Una de las pocas acciones positivas que nos dejó Graco Ramírez fue la llamada “Ruta de la Salud”, un programa creado como un servicio de transporte público gratuito destinado principalmente a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y niñas y niños menores de tres años.
El proyecto surgió mediante un convenio entre el Sistema DIF Morelos y Grupo Pullman de Morelos. Originalmente se pusieron en operación tres autobuses adaptados, con rampas electrohidráulicas, espacios para sillas de ruedas, asientos con arnés y señalización en braille. El recorrido conectaba hospitales y centros de rehabilitación de Cuernavaca, Temixco y Emiliano Zapata.
Desde su nacimiento hubo una característica que después sería fundamental para el conflicto: el Gobierno aportaba o proporcionaba las unidades adaptadas y Pullman participaba en la operación, incluyendo conductores y mantenimiento, según el esquema original.
En 2017 ya existían críticas de concesionarios del transporte convencional porque consideraban que la Ruta de la Salud competía con sus servicios, mientras que el DIF defendía el carácter social del programa.
Para 2023 la Ruta de la Salud ya no era un pequeño programa marginal. El Quinto Informe de Gobierno de Morelos reportó que durante ese año benefició a 205 mil 845 personas entre personas con discapacidad o movilidad reducida, mujeres embarazadas y familiares de pacientes que acudían a tratamientos, consultas o terapias. El documento oficial también reportó 109 mil 203 pasajes gratuitos para personas que necesitaban trasladarse a hospitales de alta especialidad. El servicio continuaba operándose en coordinación con Grupo Pullman de Morelos y comunicaba la zona sur de Cuernavaca con el hospital del ISSSTE en Emiliano Zapata.
Pero ese mismo año apareció públicamente otro aspecto de la Ruta de la Salud: las condiciones laborales de sus operadores. Trabajadores que solicitaron anonimato denunciaron que dependían laboralmente de Pullman de Morelos, pese a que buena parte de la población suponía que eran trabajadores del Gobierno del Estado. Los trabajadores afirmaron que aparecían contratados como “administrativos” y no como operadores, situación que, según su denuncia, implicaba salarios inferiores y menos prestaciones.
La denuncia era particularmente grave por las jornadas que describieron. Los trabajadores afirmaron que salían de sus domicilios alrededor de las 5:30 de la mañana y regresaban aproximadamente a las 22:30 horas, mientras recibían alrededor de 2 mil 500 pesos semanales. También dijeron que debían ayudar a subir y bajar sillas de ruedas y que no recibían impermeables pese a realizar esas maniobras bajo la lluvia. Los denunciantes atribuyeron el endurecimiento de las condiciones laborales al entonces jefe que identificaron como Bertín Dolores.
El 28 de mayo de 2025, el SEDIF informó que entregó unidades adaptadas en comodato a 32 Sistemas Municipales DIF, además de proporcionar vehículos al IEBEM, al Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos y a Pullman de Morelos para la operación de la Ruta de la Salud. El propósito declarado fue permitir traslados gratuitos a consultas médicas, terapias y otras actividades para personas con discapacidad. Gobierno de Morelos: entrega de unidades adaptadas
Esto resulta importante porque muestra que en 2025 el esquema institucional seguía siendo esencialmente el mismo: SEDIF como institución pública responsable de la política de inclusión y Pullman como participante en la operación del servicio.
La Coordinadora Social Morelense, conocida como CoSoMor, encabezó una de las protestas más importantes. El 30 de junio cuatro integrantes iniciaron una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno para exigir que se frenara el incremento. El 1 de julio la nueva tarifa entró en vigor.
Pero la protesta terminó produciendo algo que originalmente no constituía la principal demanda: la posibilidad de que la propia CoSoMor participara en la operación de la Ruta de la Salud.
El 2 de julio de 2026 se informó que, después de las negociaciones entre la CoSoMor y el Gobierno estatal, la organización obtuvo la promesa de constituir una cooperativa para operar la Ruta de la Salud.
La minuta contempló que la nueva organización pudiera modificar el nombre, itinerarios y horarios del servicio, con acompañamiento del SEDIF y de la Coordinación General de Movilidad y Transporte. La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo ofreció asesoría jurídica, financiera y administrativa para la constitución de la cooperativa, misma que estaría encabezada por el hoy regidor morenista Gabriel Rivas Ríos.
Rivas Ríos anunció que la cooperativa estaría integrada por alrededor de 200 personas, que tendría operadores asalariados, personal administrativo y de limpieza, y que las ganancias serían reinvertidas en la propia organización en lugar de distribuirse mediante el esquema tradicional de “cuentas” a los permisionarios.
Demasiado bonito para ser verdad. La historia nos demuestra que el sistema cooperativista ya no es funcional, y las pocas cooperativas que sobreviven están inmersas en la corrupción de sus dirigentes.
Además, hay un problema: ¿quién le va a pagar a los trabajadores de la Ruta de la Salud que han sido despedidos injustificadamente y que han demandado por la vía laboral?
Ayer se llevó a cabo una audiencia de conciliación en el tercer Tribunal Laboral del Poder Judicial. El apoderado del DIF no acudió pues insiste en que no hay relación laboral entre los trabajadores de la Ruta de la Salud y esa institución gubernamental. La empresa Autobuses de Primera Clase México Zacatepec S.A. de C.V. sí acudió, pero no llevó ninguna propuesta monetaria.
El programa “Rutas de la Salud” es un acierto que beneficia a miles de personas vulnerables, pero se requiere que las autoridades establezcan muy bien las reglas de operación antes de entregarlo a un personaje de dudosa calidad moral, además de que no pueden dejar en el desamparo a los choferes que siguen trabajando en condiciones de explotación como si estuviéramos en tiempos del Porfiriato.
HASTA MAÑANA.