
La sobriedad no es únicamente ausencia de alcohol. La Real Academia Española la define como la cualidad de una persona de actuar con mesura, templanza y buen juicio en la conducta o en las decisiones. Por eso decimos que el informe que presentó ayer el fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, se caracterizó por la sobriedad, no solamente de parte del servidor público, sino también de los representantes populares.
Atrás quedaron aquellas comparecencias en las que el recinto legislativo se convertía en un circo, en una arena o en un teatro con actrices y actores que interpretaban vergonzosos papeles, ya fuera de ataque o de lisonja.
Bien lo dijo el diputado Rafael Reyes minutos antes de que terminara la comparecencia: “…este es un momento de unidad, en el que nos encontramos trabajando todos los días porque esto sea una realidad. Esto no es una arena de conflicto ni de confrontación”.
Esta legislatura —dijo— ha dejado huella porque más allá de la confrontación hemos entendido que la unidad, el mensaje de los morelenses está muy claro. Por ello, hizo un reconocimiento a los 20 diputados por abordar el evento con altura de miras y el compromiso de atender lo que los morelenses requieren.
Y es que no había nada qué reclamarle a un fiscal que es morelense, que tiene una trayectoria impecable (bueno, con excepción de su paso por el SAPAC); que tiene el reconocimiento de sus homólogos litigantes, y que trata de la misma manera a un empresario que a una persona de escasos recursos.
En cumplimiento de lo que establece el artículo 79-B de la Constitución Política del Estado de Morelos, las y los diputados de la LVI Legislatura del Congreso del Estado recibieron ayer la comparecencia de Fernando Blumenkron Escobar, quien acudió para rendir su Segundo Informe Semestral de Gestión, correspondiente del 7 de febrero al 6 de agosto de 2026.
Al exponer su comparecencia, el Fiscal detalló ante las y los diputados integrantes de la LVI Legislatura, para su revisión y como parte de este ejercicio de rendición de cuentas, las cifras con los avances concretos del trabajo realizado por la institución a su cargo, la cual resaltó, vive un proceso de reconstrucción, “estamos corrigiendo prácticas que nos alejaron de las necesidades de la ciudadanía, implementando acciones concretas para mejorar la atención y fortalecer la procuración de justicia”.
Durante las intervenciones de las y los integrantes de la LVI Legislatura, la diputada Eleonor Martínez Gómez se centró en la grave problemática de extorsión que afecta al oriente del estado, especialmente en municipios como Cuautla y Yautepec, señalando que las víctimas a menudo temen denunciar ante las autoridades, por lo que propuso acciones concretas para dicha región.
«Primero, incorporar la extorsión a la denuncia digital con reserva de identidad y una cita de ratificación en un lugar seguro; segunda, asignar a la Fiscalía Regional Oriente un equipo especializado contra la extorsión de tiempo completo; tercera, firmar con las cámaras empresariales, un protocolo de denuncia acompañada».
Por parte de la fracción parlamentaria de MC, su coordinadora, la diputada Luz Dary Quevedo Maldonado señaló que “Hablar de seguridad y procuración de justicia en Morelos es hablar de una realidad que no podemos minimizar, ya que, hoy nuestro estado enfrenta una situación particularmente preocupante en materia de violencia. Destacó en particular la gravedad del delito de feminicidio. Comentó la pronta respuesta oficial ante casos sonados como el asesinato de la estudiante extranjera Claudia Tacoronte y el del regidor Gabriel Rivas Ríos, pero cuestionó que no sucede lo mismo en todos los casos.
En representación del Grupo Parlamentario del PAN, su coordinador, el diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas se refirió a la gravedad de la crisis de desapariciones en Morelos y las carpetas de investigación iniciadas y citó que el informe reporta 402 carpetas, correspondientes a 434 víctimas, de las cuales 335 personas fueron localizadas.
Al respecto pidió informar cuántas personas continúan sin ser localizadas al cierre del periodo correspondiente al informe, cuántas carpetas permanecen activas y qué resultados concretos ha obtenido la Fiscalía del estado en la identificación de responsables y en la localización de personas desaparecidas.
En tanto, la diputada Nayla Carolina Ruíz Rodríguez ratificó el compromiso del Congreso para apoyar al fortalecimiento de la FGE y cuestionó al Fiscal sobre los hechos ocurridos en Totolapan, donde tres agentes ministeriales fueron retenidos por la población con riesgo de muerte, además de los resultados específicos de la Fiscalía en el combate al delito de extorsión en el marco del Plan Cuautla.
Al dar paso a la segunda ronda de cuestionamientos, en tribuna la coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruíz, habló sobre la labor de las y los agentes del Ministerio Público (MP), así como del personal operativo; señaló que enfrentan una realidad adversa, ya que, según mediciones del INEGI, la carga de trabajo promedio por cada agente estatal rebasa los 150 expedientes activos de manera simultánea, a lo que se suman decenas de miles de dictámenes periciales e investigaciones criminales atendidas anualmente con recursos materiales limitados.
Bajo este contexto de sobrecarga laboral y desgaste institucional, y tomando en cuenta el proyecto de presupuesto solicitado para el ejercicio fiscal 2027 preguntó si existe una asignación presupuestal específica y suficiente para incrementar y dignificar de manera real los tabuladores salariales de las y los MP y personal operativo, garantizando que su remuneración corresponda al riesgo y la enorme exigencia de su labor diaria.
En su oportunidad, la diputada Andrea Gordillo Vega del PAN, preguntó cuáles son las acciones específicas que está implementando la Fiscalía para revertir el índice de impunidad penal institucional, metas y plazo para conocer resultados verificables; citó el presupuesto asignado a la Fiscalía para 2026 y cuestionó cuánto ha recibido efectivamente, cuánto ha ejercido y qué porcentaje se ha destinado directamente a fortalecer las capacidades de investigación, los servicios periciales y el trabajo del MP, además qué resultados concretos puede atribuir a esa inversión en materia de reducción del rezago ministerial, esclarecimiento de delitos y obtención de sentencias condenatorias.
Algo que se debe destacar es que la actual Fiscalía es la única que ha detenido al autor material de un homicidio ligado a la política. En el caso de Gabriel Rivas Ríos, la Fiscalía realizó una investigación muy profesional que culminó con la detención en cuestión de horas de uno de los dos sujetos que participaron en el atentado, y que todo parece indicar que no es el típico “chivo expiatorio”, lo que quedó demostrado en la audiencia de vinculación a proceso.
HASTA MAÑANA.