Confirmado: el General José Luis Bucio no quiere saber nada de la prensa y por eso pidió que se recurra a un mecanismo de comunicación que se ha utilizado en diversas instituciones de otras entidades y a nivel nacional: la vocería. A partir de hoy, la única persona autorizada para dar información sobre seguridad pública en este estado se llama Sara Olivia Parra Téllez, y no es comunicóloga ni periodista, sino licenciada y maestra en Derecho.
La figura de “La Vocería” se ha utilizado en México como un mecanismo de comunicación institucional para centralizar mensajes, fijar posturas oficiales y administrar crisis políticas, sanitarias o de seguridad. Sus resultados han sido diversos: en algunos casos fortaleció la coordinación informativa; en otros, terminó asociada con opacidad, propaganda o concentración excesiva del discurso público.
En Morelos se intentó hacer durante el sexenio de Graco Ramírez, quien designó a Jacaranda Mojica como “vocera oficial de Seguridad y Justicia”. En la práctica, la hermana del ex diputado federal Alejandro Mojica sólo se dedicaba a leer boletines, y como ella era la única autorizada para dar información, el procurador y la secretaria de Seguridad tenían prohibido dar entrevistas “banqueteras”.
“La política del silencio”, tituló Max Cerdio una fotografía donde se observaba a la vocera sosteniendo entre sus manos un boletín.
En ese tiempo —finales del 2013— un grupo de reporteros y corresponsales hablaron con el único que se prestaba al diálogo: el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer.
“No queremos privilegios. Queremos que emitan información oficial, sino para qué tienen una vocería que además cuando queremos hablar con ella se mete corriendo y dice que no va a dar declaraciones. No queremos una explicación, queremos que nos diga por qué no se está emitiendo información”, le dijo Nora Bucio, entonces corresponsal de MVS Noticias.
Nadie supo la fecha exacta en que dejó de operar la vocería de Graco, simplemente se dejó de mencionar.
En los últimos años, a nivel nacional, ha habido varios casos de éxito de las vocerías. Uno de los ejemplos más visibles fue la vocería sanitaria del gobierno federal durante la pandemia de COVID-19. La Secretaría de Salud designó al subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez como vocero oficial de la emergencia sanitaria. La estrategia permitió unificar mensajes técnicos mediante conferencias diarias transmitidas a nivel nacional. Durante meses, la vocería se convirtió en la principal fuente gubernamental sobre contagios, hospitalizaciones y medidas sanitarias.
No obstante, especialistas y organizaciones civiles han señalado que las vocerías de seguridad suelen privilegiar los éxitos operativos y minimizar indicadores negativos como desapariciones, extorsión o impunidad. También se ha cuestionado que la información se concentre en conferencias oficiales sin suficiente acceso a datos verificables.
En el ámbito estatal, varias fiscalías y secretarías de seguridad han implementado áreas de vocería institucional para controlar la comunicación sobre hechos violentos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México han utilizado voceros y conferencias conjuntas para informar sobre feminicidios, capturas relevantes y operativos especiales. Durante la pandemia, ambas dependencias enfrentaron críticas por la mortalidad de policías y personal ministerial, información que terminó conociéndose mediante solicitudes de transparencia y reportajes periodísticos más que por la propia vocería oficial.
También la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios utilizó una estrategia de comunicación institucional durante la intervención contra redes de corrupción internas encabezada por Alejandro Svarch Pérez. En ese caso, la vocería sirvió para construir una narrativa de “limpieza institucional” y recuperación regulatoria. La difusión pública de ceses y operativos fortaleció temporalmente la percepción de combate a la corrupción dentro de la agencia.
En algunos estados, las vocerías de seguridad llegaron a institucionalizarse formalmente. Tamaulipas, Veracruz y Michoacán implementaron vocerías únicas durante periodos de alta violencia para evitar versiones contradictorias entre policía, fiscalía y gobierno estatal. Aunque inicialmente ayudaron a coordinar mensajes, periodistas y organizaciones civiles denunciaron que varias terminaron funcionando como filtros políticos de información y mecanismos para reducir la cobertura de hechos violentos.
Uno de los casos más relevantes ocurrió en el vecino estado de Guerrero durante el gobierno de Héctor Astudillo Flores, cuando se creó una vocería específica para el llamado “Grupo de Coordinación Guerrero”, integrado por fuerzas estatales y federales de seguridad. En 2016 fue designado Roberto Álvarez Heredia como vocero oficial de ese grupo de coordinación. La función central era emitir información unificada sobre hechos violentos, operativos y estrategias de seguridad para evitar contradicciones entre corporaciones.
La creación de esta vocería ocurrió en un contexto particularmente delicado: el estado enfrentaba altos niveles de homicidios, presencia de grupos criminales y una fuerte presión mediática nacional por hechos como desapariciones, enfrentamientos armados y desplazamientos forzados. La administración estatal buscó que el vocero fuera la voz autorizada para informar sobre eventos de alto impacto, reduciendo filtraciones y versiones encontradas.
En Morelos hemos tenido secretarios de Seguridad Pública demasiado protagonistas (Cesáreo Carvajal, Alberto Capella, por citar algunos) y otros que quisieran trabajar totalmente en el anonimato. En esa última clasificación entran todos los militares como José Abraján Mejía (el que fuera su secretario particular me lo confirmó ayer); el General Menchaca, el General Toledano y el vicealmirante Ortiz Guarneros.
El último titular de Seguridad Pública, el licenciado en Administración, Miguel Ángel Urrutia Lozano, no era tan protagonista pero a muchos nos sorprendió su capacidad para hablar en público y contestar todas las preguntas de los reporteros.
El actual, José Luis Bucio, tendrá muchas condecoraciones en la milicia pero a leguas se le nota el pánico que le tiene a la prensa. Por eso entra al quite la “todo terreno” Sara Olivia Parra Téllez, a quien conocemos desde hace muchísimos años.
Sólo para que tenga una idea, Sara Olivia ha sido alcaldesa interina de Cuernavaca; procuradora del Menor y la Familia, Defensora de Oficio, Ministerio Público, directora jurídica de SAPAC, subsecretaria de Reinserción Social y orientadora en el programa de televisión de Rocío Sánchez Azuara.
HASTA MAÑANA.