La idea fue de “Malenita” (la eterna secretaria, hoy jubilada) y la inquieta Lissette Onofre: reunirnos todos los que alguna vez fuimos jefes de prensa de la otrora Procuraduría de Justicia y los reporteros de nota roja de las últimas tres décadas frente al edificio de la avenida Emiliano Zapata número 803, colonia Buenavista, antes de que sea demolido.
La convocatoria tuvo éxito y sólo faltaron dos de los nueve jefes de comunicación social del periodo 1994—2012 de la otrora Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos, hoy Fiscalía General del Estado, a saber:
Tomás López Ortega, quien estuvo con el procurador Carlos Peredo Merlo y Fernando Blumenkron Escobar; su servidor Jesús Castillo García, quien fue designado por Arturo Estrada Carrillo y ratificado por José Castillo Pombo; Agustín Aragón Gómez, quien me sustituyó y estuvo también con Rogelio Sánchez Gatica; Lorena Elizabeth Castillo Castillo con José Luis Urióstegui Salgado; Fernando Hoyos Iragorri con Guillermo Tenorio Ávila; Carlos Félix Gaxiola (representado por su mamá, doña Alicia Félix Gaxiola) con Francisco Coronato Rodríguez; nuevamente Agustín Aragón con la procuradora Claudia Aponte Maysse; Lourdes Limón con Hugo Bello Ocampo y después con Rodrigo Dorantes.
Se disculparon Efraín Vega Giles, que colaboró con Pedro Luis Benítez Vélez y David Monroy, el primer jefe de prensa de Carlos Peredo.
Acudieron al llamado también los integrantes del equipo de Comunicación Social: la secretaria Magdalena Díaz (Malenita), Ana María Neri, Liliana Salazar y los fotógrafos Alfredo Barba y José Luis Castillo.
Fue precisamente Malenita —quien ingresó a la institución en 1984— quien nos recordó que antes que nosotros estuvieron en esa oficina Mario Tamez, José Adolfo Peña, Dámaso Magaña, José Luis Rojas, Javier Pineda, Enrique Rodríguez y Humberto Serrano, y con todos ella trabajó como secretaria hasta que se jubiló.
También acudieron al llamado a tomarse la fotografía del recuerdo algunos reporteros de la llamada “Nota Roja” como Luis Gallardo “El Gigio”, José Luis Rojas Beltrán, Antonieta Sánchez, Juan Manuel Nájera y Juanita Panamá. Acudió Gloria Cortés, esposa de Francisco Rendón (QPD) y se disculpó Carlos Pérez Orihuela, quien fue reportero y director de Comunicación Social. Ivonne Luna estuvo como invitada.
Se recordó a quienes ya se nos adelantaron en el camino, como Carlos Félix, Francisco Rendón, Dámaso Magaña, Sergio Gómez Guerra, René Orta y José Luis López “El Tamal”, de los que nos acordamos.
Llegamos a la conclusión de que si ese edificio hablara cuántas historias podría contar. Esas paredes que en estos días habrán de ser demolidas, fueron testigos de tantos acontecimientos que marcaron la vida de muchos e influyeron en el rumbo que ha tomado el estado de Morelos.
El más claro ejemplo fue la muerte de Jorge Nava Avilés, conocido en los círculos de la delincuencia como “El Moles”. Él murió aquí, en las mazmorras de este viejo edificio donde fue sometido a prácticas de tortura para que confesara sus crímenes, pero no aguantó. Cuando le avisaron al entonces procurador Carlos Peredo Merlo que el detenido ya no respiraba entró en pánico por las implicaciones políticas que tendría, así que ordenó al jefe del grupo Antisecuestros, Armando Martínez Salgado: “Desháganse del cadáver”.
Eran los primeros días de 1998 y tenía semanas que no ocurría ningún secuestro, así que Peredo Merlo y Jesús Miyazawa (el veterano jefe de la Policía Judicial que Carrillo Olea puso de parapeto) podían presumir que habían acabado con ese delito.
Con lo que no contaban era que una patrulla de la Policía Federal de Caminos llegaría justo en el momento en que se estaban deshaciendo del cuerpo. El procurador, el jefe de la Policía Judicial, y varios servidores públicos más fueron llamados a declarar a la SIEDO y ya no regresaron.
De las anécdotas que nos contaron ayer, es que —tras la detención de Peredo Merlo y Miyazawa— hubo una verdadera “cacería” de la Procuraduría General de la República contra la dependencia estatal, y en una de esas se llevaron detenidos hasta al jefe de Almacén, dos mujeres agentes del Ministerio Público y el fotógrafo de Comunicación Social, Alfredo Barba.
Su “delito” fue haber tomado fotografías (por órdenes superiores) de la oficina que pertenecía al comandante Armando Martínez Salgado y haber entregado los negativos al director administrativo, de apellido Sánchez Pérez, quien al parecer sustrajo algunas armas de ese privado. Alfredo llegó a trabajar por la tarde a este edificio y no regresó a su casa hasta el otro día, después de que los agentes federales los anduvieron paseando por varias oficinas del Distrito Federal.
Algo similar sucedió años después, cuando fueron citados en la SIEDO el jefe de la Policía Ministerial, Agustín Montiel López y otros funcionarios, y ya no regresó, pues se quedó preso por protección al narcotráfico.
Y, cómo olvidar, aquella noche en que las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) estuvieron custodiadas por la Secretaría de Marina y el Ejército, pues tenían en su interior el cuerpo de Arturo Beltrán Leyva, quien había sido abatido en los edificios Alltitude y había muchas posibilidades de que sus sicarios acudieran a tratar de llevarse el cadáver.
De las cosas chuscas que se acuerdan quienes trabajaron en este edificio, fue cuando a finales de los noventas un imberbe auxiliar de Ministerio Público, queriendo presumir su habilidad para el manejo de las armas, comenzó a manipular una pistola que era evidencia en una averiguación previa, y de repente que se le escapa un tiro que afortunadamente no le dio a ninguna persona y sólo quedó en el susto tanto de los que presenciaron el incidente como su protagonista.
Ese joven es hoy quien ordenó la demolición del edificio principal de lo que fuera la Procuraduría de Justicia para edificar ahí unas modernas instalaciones.
La obra tendrá un periodo de ejecución de 300 días naturales, con una inversión de 87 millones 985 mil 650 pesos de recursos propios, y detalló que el Instituto de procuración de Justicia contará con ocho aulas, 12 oficinas, una cafetería, un espacio para el estudio, un auditorio y todos los servicios para su operación.
De igual forma, una Agencia del Ministerio Público que contará con 38 espacios para oficinas, área de separos y comedor, según se anunció recientemente.