Justicia a medias

Ayer se dictó un auto de vinculación a proceso en contra de una persona a la que acusan del asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos, estableciendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, no se tiene el arma homicida, nadie lo reconoce; ni siquiera se cuenta con la motocicleta utilizada para cometer el crimen.

De acuerdo con abogados penalistas, de no haber sido la víctima el luchador social y regidor de Cuernavaca, muy seguramente la jueza Yaredi Montes Rivera —quien se ha caracterizado por ser extremadamente “garantista”— hubiese dejado en libertad a Ricardo Alejandro “N”.

Sin embargo, al existir una promesa presidencial, ratificada por la gobernadora y el compromiso de la Fiscalía, el desenlace de esta audiencia no podía ser otra más que la vinculación a proceso.

Con esto no estamos diciendo que Ricardo Alejandro sea inocente. Lo que estamos evidenciando es que las pruebas que obran en su contra no son contundentes y que existen casos similares que han concluido con libertades por falta de pruebas.

Ciertamente, como lo mencionó una y otra vez la jueza, “en esta etapa procesal existen elementos suficientes para establecer un alto grado de probabilidad sobre su posible intervención en los hechos, en calidad de autor material”.

Y es que, de acuerdo con lo que se conoció durante la audiencia de ayer, Ricardo Alejandro es solamente “el último eslabón” de un complot que orquestado desde muy arriba, pero que —como ya lo hemos mencionado en columnas anteriores— sus autores intelectuales menospreciaron a Gabriel. Jamás se imaginaron que la mismísima Claudia Sheinbaum lo conociera y lo admirara.

De hecho, era tanta su confianza en que no pasaría nada (como no ha ocurrido nada en ejecuciones anteriores) que se atrevieron a realizar su fechoría utilizando una motocicleta con placas.

El primero en intervenir fue un agente de Homicidios quien analizó las cámaras de videovigilancia para reconstruir el recorrido que realizó la víctima desde que salió del ayuntamiento. A partir de ese análisis comenzaron a identificarse dos personas que aparentemente estaban involucradas en el hecho delictivo, debido a que dos motocicletas seguían el vehículo de la víctima desde el momento en que salió del ayuntamiento.

Cuando identificaron la matrícula 64FXH8, la coordinación de Movilidad y Transporte ubicó como domicilio del propietario una casa ubicada en la calle 16 de septiembre de la colonia Estrada Cajigal, en Cuernavaca. En cuestión de horas, los policías asignados al caso obtuvieron una orden de cateo y localizaron a un joven de nombre Alfonso, quien afortunadamente pudo acreditar que había vendido esa motocicleta desde el 13 de septiembre en 43 mil pesos a un individuo de nombre Ricardo Alejandro, quien vivía en la misma colonia.

En cuanto se dieron cuenta que habían matado a alguien mucho más importante de lo que creían, intentaron desaparecer las evidencias.

Ese mismo 4 de noviembre por la noche, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el domicilio del hoy detenido y se llevaron el vehículo involucrado en el homicidio. ¿Y cómo se supo esto? Pues porque todo quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de la vivienda del propio imputado. Nuevamente se advierte la excesiva confianza de que nada iba a pasar.

En dichas videograbaciones aparece la misma motocicleta que fue identificada realizando maniobras de persecución contra la víctima y desde la cual se realizaron los disparos. También se observa un casco negro, el cual fue asegurado por la Agencia de Investigación Criminal. Se trata de un elemento que presenta características similares al casco que habría utilizado la persona que participó en la persecución de la víctima.

Llamó la atención la forma en que la jueza se dirigió en todo momento al imputado, como si se tratara de un menor de edad que no comprendiera bien la trascendencia de sus acciones.

“Mira Ricardo, si bien la tecnología ha servido para facilitar la vida, también es cierto que, en casos como este, constituye una herramienta importante para esclarecer los hechos. Valorando objetivamente la información proporcionada por el Ministerio Público, considero que existen elementos que permiten sostener la posible intervención que se te atribuye”, le dijo.

Le refirió que entre esos elementos se encuentran la videograbación en la que se aprecia la placa de circulación de la motocicleta; el testimonio de Alfonso, quien refiere habértela vendido; la transferencia de 20 mil pesos que dijo haber recibido como primer pago por la motocicleta el 13 de septiembre; la conversación de WhatsApp y las videograbaciones obtenidas en las afueras de su domicilio.

En estas últimas se aprecia la entrega de la motocicleta a otras personas que llegaron también a bordo de otra motocicleta. Asimismo, durante la secuencia de imágenes se observa un casco negro que, aparentemente, tiene características similares al que utilizaba la persona que participó en la persecución de la víctima.

“Debo señalar que los agentes de investigación criminal tuvieron la posibilidad de analizar de manera concreta, adecuada y suficiente las características de las personas que perseguían a la víctima desde el momento en que salió de su trabajo hasta el lugar donde perdió la vida”, dijo la jueza.

Cabe recordar que, primeramente, Ricardo Alejandro fue detenido por el delito de “Resistencia de Particulares”, del cual posteriormente se desistió el Ministerio Público. Pero esto ocurrió porque ya tenían lista la orden de aprehensión por el delito de homicidio en agravio del regidor Gabriel Rivas.

¿Se puede decir que con la detención de este muchacho ya se cumplió la promesa gubernamental de que la muerte de Gabriel no quedaría impune? Nosotros consideramos que es una justicia a medias.

Quisiéramos equivocarnos, pero todo apunta a que el arma homicida jamás aparecerá, por lo que será muy difícil acreditar que Ricardo Alejandro fue quien disparó, y saldrá libre en unos años, si no es que antes lo matan. El otro cómplice ya debe estar en otro estado, en otro país… o en el otro mundo.

HASTA MAÑANA.