Con el cuerpo de Claudia Tacoronte de regreso en su país natal, y con el responsable de su asesinato en la cárcel donde pasará el resto de su vida, no queda más que reflexionar sobre las lecciones que nos deja este infortunado episodio y que su muerte sirva para que los tres niveles de gobierno, la Universidad de Morelos y en general la sociedad, aprendamos la lección y que esto nunca vuelva a ocurrir.
La primera conclusión a la que arribamos es que, sí, sí hay víctimas de primera, de segunda y hasta de tercera categoría. Eso no lo podemos negar, pero tampoco es para sacrificar a las autoridades.
Es entendible que, si tienes una fiesta en tu casa, y uno de los invitados tiene un problema, le darás prioridad por encima de la gente que todos los días convive contigo. No haber reaccionado a tiempo y con la fuerza necesaria habría ocasionado un conflicto diplomático con ese país al que tanto ha criticado el gobierno morenista.
Tiene razón la gente que afirma que, si la víctima no hubiese sido una estudiante extranjera, el asalto y posterior feminicidio ocurrido a las afueras de la Casa de la Cultura de Cuautla habría engrosado la lista de delitos sin castigo, uno más para la estadística que tiene a Morelos en los primeros lugares a nivel nacional.
También coincidimos en que el feminicida fue reconocido desde el primer momento por sus vecinos y que la participación de los cuautlenses fue determinante para su captura. Es cierto que ya el Centro de Investigación Nacional (antes CISEN), la Secretaría de Seguridad Federal, Guardia Nacional, Ejército y Marina, tenían en la mira a Francisco Javier Melendez “el Trompas”, y tarde o temprano le echarían el guante, pero definitivamente quien lo ubica y lo denuncia es un vecino, quien le avisa a la policía municipal que ahí anda —rapado, eso sí— como si nada hubiera hecho.
“Ni pedo, la cagué y ahora a tragármela”, es lo que dijo “El trompas” al ser detenido, aunque los medios internacionales tuvieron que hacer sus respectivas traducciones (El país le puso “La he liado”).
Las redes sociales —esas que para algunos son benditas y luego malditas, según convenga— fueron determinantes para ubicar al responsable.
El viernes pasado hacíamos referencia a que cada institución debe asumir su responsabilidad, no sólo jurídica, sino también institucional, porque hasta antes de que ocurriera la desgracia todos se autodefinían como organizadores de la Fiesta Nacional de la Planta Medicina, y después resulta que todos salieron con su “a mi nada más me invitaron”.
En ese momento no teníamos en nuestro poder el oficio firmado por la regidora Sandra Balón en el que solicita al encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Cuautla, Emmanuel Nieto Sotelo, que brinde seguridad en dicho evento.
“…de manera particular se solicita atentamente el apoyo para contar con una patrulla de vigilancia permanente en las instalaciones de la Casa de la Cultura durante el turno nocturno, a efecto de reforzar las medidas de seguridad y resguardo de dicho espacio”, dice el documento que tiene sello de recibido el 7 de septiembre del 2026.
No sé qué esperan para anunciar la destitución de este servidor público dependiente del Ayuntamiento de Cuautla, y de paso también del responsable de alumbrado público. Ironías de la vida: si usted visita la Casa de la Cultura de Cuautla, verá que las calles aledañas están iluminadas y que no solamente hay un elemento de la Policía, sino tres. Qué lástima que tuviese que morir una joven para que las autoridades cumplieran con su responsabilidad.
¿Qué sigue ahora? Desde nuestro particular punto de vista, que cada uno de nosotros vea qué puede hacer para que la muerte de Claudia tenga una consecuencia favorable para la sociedad.
Por ejemplo, ¿sabe usted cuántos “Trompas” siguen en las calles? Sí, esos sujetos drogadictos que a simple vista parecen inofensivos, que aprovechan el descuido de los comerciantes para tomar un producto, o que andan buscando bicicletas sin candados, tanques de gas, todo lo que puedan comercializar para comprar su vicio.
Y sí, son inofensivos generalmente, pero uno nunca sabe cuándo les puede salir lo agresivo. Ese es un problema que las autoridades deben atacar en forma multidisciplinaria y dentro de sus facultades y obligaciones.
Un tema que debe ser investigado minuciosamente es el de la comunicación. Ahora resulta que —según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Bucio Quiroz— el C5 sí contestó, una patrulla arribó en 7 minutos “y 30 segundos después llegó la ambulancia”, cuando los vecinos aseguran que pasaron más de media hora en atender su llamado.
“Marcábamos al 911 y no entraba la llamada, nos desviaban la llamada o nos dejaban en espera”, aseguran las personas que estuvieron presentes en ese fatídico 12 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cuautla.
Y no es que no le creamos al general Bucio, pero todos hemos tenido casos en que se requiere un servicio de emergencia, y las operadoras del C5 piden demasiados datos para enviar la ambulancia, la patrulla o los bomberos. Por otro lado, cuando el hecho ocurrió en algún municipio que tiene su propio Centro de Operaciones, los solicitantes se tienen que esperar a que la operadora del C5 se comunique con el municipio correspondiente para que envíe la unidad requerida.
Con la experiencia de haber trabajado en la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca, podemos afirmar que el problema para la atención de emergencias está en la comunicación. Consideramos que no debe existir un C4 municipal cuando ya hay un C5 estatal.
Sobre este mismo tema, el pasado viernes la diputada federal Meggie Salgado presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Gobierno de Morelos, a la Secretaría de Protección Ciudadana del Estado y a la Coordinación Estatal del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, implementar los protocolos especializados y división por tipo de llamado en la operación del número de emergencia 911.
La legisladora está proponiendo que se capacite a los operadores para dividirlos en las siguientes células: primeros auxilios vía telefónica, con capacidad para dar atención y respaldo en temas de RCP, contención de hemorragias y triage; una célula de Seguridad y Alto Impacto para delitos en flagrancia, con despacho inmediato a policía municipal y estatal. Otra “célula de Violencia de Género, Feminicidio y Grupos Vulnerables: con perspectiva de género, en coordinación con INMUJERES y Fiscalía Especializada en Feminicidio; y una célula de Protección Civil y Bomberos”.
“Al C5 Morelos a encontrar como área de oportunidad hacer uso de la Norma Técnica para llegar al tiempo de respuesta telefónica de 120 segundos, tiempo de arribo no mayor a 9 minutos en zonas urbanas, contestación antes del tercer timbrado, y publicación mensual de indicadores de efectividad, llamadas contestadas, tiempo promedio de respuesta y llamadas enviadas a buzón, por municipio”, dice el documento.
Finalmente, el punto de acuerdo propone solicitar respetuosamente, al Gobierno de Morelos “a establecer un canal directo y prioritario para casos de violencia contra mujeres estudiantes y visitantes, y a promover las líneas de emergencia con enlace directo al C5 en recintos universitarios y culturales”.
HASTA MAÑANA.