No. 190/2021
Ciudad de México, a 01 de julio de 2021
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, realizada a través del sistema de videoconferencia, al concluir el análisis de las impugnaciones a diversos preceptos del Código Penal para el Estado de Colima, reformado mediante decreto publicado el 29 de junio de 2019, invalidó el artículo 233, párrafos cuarto y noveno, en las porciones normativas “o definitiva”, así como el párrafo séptimo en su totalidad.
En estas disposiciones se preveía la inhabilitación definitiva para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, por hechos de corrupción de servidores públicos o de particulares y ejercicio indebido de funciones, cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido excediera de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o cuando se incurriera en reincidencia.
Sin embargo, se consideró que dicha pena era contraria al artículo 22 de la Constitución General, pues impedía realizar un ejercicio concreto de individualización en atención a las circunstancias del caso, ya que cualquiera que fuera la conducta omitida o realizada y las circunstancias de hecho acaecidas, el lapso de la inhabilitación sería para todos los casos invariable.
Además, se señaló que la ausencia de un parámetro para la imposición de la sanción por inhabilitación definitiva también conllevaba la imposibilidad de que se realizara la reinserción de la persona que hubiera cometido el ilícito, coartando de manera terminante el ejercicio legítimo de otros derechos, como son los de libertad de trabajo y comercio.
Los efectos de la resolución, por tratarse de materia penal, serán retroactivos al 30 de junio de 2019, fecha en la cual entró en vigor el decreto analizado.
Acción de inconstitucionalidad 81/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa de 29 de junio de 2019, mediante Decreto 87.