Huitzilac, en poder de la delincuencia

 

La historia pareciera cíclica: un vehículo de reciente modelo, una familia que cruza el cerro de las lagunas de Zempoala proveniente de Guerrero con destino al estado de México o Michoacán. Otro vehículo se les atraviesa en el camino, se llevan secuestrado a uno de sus integrantes y obligan al resto a regresar por dinero que deberán entregar a cambio de la vida del que está en cautiverio.

A veces los regresan vivos —aunque con un trauma que les durará toda la existencia— y en ocasiones los desaparecen.

Esa historia la hemos escuchado hace 30 años; hace 20, 10, 5, y hace apenas unos días. Lo alarmante es que antes el delito se perpetraba a altas horas de la noche, cuando cruzar las lagunas de Zempoala se debe considerar un suicidio.

Pero en esta ocasión las víctimas viajaban en dos vehículos alrededor de las 17 horas, es decir, a plena luz del día. Habían recorrido alrededor de ocho kilómetros después de la Cabecera Municipal de Huitzilac, con rumbo al Estado de México, cuando fueron interceptados por hombres armados y encapuchados.

En este caso, los delincuentes se subieron a la camioneta Mitsubishi y obligaron al conductor a que acelerara, mientras que a los ocupantes del segundo vehículo los amenazaron con sus armas para que no los siguieran.

Cinco kilómetros más adelante lo bajaron de su propio vehículo, sin cartera, sin teléfono, y con la instrucción de esconderse en la maleza “hasta que anochezca”. Así lo hizo, y se regresó caminando hasta Huitzilac, donde lo esperaban sus familiares.

Hay ciertos detalles que nos hacen suponer que los delincuentes están en contacto con las corporaciones policiacas, pues el momento en que lo bajaron de la camioneta coincidió con la intervención de las autoridades. Como si alguien les hubiera avisado que debían soltarlo.

Afortunadamente no le hicieron ningún daño físico, pero queda el trauma de haber sufrido un “secuestro exprés” y no querer volver nunca a esa carretera, ni a Huitzilac.

Diferente desenlace tuvo otro hecho registrado la mañana (ojo, a plena luz del día) de este jueves en la Autopista del Sol, una de las vías más transitadas que conecta la capital del país con el estado de Morelos. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil particular en compañía de su hija menor de edad, con dirección hacia la caseta de peaje de dicha localidad.

Según el testimonio que la mujer sobreviviente brindó a las autoridades policiales, otro vehículo les cerró el paso de manera intempestiva para obligarlos a detener su marcha. Ante el inminente riesgo de sufrir un robo, el conductor decidió acelerar para evadir a los agresores. En respuesta, los sujetos armados accionaron sus armas de fuego directamente contra la unidad en movimiento.

Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio con rumbo desconocido, dejando el automóvil detenido a la orilla de la carretera y a la familia en estado de crisis. Automovilistas que transitaban por la zona avisaron a los números de emergencia, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de rescate y elementos de seguridad pública en el municipio de Huitzilac.

De nada sirvió que corporaciones de los tres niveles de gobierno “peinaran” la zona en busca de los responsables. Por eso es que hoy titulamos esta columna “Huitzilac, en poder de la delincuencia”, pero puede ser utilizada cualquier día de cualquier año.

A LA CFE, “SE LE HACE BOLAS EL ENGRUDO”. – La Alianza Nacional de Jubilados (ANAJUB), en coordinación con el Movimiento Nacional del Sector Eléctrico (MONASE), denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza pagos de pensiones de manera irregular, aplicando criterios diferenciados y sin una justificación legal clara, lo que presuntamente afecta los derechos adquiridos de los trabajadores jubilados. La acusación fue planteada durante una reunión de más de cinco horas con representantes de la CFE, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Energía (SENER), en la que, según la organización, la empresa no logró justificar los criterios utilizados para determinar los montos de las jubilaciones, que presentan diferencias entre lo establecido en el contrato colectivo de trabajo, los convenios de jubilación y el artículo 127 constitucional.

Como resultado del encuentro, la Secretaría de Gobernación se comprometió a retomar la conducción política del tema, recibir la documentación recopilada por los jubilados y dar seguimiento a las presuntas irregularidades, además de contribuir a transparentar el esquema actual de pagos. Por su parte, la ANAJUB exigió a la Secretaría de Energía aclarar las anomalías detectadas en pensiones autorizadas por los consejos de administración de la CFE y Pemex, señaladas previamente por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, así como informar cuántos casos presentan irregularidades y qué medidas se tomarán para proteger los derechos de los trabajadores.

Uno de los principales reclamos fue que la CFE entregue las cédulas de cálculo de las pensiones, documentos que permitirían conocer cómo se determina cada concepto de las percepciones de los jubilados. La empresa se comprometió a informar el 18 de noviembre si es posible proporcionar esa documentación. Asimismo, los jubilados demandaron que los centros pagadores de la CFE en todo el país reciban los escritos y solicitudes de los ciudadanos y emitan respuestas por escrito, luego de denunciar negativas que, a su juicio, contravienen el artículo 8 constitucional.

La organización también cuestionó al Poder Legislativo por mantener detenido el dictamen relacionado con las reformas en materia de pensiones, mientras espera una eventual iniciativa presidencial que, según el boletín, lleva cinco meses sin ser enviada. Por ello, pidió al Congreso procesar las propuestas que ya existen y atender las afectaciones que considera contrarias a los principios constitucionales de no retroactividad y respeto a los derechos adquiridos. También hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación para revisar las afectaciones denunciadas y garantizar el acceso a la justicia, al señalar que diversos amparos promovidos por jubilados han sido rechazados recurrentemente.

Finalmente, la ANAJUB anunció que este viernes 20 de noviembre instalará una mesa jurídica con la CFE para dar seguimiento a los criterios normativos y documentales relacionados con el pago de las pensiones. El principal objetivo de los jubilados es que la empresa transparente los mecanismos de cálculo, justifique legalmente las diferencias en los montos y garantice el respeto a los derechos adquiridos de quienes trabajaron en el sector eléctrico.

HASTA EL LUNES.