La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandra Pani Barragán, definió así la nueva política en materia de transparencia: “Nosotros estamos apostando primeramente a la coordinación, al diálogo; vamos a tener reuniones cada mes, si ellos (los sujetos obligados) cumplen con toda la información que por obligación tienen que subir el ciudadano no tendría por qué estar pidiéndoles información. Ahora, hay que poner en la mesa que hay datos protegidos, si un ciudadano pide datos protegidos pues no se los podemos dar”.
En la presentación del nuevo órgano que habrá de sustituir al desaparecido Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Pani Barragán sostuvo que “Transparencia para el Pueblo es un desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, entonces van a manejar su autonomía. A la Secretaría se le queda una Dirección de Protección de Datos. Con eso creo que blindamos que totalmente se dé esa autonomía en este nuevo órgano”, acotó.
La legislación federal mantiene el discurso de garantizar el derecho humano de acceso a la información y reconoce que toda información en posesión del Estado es pública, salvo excepciones legales. Sin embargo, el nuevo esquema sustituye al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) por “Transparencia para el Pueblo”, un órgano desconcentrado sectorizado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno federal.
El decreto de Morelos —publicado apenas el 6 de mayo pasado— reproduce prácticamente el mismo diseño institucional: el órgano desconcentrado queda subordinado administrativamente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno estatal, lo que implica que la autoridad garante deja de ser completamente independiente del Ejecutivo.
Ahí surge el principal debate jurídico y político. Bajo el modelo anterior, organismos como el INAI o el IMIPE contaban con autonomía constitucional y patrimonio propio, lo que les permitía resolver controversias contra el propio gobierno sin subordinación jerárquica. El nuevo modelo, tanto federal como estatal, sostiene que existe autonomía técnica, pero no autonomía constitucional.
En términos prácticos, esto significa que el Ejecutivo controla presupuesto, estructura administrativa y nombramientos estratégicos. Diversas organizaciones civiles y especialistas han señalado que ello podría debilitar el principio de máxima publicidad y convertir al gobierno en “juez y parte” respecto de la información pública.
Según la secretaria Anticorrupción (antes Contraloría) los 120 sujetos obligados serán tan transparentes que no habrá necesidad de que los ciudadanos pidan información. Eso sí, si lo que piden es considerado “dato protegido”, ni yendo a bailar a Chalma (eso no lo dijo ella, pero así lo entendimos) se lo darán.
Ahí está el quid del asunto: mientras que en el anterior sistema cinco expertos en la materia resolvían si tal dato debía mantenerse en secreto o hacerse público, ahora será sólo una persona la que decidirá si la información solicitada debe ser conocida por la sociedad o al contrario, clasificarse como confidencial.
Y en ese sentido, la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, es muy clara al establecer que se podrá reservar la información cuya publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social. Pero… ¿Quién definirá qué información atenta contra la paz social?
En el supuesto caso de que un ciudadano solicite una información y que “Transparencia para el Pueblo” considere que se trata de información clasificada como confidencial, la persona podrá recurrir a la Justicia Federal mediante el recurso de amparo, y cuando llegue al Juzgado de Distrito lo estará esperando uno de esos llamados “jueces del Bienestar” que llegaron al cargo por estar inscritos en un “acordeón” y que tienen como encomienda parar a todos esos ciudadanos incómodos. Jurídicamente el asunto puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, donde lo estarán esperando “los ministros del pueblo” para “darle palo”, como dicen coloquialmente los abogados.
Luego entonces, lo primero que se tiene que hacer es definir qué es un dato protegido y qué es información pública, para no estar perdiendo el tiempo haciendo solicitudes de información.
Porque si atendemos al criterio del tesorero del municipio de Emiliano Zapata, José Reynolds Quiñones (hoy coordinador administrativo del Órgano de Administración de Justicia) entonces todas las facturas son “información sensible y confidencial” que debe ser protegida.
Entonces sí tiene razón el gobierno en reducir de 27 millones a sólo cinco millones el presupuesto asignado a la Transparencia, pero que no nos vayan a querer presumir que la presente administración está a la vanguardia en este rubro.
Al contrario, es innegable que hay un retroceso en materia de transparencia. Basta con ver sus páginas oficiales de internet de las diferentes Secretarías, donde fue suprimido el apartado denominado historial laboral (Directorio | Secretaría de Desarrollo Sustentable) de los servidores públicos.
Por principio de cuentas, no hay información oficial de la recién designada directora general del Órgano Transparencia para el Pueblo, Alejandra Fernández Hernández. Si usted quiere saber quién es ella, búsquela en Youtube y encontrará una interesante entrevista que le hicieron en un programa en Costa Rica, donde ella narra cómo estudió su licenciatura en Ciencias Administrativas a distancia mientras trabajaba en una institución bancaria. Es experta en “Nearshoring”.
Pero del requisito número cinco, (“tener conocimientos y experiencia en la materia debidamente comprobable”), no se ve por ningún lado.
Por cierto, aunque el nombramiento de la titular del nuevo órgano se dio a conocer el pasado lunes, hace cinco semanas ya lo había anunciado el encargado de Anticorrupción y Buen Gobierno de Jiutepec, David Sánchez Apreza, quien publicó en su cuenta de Instagram lo siguiente:
“En Morelos se extinguió el instituto de transparencia (IMIPE). En su lugar se creó Transparencia del Pueblo de Morelos a cargo de la Dra. Alejandra Fernández Hernández. Le vamos a dar todo el apoyo que podamos para que su gestión sea exitosa”.
HASTA MAÑANA.