La portada del periódico Reforma mostrando una camioneta en llamas sí afecta, pero más hubiera impactado una fotografía con unos cuerpos colgados o destazados, máxime si se menciona que se trata de elementos de una corporación policiaca. El cumplimiento de la promesa de que los responsables serán capturados y encarcelados, será la respuesta más contundente para quienes calificaron la liberación de una persona detenida en Totolapan como que “los delincuentes doblaron a la Policía de Morelos”.
Por lo pronto, el gobierno de Morelos tendrá que aguantar las burlas y las comparaciones con el “Culiacanazo”, como se denominó al operativo de seguridad realizado el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, que terminó en una jornada de enfrentamientos armados, bloqueos, incendios y ataques contra fuerzas de seguridad, después de que las autoridades mexicanas detuvieran a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Recordemos que ese episodio se convirtió en uno de los acontecimientos más controvertidos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque las autoridades terminaron liberando a Ovidio Guzmán ante la escalada de violencia y el riesgo para la población civil. Años más tarde, López Obrador admitiría que él ordenó la liberación de Ovidio para evitar más derramamiento de sangre.
En el caso de Morelos, y de acuerdo con la información proporcionada ayer por el gabinete de seguridad, los hechos ocurrieron en tres momentos: El primero es el desarrollo de una diligencia ministerial para la entrega de un inmueble asegurado en Totolapan.
“Un segundo momento fue cuando, a cinco cuadras de ese lugar, José David “N”, generador de violencia relacionado con el grupo denominado “Pueblos Unidos”, transitaba por la zona lo que significaba un riesgo de agresión en contra de la diligencia. Dicho sujeto fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público por el delito de posesión de droga”, explicó Luis Eduardo Flores Barrios, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).
Es decir, según la versión de la FIDAI, la detención de “El güero del Gym” (supuesto apodo de José David Vergara), fue un hecho fortuito. Eso contesta a las interrogantes de mucha gente que cuestiona que, si sabían de la peligrosidad del sujeto, por qué no pidieron refuerzos.
De hecho, a José David lo detuvieron alrededor de las 14:50 horas por posesión simple de estupefacientes, un delito que ni siquiera amerita prisión preventiva oficiosa. Esto significa que, si no lograban “cuadrarle” otros delitos como Delincuencia Organizada, el muchacho habría obtenido su libertad mediante el pago de una fianza.
Y entonces sucedió un hecho que marca el parteaguas de todo lo que ocurrió ese fatídico lunes: una unidad de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) iba pasando por ahí.
¿Qué andaban haciendo? Hasta el momento sigue siendo una incógnita. Al ser cuestionado el titular de la FIDAI contestó diciendo que no habían rendido su declaración ministerial, pues estaban siendo atendidos de sus múltiples heridas.
Lo único que sí admitió es que, entre los agentes del AIC, indebidamente iba un estudiante (posiblemente de Derecho o de Seguridad Ciudadana) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que estaba realizando su servicio social. De hecho, a él fue al que le dieron un balazo.
Hay una fotografía que circula en internet en el que aparecen cuatro personas acostadas sobre una camioneta. Son tres hombres y una mujer con el rostro cubierto. Uno de ellos, el que sangra profusamente de una pierna, sería el estudiante de la UAEM. Ya habrá tiempo de investigar si hubo alguna irregularidad administrativa por llevarse a una diligencia a una persona que no pertenece a la corporación.
Y según la narración del titular de FIDAI, los elementos fueron sometidos a tortura física y psicológica.
Ahí es donde entra el tercer momento: se inició una carpeta de investigación por el delito de secuestro y se implementó un proceso de negociación conforme al Protocolo Nacional de Actuación de Atención a Víctimas de Secuestro, el cual establece como prioridad salvaguardar la vida de las víctimas.
El Protocolo Nacional de Actuación de Atención a Víctimas de Secuestro es un instrumento aprobado el 19 de diciembre de 2017 por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2018. Su objetivo es establecer criterios comunes para la actuación de las autoridades que tienen contacto con víctimas directas e indirectas del delito de secuestro, a fin de garantizar sus derechos a la asistencia, la protección, la atención, la verdad y la justicia.
El documento establece que la atención debe brindarse desde el primer contacto con la víctima y mantenerse durante las distintas etapas de la investigación y del procedimiento penal. Esto implica que las autoridades deben actuar con sensibilidad, respeto a la dignidad humana, confidencialidad y protección de la integridad física y emocional de las personas afectadas. La intervención institucional debe considerar tanto a quien sufrió directamente el secuestro como a sus familiares u otras personas que hayan resultado afectadas por el delito, procurando evitar que las actuaciones oficiales les ocasionen nuevos daños o sufrimientos.
En el ámbito de Morelos, la Fiscalía General del Estado adoptó formalmente el protocolo mediante el Acuerdo 10/2024, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el 1 de enero de 2025, con entrada en vigor el 2 de enero de ese año.
Por eso es que, si nos olvidamos del contexto y nos enfocamos únicamente a lo que dice el protocolo antisecuestros, se llega a la conclusión de que la intervención fue exitosa, pues no murió ninguno de los secuestrados.
El accidente que cobró la vida de cuatro elementos de la Guardia Nacional comisionados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es un tema que merece ser abordado detenidamente en otra oportunidad.
La decisión de privilegiar la vida de los elementos retenidos fue avalada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ayer mismo dijo en su conferencia mañanera que “son decisiones que se toman para salvar vidas… muchas veces en estas circunstancias cuando hay vidas de por medio se tiene que tomar la decisión y en todo caso preparar un operativo de otro tipo para poder detener posteriormente al presunto delincuente que se quería detener”.
Ayer, tanto al secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, como el fiscal general Fernando Blumenkron, el secretario de Seguridad, José Luis Bucio, y el titular de la FIDAI, se les notaba un sentimiento de indignación e impotencia, por lo que no dudamos que en los próximos días se soltara una verdadera “cacería” contra el sujeto que detuvieron y luego dejaron ir, así como la gente que se ensañó con los policías ministeriales y el estudiante de la UAEM.
HASTA MAÑANA.