* La modificación establece requisitos en materia de nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
En sesión ordinaria, este miércoles, el Pleno del Congreso del Estado dio su voto a favor de la reforma constitucional federal en materia de nacionalidad única para ejercer la titularidad del Ejecutivo federal y de los ejecutivos locales, al aprobar el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a la minuta enviada por el Congreso de la Unión.
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer requisitos específicos de nacionalidad para quienes aspiren a ocupar los cargos de mayor responsabilidad ejecutiva del país. Entre las disposiciones se contempla la nacionalidad exclusiva mexicana y, en su caso, la renuncia previa a cualquier otra nacionalidad al momento de registrar la candidatura; además, durante el ejercicio de sus funciones, quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de los estados no podrán adquirir otra nacionalidad.
El dictamen generó un amplio debate en la sesión plenaria y fue aprobado con 12 votos a favor y seis en contra, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, emitió la declaratoria correspondiente respecto del voto aprobatorio del Congreso de Morelos a la minuta de reforma constitucional.
Durante la discusión, el diputado Daniel Martínez Terrazas fijó una postura en contra de la minuta de reforma constitucional, al advertir que restringe los derechos político-electorales de mexicanas y mexicanos que cuentan con doble nacionalidad. En representación del Grupo Parlamentario del PAN, sostuvo que el derecho a ser votado no debe condicionarse por contar con una segunda nacionalidad, pues vivir en el extranjero o haber nacido fuera del país no elimina la identidad mexicana ni debe generar distinciones entre ciudadanos.
Martínez Terrazas afirmó que la soberanía y el patriotismo no deben utilizarse como argumentos para limitar derechos, y señaló que corresponde a la ciudadanía, mediante el voto libre, decidir quién puede representarla. Por ello, manifestó su oposición a la reforma y sostuvo que los posibles conflictos de interés o riesgos para la soberanía deben atenderse mediante controles y responsabilidades legales, no a través de restricciones a los derechos políticos.
Al hablar a favor de la reforma, la diputada Melissa Montes de Oca Montoya, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que la propuesta busca garantizar que quienes aspiren a encabezar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con México.
Subrayó que la medida no elimina los derechos políticos ni desconoce la nacionalidad mexicana de quienes poseen doble nacionalidad, sino que establece como requisito para competir por estos cargos renunciar previamente a la nacionalidad extranjera y conservar únicamente la mexicana durante el ejercicio del mandato.
La legisladora afirmó que, por la naturaleza de las responsabilidades que implica encabezar un Poder Ejecutivo, la defensa de la soberanía y del interés nacional debe estar por encima de cualquier otro vínculo. En ese sentido, señaló que la reforma pretende cerrar cualquier brecha que pudiera permitir influencia o intereses de otros Estados en la conducción política de México y de sus entidades federativas, particularmente frente a lo que calificó como una intención de intervención extranjera en los procesos electorales. “México y sus entidades federativas deben ser gobernados por personas que tengan exclusivamente la nacionalidad mexicana”, sostuvo.
Por su parte, la diputada Luz Dary Quevedo Maldonado fijó una postura en contra de la reforma constitucional, al señalar que la lealtad a México no se mide por el número de pasaportes, sino por los actos de quienes ejercen el poder. Advirtió que la doble nacionalidad, particularmente cuando deriva del lugar de nacimiento, no puede convertirse en motivo para poner bajo sospecha a millones de mexicanas y mexicanos ni para restringir sus derechos políticos.
“México no pierde soberanía porque alguien tenga dos pasaportes; la pierde cuando quienes gobiernan dejan de cumplir con su responsabilidad”, sostuvo, al llamar a colocar en el centro de las decisiones públicas temas como la seguridad, la salud, el campo, la justicia y las oportunidades para las familias.
Quevedo Maldonado cuestionó además que el Congreso de Morelos pretenda aprobar con urgencia una reforma que, desde su perspectiva, no responde a las necesidades prioritarias de la ciudadanía. Advirtió que Morelos necesita analizar cada reforma con responsabilidad y anunció su voto en contra, al sostener que quienes tienen la responsabilidad de modificar la Constitución deberán responder ante las futuras generaciones por las decisiones que hoy toman.
En tanto, la legisladora Eleonor Martínez Gómez, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI, subió a tribuna para exponer los argumentos de su voto en contra. Aseguró que “defender la soberanía no significa sembrar sospechas sobre millones de mexicanas y mexicanos; la doble nacionalidad no es doble lealtad. Tener otro pasaporte no hace a nadie menos mexicano; la lealtad no se prueba con un documento, se prueba con hechos, con trayectoria y con resultados”.
Recordó que el artículo 1° de la Constitución establece el principio de progresividad y que los derechos humanos se amplían, no se restringen. Desde su perspectiva, esta reforma hace lo contrario al establecer una distinción en materia política. “Si un ciudadano con doble nacionalidad aspira a gobernar, que sea el pueblo quien decida; que el electorado lo juzgue en las urnas por su trayectoria, sus capacidades y su honestidad, y no por su pasaporte”, expresó.
En el uso de la voz, el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PVEM, Eduardo Pedrero, aseguró que “la nacionalidad no es solamente un documento; es también un vínculo jurídico y político con el Estado. Por eso, esta reforma busca establecer una regla clara para quienes pretendan ejercer las más altas responsabilidades ejecutivas”.
Subrayó que la reforma establece requisitos específicos para determinados cargos públicos, como ocurre con otras disposiciones constitucionales orientadas a proteger la naturaleza y responsabilidad de esas funciones. “Nuestro país necesita instituciones fuertes, reglas claras y autoridades cuya responsabilidad principal y prioridad estén vinculadas de manera directa con los intereses de México”, afirmó.
