Quien pretenda culpar de lo que está ocurriendo en la zona nororiente de Morelos solamente a la actual administración gubernamental incurre en un acto de ignorancia y amnesia convenenciera, ya que fue desde hace más una década que los grupos del crimen organizado encontraron cobijo y protección en varios de los municipios de los llamados “altos de Morelos”.
De las autodefensas que denunciaban el abandono durante el gobierno de Graco Ramírez a la liberación de un presunto operador criminal en Totolapan, tras la retención de tres agentes ministeriales, la región exhibe una crisis de autoridad que atravesó la administración de Cuauhtémoc Blanco y que sigue sin resolverse.
Lo ocurrido en Totolapan el lunes 12 de octubre no puede entenderse como un simple operativo policiaco que salió mal, ni como un episodio aislado de violencia en uno de tantos municipios rurales de Morelos. Es la expresión más reciente de un problema que lleva años creciendo en Los Altos y la zona oriente del estado, donde las autoridades han permitido que las organizaciones criminales desarrollen capacidad para intimidar a comerciantes, cobrar extorsiones, movilizar a grupos de habitantes y, llegado el momento, impedir que las corporaciones de seguridad cumplan con su trabajo.
El problema tiene sus orígenes durante los gobiernos de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco, aunque hoy cómodamente el ex comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, aproveche las desgracias de la corporación policiaca para señalar los errores del operativo y acaparar reflectores, ya que busca un cargo de elección popular en su natal Baja California.
En septiembre de 2018, cuando Graco Ramírez estaba por terminar su administración, el periódico nacional La Jornada publicó un reportaje de Rubicela Morelos que retrataba una realidad que parecía impensable en una entidad donde el gobierno estatal presumía una estrategia de seguridad basada en el Mando Único. En por lo menos 25 comunidades de 12 municipios habían surgido guardias comunitarias y grupos de autodefensa, entre ellos Totolapan, Tlalnepantla, Tlayacapan, Atlatlahucan, Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla, Cuautla, Zacualpan de Amilpas, Jantetelco, Temoac y Ayala. Los habitantes denunciaban extorsiones, secuestros, cobro de derecho de piso y una respuesta gubernamental insuficiente.
Según los testimonios recogidos entonces, la concentración de los cuerpos policiacos bajo el Mando Único había dejado a varias comunidades sin una fuerza municipal cercana, mientras los ciudadanos afirmaban que sus denuncias no encontraban respuesta efectiva.
El reportaje contenía un dato especialmente revelador: los pobladores identificaban a los llamados colombianos entre los grupos dedicados a las extorsiones y al cobro de piso. La violencia había llegado al extremo de que, el 31 de julio de 2018, habitantes de Tetela del Volcán lincharon a Ricardo Alonso Lozano, un hombre de origen colombiano acusado por pobladores de extorsión.
De acuerdo con los testimonios publicados, las autoridades fueron informadas de la retención, pero no consiguieron impedir que la multitud se hiciera justicia por propia mano. Aquella tragedia exhibió dos problemas simultáneos: la desconfianza de la población en las instituciones y la incapacidad de las autoridades para contener una reacción colectiva que terminó en homicidio. No era todavía la misma dinámica que se observaría años después en Totolapan, pero sí una señal de que el Estado estaba perdiendo credibilidad en comunidades enteras.
El cambio de administración, en octubre de 2018, no significó que el problema desapareciera. Durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, las disputas entre organizaciones criminales, la extorsión y las presuntas redes de protección política siguieron apareciendo en los reportes periodísticos sobre la región.
Uno de los antecedentes más importantes se encuentra en los trabajos de El Universal, particularmente los de su corresponsal Justino Miranda, quien documentó desde julio de 2018 el crecimiento de las autodefensas y, posteriormente, el avance de estructuras criminales en los municipios del oriente morelense.
En su reportaje del 25 de julio de 2018, titulado “Crece zona ocupada por autodefensas en Morelos; amagan con más grupos”, el diario describió cómo la vigilancia comunitaria se extendía desde Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan, Atlatlahucan y Yautepec hacia Ayala y Jantetelco. Los habitantes justificaban su organización ante las extorsiones, las amenazas de levantones y el cobro de piso.
La relevancia de esos antecedentes consiste en que la población ya advertía la existencia de territorios donde la seguridad dependía más de la organización vecinal que de las instituciones.
El episodio que terminó por colocar a Totolapan en el centro de la discusión nacional ocurrió en julio de 2025. Durante un operativo para ejecutar órdenes judiciales y cateos en inmuebles investigados por presuntas actividades relacionadas con la venta de drogas, habitantes bloquearon accesos, incendiaron neumáticos y al menos un vehículo, y exigieron que las autoridades liberaran a un hombre cuya detención consideraban injustificada.
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad sostuvo que los inmuebles estaban relacionados con el grupo criminal denominado La Empresa y que los manifestantes habían sido amenazados por un presunto operador identificado como El Charlie. El saldo político y de seguridad fue preocupante: la operación quedó condicionada por la presión en las calles y las autoridades tuvieron que negociar para evitar una confrontación mayor.
Una excandidata a la alcaldía de Totolapan, Marlén Burgos, difundió un video en el que expresó su respaldo a la organización criminal conocida como La Empresa y justificó su postura con el argumento de que el grupo brindaba seguridad. La publicación de ese material, así como las circunstancias del operativo, alimentó las preguntas sobre la relación entre sectores de la población, actores políticos locales y organizaciones criminales.
La aparición de una figura política defendiendo públicamente a una agrupación señalada por las autoridades no demuestra por sí sola que todo un municipio esté sometido a ella, pero sí obliga a investigar cómo consiguió una organización delictiva presentarse ante parte de la población como una fuente de protección, pese a las denuncias que pesan sobre sus presuntas actividades.
El crimen organizado no necesita controlar formalmente un ayuntamiento para obtener beneficios de él: le basta, en determinados casos, con conseguir información, tolerancia, protección, contratos, acceso a operadores locales o la capacidad de influir en decisiones públicas. Cuáles de esos mecanismos existieron en cada municipio es una cuestión que corresponde esclarecer a las autoridades investigadoras.
La evolución de La Empresa hacia la estructura identificada actualmente como Pueblos Unidos constituye otro capítulo de esta historia. Los reportes periodísticos y los análisis policiales citados por diversos medios describen una organización que habría cambiado de denominación y estructura mientras ampliaba su presencia en municipios de la zona norte y oriente.
Según El Universal, Pueblos Unidos tendría presencia o influencia en 16 municipios, entre ellos Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan, Atlatlahucan, Yautepec, Yecapixtla, Cuautla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Zacualpan de Amilpas, Temoac, Jantetelco, Jonacatepec, Ayala, Tepalcingo y Axochiapan.
Los Altos de Morelos llevan años advirtiendo que la delincuencia no se conforma con controlar calles o cobrar cuotas: busca imponer reglas, condicionar la vida pública y convertir el miedo en una forma de gobierno. Lo que sucedió el 12 de octubre no apareció de la nada. Es el resultado de una historia de vacíos institucionales, respuestas insuficientes y presuntas redes de protección que deben ser investigadas hasta sus últimas consecuencias.
HASTA MAÑANA.