La serie de acontecimientos que envuelven al Poder Judicial Federal reflejan claramente que la reforma en ese rubro orquestada a finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue una acción apresurada y torpe, motivada por un deseo de venganza en contra de la entonces ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.
Las decisiones de posponer la segunda parte de la elección de jueces y magistrados en todo el país hasta el 2028, y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hasta el 2030, son signos inequívocos de que no se hicieron bien las cosas, y que, si bien es cierto que existían problemas estructurales, estos debieron irse resolviendo poco a poco y no “de un plumazo”.
A dos años de distancia, el Poder Judicial de la Federación (PJF) atraviesa una etapa de reorganización institucional marcada por la implementación de la reforma judicial, los conflictos laborales, las tensiones entre las nuevas autoridades y los trabajadores, y los cuestionamientos sobre la independencia de los juzgadores. A estos problemas se suman las dificultades para mantener la continuidad del servicio de justicia, la incertidumbre sobre las condiciones de carrera judicial y las controversias relacionadas con la representación internacional de los tribunales mexicanos.
Y es que, recientemente se dio a conocer que la Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), organismo que agrupa a las presidencias de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas. La decisión fue aprobada con 53 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones. El argumento central de la UIM fue que el respaldo de la Conatrib a la reforma judicial mexicana resultaba incompatible con los principios de independencia y apoliticidad exigidos a sus integrantes.
En este contexto, la semana pasada fue presentado el libro “La Reforma Constitucional al Poder Judicial, Las nuevas tendencias del Derecho”, casi simultáneamente en la Facultad de Derecho de la UAEM y en la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero.
En esta obra, coordinada por los doctores en Derecho Julio Cabrera Dircio y Roberto Rodríguez Saldaña, se pueden leer interesantes análisis jurídicos de Ernesto Araujo Carranza, Rubén Toledo Orihuela y su hija Paola Toledo Cervantes, así como Roselia Rivera Almazán, Antonio Medina Rivas, Estela Fonseca Peñaloza, y Guadalupe Isela Chávez Cardoso, con temas de los más variados.
En lo particular, me llamó la atención el texto del siempre polémico doctor Daniel Montero Zendejas (ex coordinador de Readaptación Social en Morelos), quien sostiene que su artículo “se inscribe en el contexto del México moderno, donde se concibe internacionalmente como un narco-Estado, dominado por organizaciones criminales denominadas terroristas y, sobre todo, la inexistencia del Estado de derecho con una elección de tómbola y acordeones que determinó el destino del Poder Judicial y el aniquilamiento de la división de poderes; una reforma judicial basada en una sobrerrepresentación ficticia, que amputa los principios fundamentales del juicio de garantías, o sea, de la figura del amparo, al erradicar los principios inspirados por Vallarta y una pléyade de legisladores del siglo XIX, que visualizaron en esta figura el límite de actos de gobierno frente a particulares, así como más tarde, los conflictos entre los Poderes de la Unión, de estados frente a la Federación y de municipios frente a los estados”.
Agrega que lejos quedaron los órganos autónomos para determinar y consolidar un gobierno abierto, en donde la transparencia y rendición de cuentas limitara la corrupción, impunidad y simulación. “La simbiosis entre la industria criminal y el gobierno, sindicatos, partidos políticos, sector privado, entre otros actores cómplices, sectores productivos extorsionados, ciudadanos y menores de edad reclutados, fundamentalmente, con el despliegue de recursos económicos que engendran sus actividades y la consecuente violencia que repercute en la seguridad pública, ha logrado consolidar un Estado informal frente al Estado constitucional de derecho”, asevera en su artículo intitulado “La gobernanza criminal y la desaparición del Estado en la era digital”.
El doctor Rubén Toledo y su hija Paola concluyen que las reformas constitucionales en México reflejan una tensión permanente entre cambio y continuidad. “Si bien han permitido incorporar derechos y adaptar el marco jurídico a nuevas realidades, su uso excesivo ha debilitado la claridad y coherencia del texto constitucional. Para que las reformas cumplan su función democrática, deben responder a un proyecto constitucional integral, orientado al fortalecimiento del Estado de derecho, la protección efectiva de los derechos humanos y la auténtica división de poderes”, afirman.
Por su parte, la doctora Roselia Rivera Almazán, conjuntamente con Antonio Medina Rivas, aporta un interesante análisis sobre “Tauromaquia y reforma constitucional en México. Colisión entre cultura, economía y derechos de los animales”, en el que aborda la propuesta de prohibir las corridas de toros en México.
“…sólo mediante una valoración integral podrá resolverse la incongruencia constitucional que prevalece como colisión dentro del marco constitucional mexicano, partiendo de que, a diferencia de Portugal y España, en México la prohibición del maltrato animal si se encuentra elevada a rango constitucional, con amplias posibilidades de sostener una prohibición a nivel nacional en todas las modalidades existentes, porque en todas ellas se encuentra presencia de dolor y sufrimiento en el contexto público de una sociedad mexicana que arrastra desde sus entrañas el yugo de la violencia”, sostienen los autores.
A invitación de nuestro amigo Julio Cabrera, acompañamos a los autores a la presentación del libro en la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, con la magnífica anfitrionía del doctor Roberto Rodríguez Saldaña en Chilpancingo. Durante más de dos horas, los juristas se explayaron en sus participaciones sin temor alguno.
Por ejemplo, Toledo Orihuela señaló que la reforma al Poder Judicial ha generado una amplia controversia. A su juicio, el uso de “acordeones” promovidos por el gobierno federal para orientar la elección de jueces fue una práctica “ridícula y temeraria”. También cuestionó la solidez de los debates de algunos ministros, pues consideró que la debilidad de sus argumentos refleja una formación académica insuficiente.
Pero la doctora Roselia Rivera fue más allá. Dijo que hoy, a raíz de la reforma constitucional la Corte no tiene independencia judicial; “hoy va a servir a lo que le dicte el presidente o la presidenta en turno y va a favorecer en las corridas de toros y en todos aquellos procesos de acuerdo a quien económicamente le resulte más redituable”.
Comparó las conferencias de prensa de la presidenta Sheinbaum con el sistema propagandista de Adolfo Hitler. “Cuando escribe Adolfo Hitler en su libro Mi Lucha, el sistema propagandista para convencer a los alemanes de que tenían que deshacerse de los judíos tiene que ver con un mecanismo socialista populista que hoy estamos viendo en los mensajes que desde la mañanera se lanzan…”, apuntó al contestar la pregunta de un estudiante.
Nosotros nos quedamos con la reflexión de Julio Cabrera Dircio, con quien coincidimos en que no puede haber avance en la ciencia si no hay avance en los valores. “Una reforma judicial que no lleve implícito el respeto por el ser humano y por ende por los derechos humanos, no tendría razón de ser, pues, aunque a través de la historia la actividad procesal en nuestro país y todos los países que adoptaron el derecho romano germánico, utilizaron como fuente del derecho el derecho escrito para la aplicación de ley, sin tomar en cuenta que a quien se le iba a aplicar era al ser humano”.
HASTA MAÑANA.