Jesús Castillo
Cartagena, Colombia.- Actualmente, tanto en Colombia como en México, los grupos de la delincuencia se han organizado en forma muy similar a los grandes empresarios del mundo, como si se tratara de una compañía transnacional, haciendo uso de estrategias como el “outsourcing”.
“No existe esa organización jerárquica donde un líder es dueño desde la planta que se cultiva hasta el último gramo de cocaína que se pueda construir en Estados Unidos o Europa, ahora un grupo la produce, otro la transporta y muchos otros más la distribuyen”.
Quien habla es nada menos que Ricardo Carriazo Zapata, quien ha dedicado casi 30 años de su vida a combatir el narcotráfico en Colombia, hasta octubre del año pasado, cuando fue relevado del área antinarcóticos de la Fiscalía General de la República por cuestiones políticas.
El ex zar antinarcóticos de este país es uno de los expositores del Congreso Internacional de Delincuencia Organizada y Lavado de Activos, organizado conjuntamente por la Universidad de Ciencias Jurídicas del Estado de Morelos y la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, en Colombia.
En este país, después de que todo estuvo controlado por Pablo Escobar Gaviria, de un tiempo para acá operan “más de dos mil cartelitos” que siempre están en permanente disputa por el territorio, muy parecido a lo que ocurrió en México después de la muerte de Beltrán Leyva y la captura de “El Chapo” Guzmán.
Otra característica que explica Carriazo Zapata es que estos grupos de delincuencia organizada operan como una empresa transnacional y hacen uso de los adelantos tecnológicos.
“Ellos no están en una sola ciudad sino que están en muchas ciudades en muchos países, y se comunican a través de plataformas que judicialmente no están reguladas como es el Whatsapp, el Télegram y el Signal”, apuntó el ex servidor público.
En estas operaciones tiene mucho que ver la corrupción de las corporaciones policiacas y persecutoras del delito, y a los narcotraficantes les conviene más corromper a un directivo de una institución que contratar a más gente para la organización, pues el servidor público no solamente les va a permitir sus actividades ilícitas, sino que les servirá para proporcionar información sobre los operativos que realizan otras corporaciones, por eso es que casi nunca detienen a los grandes capos.
Para la desarticulación de las organizaciones criminales no se puede salir en forma desordenada a combatirlas, primero se debe hacer un análisis de sus principales características, pues no es igual la delincuencia que se da en la zona urbana que en los departamentos o estados de la región rural o en las costas, por lo que se necesita no un análisis nacional sino regionalizado y con información debidamente cruzada con las diversas instituciones de inteligencia. Conocer bien al enemigo es primordial, advirtió Carriazo Zapata.
Hizo énfasis en que se debe atacar al mismo tiempo las grandes organizaciones, las medianas y las pequeñas, pues si se enfocan todos los operativos a una sola organización entonces se le estará haciendo un favor a las bandas que están abajo esperando la captura o la muerte de los grandes capos para ocupar su lugar.
Asimismo, se requiere una perfecta coordinación entre la Fiscalía General de la República, Ejército y Marina, no sólo para la captura de los delincuentes, sino también para darle seguimiento al proceso judicial, en el que además de la detención, también se le recojan sus bienes a través de la figura de la extinción de dominio, congelación de cuentas y cualquier otro mecanismo que permita afectar las finanzas de la organización. Al menos en Colombia -dijo el ex fiscal- existe una excesiva carga de trabajo para los fiscales que están obligados a probar las imputaciones que se le hacen a los detenidos, y eso redunda en un trabajo deficiente que termina con las libertades de los acusados.
Por otro lado, el encargado de combatir la delincuencia organizada en Colombia durante más de 20 años, consideró que si se quiere ganar la batalla a este flagelo social, se tiene que hacer uso de figuras jurídicas novedosas como es la infiltración de agentes encubiertos a las organizaciones delictivas, las llamadas “entregas vigiladas” (ya sea de armas, drogas o dinero en efectivo que se usan como “carnada”), la intercepción de llamadas telefónicas, el llamado “criterio de oportunidad” (que no es otra cosa que el ofrecer beneficios a un detenido para que delate a sus cómplices), y una serie de acciones de “tecno-vigilancia” que tendrían que ser aprobadas por los jueces de Distrito.
“Las intervenciones telefónicas tradicionales cada vez son menos útiles. Las organizaciones criminales a nivel mundial se comunican a través de las redes sociales; con un teléfono de 200 mil pesos y un plan de datos de 30 mil (en Colombia), los criminales pueden estar perfectamente comunicados y operar transacciones de millones de dólares”, explicó.
“Las investigaciones penales en la actualidad para poder afectar una organización, deben ser procesos de investigación por estructura y no por individuos. Constantemente escuchamos en la prensa que hubo incautaciones de tres y hasta cinco toneladas de droga, lo cual suena muy bonito, sobre todo cuando dicen que se dejó de comercializar 300 millones de dólares y se sacaron de la calle no sé cuántas toneladas. Eso se escucha muy bien y sirve para ganar las portadas de los periódicos, pero realmente no resuelven el problema de fondo. Lo que sí resolvería el problema de fondo es que se capturara a los principales integrantes de esa organización”, acotó.
Finalmente, Ricardo Carriazo concluyó diciendo que la única forma de contrarrestar esta nueva modalidad de delincuencia globalizada, es que de la misma manera en que los criminales intercambian información sin importar el país en que se encuentren ni el idioma que utilizan, también las autoridades intercambien datos que permitan dar seguimiento a esas organizaciones delictivas.
En ese sentido, comentó que existe una red iberoamericana de fiscales contra el narcotráfico y el lavado de activos de la cual forman parte tanto México como Colombia, y de esa manera monitorean el movimiento de los corporativos delincuenciales.
Hizo énfasis en la necesidad de que los países que comparten esta misma problemática realicen constantes intercambios de experiencias y que pongan especial atención en la cuestión legislativa, pues existen varias naciones que firmaron la Convención de Palermo (que establece la disposición a cooperar contra el crimen organizado transnacional, firmado en Italia en el año 2000), pero su legislación no contempla las herramientas jurídicas necesarias para ponerlas en práctica.
Hoy miércoles concluye este Congreso Internacional con la ponencia que dictará el rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas, Cipriano Sotelo Salgado, con el tema “Coincidencias y discrepancias entre la Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Pandilla”, así como de la fiscal seccional de Cartagena de Indias, que hablará sobre “Delincuencia organizada en Colombia a la luz de los derechos humanos”.
HASTA MAÑANA.