Jesús Castillo
Aunque dicen que nunca se fue y que la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia Carmen (Verónica) Cuevas López sigue teniendo influencia al interior del Poder Judicial a través de quienes fueron sus más cercanos colaboradores, el proceso de elección presidencial de mayo próximo es el mecanismo ideal para que la polémica servidora pública regrese, pero a través de una de sus incondicionales: Elda Flores León.
La relación de amistad e incluso complicidad entre las dos mujeres mencionadas quedó de manifiesto durante los cuatro años que Carmen Cuevas encabezó el Tribunal Superior de Justicia. De hecho, fue su designación de Elda Flores como integrante de la recién creada Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina (que sustituye al Consejo de la Judicatura) a mediados de 2019 lo que detonó la crisis al interior del Pleno, ya que nueve magistrados se opusieron abiertamente a ello.
No obstante la inconformidad de la mitad de los magistrados, Carmen Cuevas la sostuvo hasta que ella dejó la presidencia y Elda renunció al cargo en octubre del 2020. Durante ese tiempo, las dos magistradas y otro incondicional (Alejandro Becerra) manejaron prácticamente a su antojo el presupuesto del Poder Judicial y las plazas de confianza.
Según jueces que pidieron el anonimato, la ex presidenta sigue haciendo llamadas a los juzgadores para recomendar determinados expedientes en los que tiene interés, advirtiendo que si no es ella quien les llame personalmente, podría ser a través de la magistrada Elda, a quien abiertamente promueve como la idónea para presidir el TSJ.
Y es que durante los dos periodos que Cuevas López presidió el TSJ, fue muy evidente el progreso económico tanto del despacho de su esposo, Daniel Efraín Carvajal Barba, como de su templo cristiano “Canto de Victoria”. Era un secreto a voces que para poder entrar a la plantilla del Tribunal, primero se debía ser asistente asiduo al centro cristiano que se ubica en la Calle de la Luz donde su marido es pastor.
Carmen (quien tiene dos actas de nacimiento, en una de ellas en la que aparece con el nombre de Verónica), tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial, siempre rodeada de polémica. A finales de los noventas fue separada de su cargo como juez al no ser ratificada por el Consejo de la Judicatura, por lo que interpuso un amparo ante la justicia federal.
Según un consejero de la Judicatura de ese tiempo, legisladores del PAN, PRI y PRD abogaron por ella para que el Poder Judicial ya no siguiera interponiendo recursos legales que impidieran su regreso. Esas influencias políticas no solamente le sirvieron para regresar a su cargo de juez, sino que le permitieron ser designada magistrada por el Congreso local en 2005.
En ese tiempo el presidente del TSJ era Ricardo Rosas Pérez, quien sostuvo una abierta rivalidad con la nueva magistrada, al grado de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para impedir que ella llegara al Pleno del TSJ. La mantuvo como magistrada visitadora, hasta que el máximo tribunal del país lo obligó a darle un lugar con voz y voto.
Hábil y maquiavélica, Carmen Cuevas logró liderar a los magistrados que conformaban la disidencia en contra de Ricardo Rosas Pérez y operó para que llegara a la presidencia Miguel Ángel Falcón Vega, quien le pagó el favor nombrándola representante de los magistrados ante el Consejo de la Judicatura.
En 2012, ella fue la única que votó en contra de Nadia Lara Chávez cuando habían acordado que el voto fuera unánime para enviar un mensaje de unidad. Cuatro años después, convenció al grupo que lideraba Norberto Calderón Ocampo para que votaran por ella para la presidencia con la promesa de que prácticamente sería una “presidencia colegiada”.
Pero en cuanto logró su propósito se olvidó de los acuerdos. Lo peor fue que pactó con el entonces gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, y su grupo de diputados incondicionales, con la finalidad de que prosperara el juicio político en contra del entonces alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo.
A cambio, los poderes ejecutivo y legislativo “le regalaron” al Poder Judicial un decreto mediante el cual todos los magistrados podrían permanecer hasta 20 años en el cargo, pero éste no pudo entrar en vigor porque la SCJN (al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por el entonces ombudsman Jorge Arturo Olivarez Brito) echó abajo tal disposición.
El decreto 427 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” establecía que a partir del primer minuto del 11 de septiembre del 2019 “se deja sin efectos el decreto 2610 del 30 de mayo de 2018 por el que se expiden los nombramientos a los magistrados a que se refiere la disposición transitoria tercera del decreto 1613”. Sin embargo, la presidenta se aferró al cargo por la vía legal y de facto.
Ese día, un grupo de magistrados (Jorge Gamboa, Norberto Calderón, Nadia Lara, Bertha Rendón, Juan Emilio Elizalde, Andrés Hipólito, Ángel Garduño, Rocío Bahena e Iván Arenas) intentaron sesionar para defenestrar a Cuevas López.
Pero la presidenta implementó todo un “operativo” a través de su secretaria particular Sandra Pliego, para impedir la pretendida sesión. El salón de plenos estaba cerrado y nadie tenía la llave, por lo que tuvieron que entrar por una puerta alterna. No acudieron a la sesión el oficial mayor, Jorge Luis Gama Millán y la secretaria general de acuerdos, Leodegaria Murías, no obstante que fueron oportunamente notificados.
Luego, el personal de seguridad comenzó a desalojar al personal del Palacio de Justicia ante una supuesta llamada telefónica que amenazaba con hacer explotar un artefacto, mismo que nunca fue encontrado por los miembros del Ejército que acudieron al auxilio.
Era obvio que se trataba de una treta más de la presidenta, quien ya para ese momento mandaba a sus abogados a interponer una nueva petición de amparo que le permitiera llegar hasta el 17 de mayo, cuando concluía su segundo periodo como presidenta.
Por razones hasta ahora desconocidas, Carmen Cuevas convocó a sus ocho magistrados doce días antes de concluir su periodo, y con la mitad del pleno eligieron a su sucesor, que resultó ser el magistrado Rubén Jasso Díaz, quien asumió el cargo el lunes 18 de mayo del 2020.
Tres días antes, Carmen Cuevas presentó su último informe de manera virtual y abandonó las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia por la puerta trasera, dejando a la institución en una profunda crisis económica y política. Fue precisamente por esa mala imagen que ninguno de los partidos políticos quiso incluirla en su lista de candidatos a cargos de elección popular en las pasadas elecciones, a pesar de que ella anduvo “cabildeando” con varios de diversos colores e ideologías.
Ahora, pretende regresar al Poder Judicial a través de Elda Flores, quien ya comenzó a buscar el voto de los magistrados, sobre todo de aquellos que vienen llegando y no saben quién está atrás de ella.
HASTA MAÑANA.