No. 206/2021
Ciudad de México, a 10 de julio de 2021
La justicia ambiental es un ingrediente sustancial de las democracias constitucionales, en donde los jueces y juezas juegan un papel fundamental ante el reto que implica su acceso, aseguró el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, durante la ceremonia de clausura del Congreso Interamericano de Derecho Ambiental: Biodiversidad y Derecho.
El Ministro Ortiz Mena enfatizó que entre las conclusiones a las que arribaron los participantes en este encuentro, destaca la necesidad de “representarnos y transformarnos como sociedades democráticas para evitar conflictos relacionados con la precariedad y pobreza como causa y efecto del deterioro ambiental; apuntamos la importancia de adoptar un derecho humano a un medio ambiente sano, el cual debe tener una construcción sustantiva y ecocéntrica”.
Durante el evento, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en colaboración con la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (WCEL-IUCN por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los Ministros, Ministras, investigadoras e investigadores y especialistas en la materia ratificaron la intersección entre los derechos humanos y las causas ambientales.
Los oradores de 20 países, los cuales participaron de manera virtual y presencial, insistieron en que: “el derecho ambiental debe enfocarse como un derecho colectivo y a futuro, es decir, un derecho nuestro pero también de las generaciones por venir”, añadió el Ministro Ortiz Mena, al resaltar que se identificaron importantes barreras procesales para acceder a la justicia medioambiental, que van desde las regulaciones procedimentales, el costo de los litigios, hasta la necesidad de generar obtener y comprender evidencia científica e información precisa.
Subrayó que: “apuntamos la necesidad de que los jueces y las juezas conozcan el lenguaje de la ciencia para acercarse a esa evidencia de manera útil y crítica; reconocimos la importancia de la participación ciudadana y su capacidad de cambiar las instituciones públicas, incluida la función judicial, y atribuimos un papel protagónico a los movimientos sociales; reconocimos también la vulnerabilidad de ciertas comunidades que reciben los mayores impactos de denigración ambiental y el riesgo que enfrentan los defensores de derechos ambientales”.
Durante la ceremonia de clausura participaron la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, de la SCJN; el Ministro Antonio Benjamín, del Tribunal Superior de Justicia de Brasil; Nicholas Bryner, Vicepresidente de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental; Alejandro Iza, Director del Centro de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Zhang Xinsheng, Presidente de la UICN, y Dennise Antolini, Profesora de la Universidad de Hawai, Estados Unidos, quienes subrayaron que en materia de leyes, derecho y preservación del medio ambiente todavía hay mucho por hacer.
A lo largo de dos días, Ministras, Ministros, profesoras, profesores, investigadores e investigadoras, así como especialistas en la materia, reflexionaron e intercambiaron ideas sobre el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 y sus conexiones con la Declaración Mundial sobre el Estado de Derecho en Materia Ambiental 2016, al ser éste el primero de cinco eventos regionales que integrarán el 2º. Congreso Mundial de Derecho Ambiental.