A partir de las décadas de 1930 y 1940 comenzaron a establecerse en diversas ciudades de nuestro país colegios privados que adoptaban uniformes, jerarquías, desfiles, órdenes de mando y rutinas inspiradas en la disciplina castrense. Su objetivo no era formar soldados, sino ofrecer una educación considerada más estricta que la de las escuelas convencionales. Muchas de estas instituciones nacieron en un momento en que la disciplina, el nacionalismo y la educación cívica eran valores ampliamente promovidos por el Estado mexicano.
Aunque utilizaban grados, marchas, toques de corneta y ceremonias similares a las militares, jurídicamente eran escuelas privadas incorporadas a los sistemas educativos estatales o a la Secretaría de Educación Pública mediante el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), sin formar parte de la estructura de la SEDENA.
Durante la segunda mitad del siglo XX estas escuelas gozaron de una imagen asociada al orden, la disciplina y el civismo. Era común que participaran en desfiles patrióticos, ceremonias oficiales y concursos de bandas de guerra y escoltas. Muchas familias las elegían convencidas de que un ambiente disciplinado contribuiría al desarrollo del carácter y al mejor rendimiento académico de sus hijos.
Sin embargo, también comenzaron a documentarse denuncias sobre castigos físicos, humillaciones y métodos disciplinarios excesivos que recordaban prácticas militares ya abandonadas incluso dentro de las propias fuerzas armadas. Diversos especialistas en pedagogía y derechos humanos cuestionaron la conveniencia de trasladar esquemas castrenses a la educación de menores de edad.
Lo peor fue que en los últimos dos años ocurrieron igual número de casos en que alumnos fallecieron estando bajo la responsabilidad de un colegio militarizado.
El primero de ellos ocurrió en tierras morelenses. Erick Leonardo Terán Torbellín, un adolescente de 13 años que era alumno de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, institución privada ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, asistió a un campamento organizado por la academia en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, en la comunidad de Felipe Neri, del 23 al 25 de abril de 2025.
De acuerdo con la versión de la familia, Erick salió de su casa en buenas condiciones de salud y durante el campamento fue sometido a ejercicios físicos extenuantes, castigos y presuntos malos tratos. El 25 de abril, los organizadores notificaron a su madre que el menor se encontraba «un poco mal» y había sido trasladado a un hospital. Poco después le informaron que había fallecido. Cuando la familia vio el cuerpo, aseguró que presentaba múltiples lesiones, golpes y otras huellas de violencia que, a su juicio, eran incompatibles con una muerte por causas naturales.
Tras el fallecimiento comenzaron a surgir testimonios de otros alumnos que participaron en el campamento. Varios de ellos afirmaron que Erick habría sido obligado a continuar con las actividades físicas a pesar de mostrar signos de agotamiento, que recibió castigos y que incluso fue privado de agua.
El 10 de mayo de 2025, la Fiscalía de Morelos informó la ejecución de órdenes de aprehensión contra Angélica «N» y Juan Carlos «N», instructora y director de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, respectivamente, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del menor. Al día siguiente, un juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.
Pero “la gota que derramó el vaso” fue el caso de Dafne Zapata Quintos Martínez, de 13 años, quien falleció el 16 de julio de 2026 durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La academia informó inicialmente a la familia que la menor se había desvanecido en las regaderas, pero la necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.
Como resultado de las investigaciones fueron detenidos el director de la academia, Jorge Luis Ponce Ortega, la encargada del área femenil, Estrellita Mora Díaz, y una instructora auxiliar, quienes enfrentan un proceso penal por su presunta participación en los hechos, bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
A raíz de este último caso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó que, a partir del ciclo escolar 2026-2027, ninguna institución educativa privada pueda operar bajo las denominaciones «militarizada», «militar», «castrense» o cualquier otra similar.
La medida pasó a perjudicar a una institución educativa que en mayo pasado cumplió 81 años de existencia: el Colegio Militarizado “Cristóbal Colón”, hasta hoy ubicado en la avenida Morelos. Fundado en 1945 por el sacerdote Armando Vargas Caraza, de este colegio han salido destacadas personalidades de la política y el sector empresarial. A la muerte de su fundador, en 1985, fue su sobrino Pablo Vargas quien tomó las riendas del Colegio, pero tuvo que venderlo en 1995 por problemas económicos.
Lo adquirió el empresario Ovidio Noval Nicolau, quien logró estabilizarlo económicamente e incluso fundó la sucursal Cuautla, pero tras su divorcio con Helena González tuvo que dejárselo a su exesposa como parte del juicio. El Colegio de Cuernavaca volvió a sufrir por problemas financieros y cambió de dueño en 2022. Lo adquirió el joven abogado Diego Armando Franco Vivanco, quien lo primero que hizo fue despedir trabajadores, lo que ocasionó un inusual bloqueo en la avenida Morelos en junio de 2023 y como consecuencia un descenso en la matrícula pues la movilización de sus trabajadores indicaba que “ya no es como antes”.
Ahora, cuando apenas se iba recuperando económicamente, el “Cristóbal Colón” sufre la pérdida de su principal característica: lo militarizado.
Tras el anuncio de la SEP, el Consejo de Administración emitió un confuso comunicado en el que anuncia que acatará las instrucciones por cuanto a secundaria, pero en el caso de Preparatoria, en virtud de que no se encuentra incorporado a la SEP sino a la UNAM, “en aras de la autonomía universitaria, nos reservamos el derecho de pronunciarnos a futuro”.
“Por ello, nuestro cuerpo legal se encuentra analizando la situación, única y exclusivamente respecto al tema de la impartición de la disciplina de tipo militarizado, ya que lo académico queda firme y se desarrollará con normalidad”, agrega.
En otro párrafo, y olvidándose de la laicidad de la educación que establece la Constitución de la República, Franco Vivanco dice que “la modernidad nos consume a pasos agigantados, nuestros valores católicos resaltarán ahora, tal y como lo dice nuestro exhorto: Amor a Dios, amor a la patria, amor a los demás, pero con disciplina, por la memoria del Padre Armando”.
Finalmente, pide a los padres de familia adaptarse a la Nueva Escuela Mexicana. “Cambiar no significa el fin, significa el inicio de una nueva era; dejar de ser militarizados no significa que todo concluyó, adaptémonos a esta nueva modalidad”, suplica a los padres de familia.
Las reacciones en redes sociales fueron diversas:
“Es una pena qué un colegio tan prestigioso tenga que cerrar sus puertas o cambiar su modalidad y precisamente en estos tiempos cuando más se requiere de disciplina, respeto, honor y amor a la patria por parte de los jóvenes que formarán las nuevas generaciones de mexicanos y morelenses”, escribió Alejandro Martínez en los comentarios de la página oficial de Facebook.
“Es cuestionable, yo recibí dos tablazos ahí en su escuela por parte de alguien que tenía un grado mayor para subir de grado, me lo guardé muchos años, pero era un secreto a voces y el tablón ahí estaba en la escuela y ahí me los dieron. Es una excelente escuela, claro que sí, pero también nos gritaban y humillaban, recuerdo perfectamente a la teniente Cristina”, apuntó el usuario Gio Prado.
HASTA MAÑANA.