
El artículo 14 de la Constitución mexicana es claro al prohibir la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. Ese principio no es un tecnicismo jurídico ni un privilegio elitista: es una garantía básica de seguridad para todos los ciudadanos. Sin él, cualquier gobierno podría modificar contratos, derechos laborales o patrimonios adquiridos conforme a intereses políticos coyunturales. Hoy son las pensiones altas; mañana podría ser cualquier otro derecho incómodo para el poder.
Y el fenómeno ya comenzó a reproducirse en los estados. En Morelos, el gobierno estatal anunció recortes a salarios y pensiones consideradas excesivas, generando protestas sindicales. En el Estado de México se incrementó la edad de retiro de trabajadores públicos, aunque al menos sin afectar a quienes ya estaban jubilados. La lógica de la austeridad se expande rápidamente porque políticamente resulta rentable: castigar percepciones altas genera aplausos inmediatos, aunque jurídicamente abra puertas peligrosas.
La discusión de fondo no debería ser si existen o no abusos. Claro que los hay. El verdadero debate consiste en determinar si un Estado democrático puede desconocer derechos previamente adquiridos bajo el argumento de la justicia social. Porque cuando el gobierno rompe unilateralmente las condiciones que él mismo pactó, deja de ser garante de derechos para convertirse en administrador de conveniencias políticas.
La nueva moda ya está en marcha: reducir, limitar y recortar. Ojalá algún día también se ponga de moda construir instituciones eficientes, hospitales dignos, sistemas de retiro sostenibles y servicios públicos que justifiquen los impuestos que pagan millones de mexicanos. Porque destruir derechos adquiridos siempre será más fácil que crear prosperidad.
HASTA MAÑANA.