Hay algo que debería llamar la atención más allá de las fronteras y de las diferencias políticas entre Francia y México: mientras en distintas ciudades francesas los estudiantes de los liceos han salido a las calles para reclamar mejores condiciones educativas, más profesores y mayores recursos para las escuelas, en la Ciudad de México y en Cuernavaca, durante las movilizaciones del 2 de octubre, volvieron a aparecer grupos de jóvenes encapuchados que, aprovechando manifestaciones legítimas, terminaron protagonizando actos de vandalismo, agresiones y destrucción de bienes públicos y privados.
No se trata de afirmar que existe una organización internacional que coordine a unos y otros, porque hasta ahora no hay evidencia pública que permita sostener semejante conclusión, pero tampoco parece sensato ignorar que existe un fenómeno común: protestas nacidas de reclamos reales que terminan siendo utilizadas por grupos radicalizados para trasladar la inconformidad del terreno de las demandas al de la confrontación.
Lo ocurrido en Francia es particularmente significativo porque el movimiento comenzó con reivindicaciones perfectamente identificables: los estudiantes denunciaron falta de profesores, salones saturados, deterioro de las instalaciones escolares y deficiencias en las condiciones de enseñanza, pero en cuestión de días la movilización se extendió por cientos de liceos y comenzó a registrar enfrentamientos, daños materiales y detenciones masivas.
Para el 3 de octubre, Reuters reportaba más de cinco mil detenidos desde el inicio de la escalada y advertencias de las autoridades francesas sobre la posible intervención de grupos radicales y anarquistas que estarían aprovechando el movimiento estudiantil. El jefe de la policía de París llegó a advertir que quienes iniciaron las protestas ya no tenían necesariamente el control de lo que estaba ocurriendo.
La lección que deja el caso francés no está en comparar mecánicamente a los estudiantes franceses con los jóvenes mexicanos que participan en las movilizaciones del 2 de octubre, porque las circunstancias son diferentes y las demandas también lo son. Está en observar lo que sucede cuando una protesta social pierde la capacidad de distinguir entre la legítima exigencia de derechos y la destrucción como forma de expresión política.
En ese momento aparece el encapuchado que rompe el vidrio, incendia una puerta, lanza un artefacto explosivo, golpea a un policía o agrede a un periodista, y la discusión original desaparece detrás de las imágenes de los destrozos. El reclamo puede ser justo, pero la violencia termina ocupando todo el espacio público y, paradójicamente, permite que las autoridades dejen de responder a la demanda original para concentrarse exclusivamente en el problema del orden público.
Eso mismo volvió a ocurrir en la Ciudad de México este 2 de octubre. La marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco reunió alrededor de ocho mil personas y transcurrió mayoritariamente de manera pacífica, pero un grupo de encapuchados, separado de los organizadores, provocó destrozos, dañó mobiliario urbano, estaciones del transporte público y establecimientos comerciales, además de lanzar cohetones y utilizar martillos, mazos, palos y tubos.
Pero si en la Ciudad de México el fenómeno resulta preocupante, lo ocurrido en Cuernavaca debería ser todavía más motivo de reflexión para las autoridades y para la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La marcha del viernes 2 de octubre tenía razones de sobra para existir: estudiantes de la UAEM, familiares de víctimas y colectivos sociales salieron a exigir justicia por los asesinatos y desapariciones de jóvenes universitarios y a reclamar acciones contra la inseguridad que afecta a la comunidad estudiantil.
Y precisamente por eso resulta todavía más lamentable que esa indignación terminara acompañada de vidrios rotos, pintas, piedras, cohetones y fuego en edificios públicos. En Cuernavaca fueron dañadas sucursales bancarias (no solamente sus cristales, sino también los cajeros automáticos) y las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia; posteriormente, en el Palacio de Gobierno, fueron retiradas partes de las protecciones colocadas en las ventanas, se rompieron cristales y una oficina fue incendiada.
Aquí aparece la pregunta incómoda que nadie parece querer formular: ¿a quién beneficia que una marcha convocada para exigir justicia por estudiantes asesinados termine convertida en una batalla campal? Porque el resultado inmediato es que el estudiante asesinado deja de ser el centro de la noticia, que las familias de las víctimas dejan de ser escuchadas y que la exigencia de seguridad queda sepultada debajo de las fotografías de un Palacio de Gobierno con los cristales destrozados. La protesta legítima termina pagando los platos rotos de quienes deciden que romper, incendiar o agredir es una forma válida de representar la inconformidad.
Y tampoco debería confundirse el llamado “Bloque Negro” con los estudiantes en general. La información disponible sobre estos grupos en la capital del país apunta a la existencia de colectivos radicales y anarquistas que actúan mediante pequeños grupos y que pueden incorporarse a movilizaciones convocadas por organizaciones con las que no necesariamente comparten estructura ni objetivos.
Incluso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha señalado la existencia de distintos grupos que actúan bajo esa modalidad. Por eso resulta irresponsable afirmar, sin pruebas, que detrás de los destrozos están determinadas universidades, partidos políticos o gobiernos. Hasta ahora, lo que puede sostenerse documentalmente es la existencia de grupos radicalizados que aprovechan determinadas movilizaciones para desarrollar acciones violentas.
Lo verdaderamente preocupante es que el método comienza a resultar reconocible. Se convoca una movilización por una causa que tiene respaldo social; se concentra un contingente amplio de ciudadanos que marchan pacíficamente; en algún punto aparecen personas encapuchadas; comienzan las pintas, los martillazos, las piedras, los cohetones, los incendios y los enfrentamientos; posteriormente vienen las imágenes de policías y manifestantes golpeándose y, finalmente, la discusión pública termina reducida a determinar quién fue más violento.
La causa que originó la marcha queda relegada a segundo plano. En Francia ocurre alrededor de una protesta estudiantil por la situación de los liceos; en México aparece alrededor de las movilizaciones del 2 de octubre; y en Cuernavaca terminó mezclándose con una legítima exigencia de justicia por los jóvenes asesinados.
Pero ¿qué gana la sociedad destruyendo edificios públicos y privados? Los materiales que se utilizan para intentar blindar las instituciones tienen un costo y se pagan del erario, es decir, a final de cuentas lo terminamos pagando todos con nuestros impuestos.
Por si esto no fuera suficiente, ahora estos grupos radicales se dan el lujo de “vetar” a medios de comunicación. Ahí está el caso de la llamada Resistencia Estudiantil, que hicieron una lista de los medios que no podrían entrar al Seminario San José, donde se estaban realizando las pláticas con autoridades de la UAEM, e incluso interrumpieron una entrevista que unos colegas le estaban haciendo a la rectora Viridiana León.
El pasado viernes emitieron un comunicado en el que se quejaron de la prensa y pusieron el hashtag #ElBloqueNoSeGraba (como cuando los de Ocotepec dicen que ahí no aplica la Constitución porque se rigen por usos y costumbres) para culpar a los fotógrafos y camarógrafos de los conatos de violencia que se registraron durante la marcha.
Afortunadamente en esta ocasión “se toparon con pared”. Decenas de periodistas firmamos un manifiesto en el que exigimos un alto al comportamiento de estas personas que muchas ni son jóvenes ni son estudiant@s.
“Documentar lo que ocurre no significa ni estar a favor o en contra de quienes realizan esas acciones. Significa hacer nuestro trabajo. Sin embargo, lamentamos que en la última movilización del 2 de octubre integrantes del denominado “bloque negro” hayan agredido a periodistas, aventándolos, arrojándoles pintura y amenazándolos con agredirlos por realizar grabaciones. Esto no puede ser tolerado”, dice el manifiesto.
Si siguen en esa actitud, a ver quién cubre sus conferencias de prensa en la que se siguen cubriendo el rostro, pero todo mundo los identifica por su complexión física y voz.
HASTA MAÑANA.