En este espacio hemos criticado la corrupción en los tres poderes del gobierno, y presentado pruebas de que la justicia se vende. Sin embargo, estamos en contra de la apresurada y partidizada reforma judicial que pretende desaparecer de un plumazo a más de mil 600 jueces de distrito, magistrados y ministros, para dar paso a las personas que habrán de sustituirlos, mediante el voto popular.
Recordemos que, en su primera entrevista como presidenta electa, el 3 de junio pasado, Claudia Sheinbaum aseguró que, antes de debatirla en el Congreso, quiere que la iniciativa se conozca. Se hará “una discusión muy amplia” no sólo en sede parlamentaria sino en las universidades, entre gremios de abogados, los propios jueces y los trabajadores del Poder Judicial, señaló. “Ambos estuvimos de acuerdo en que sea así”, afirmó en referencia a López Obrador.
Al ser cuestionada sobre si aceptaría cambios al proyecto del actual presidente, dijo que eso se decidiría después de abrir el debate, pero afirmó que querría que fuera una de las primeras en ver la luz y que confiaba que se aprobara en septiembre o “por lo menos en los primeros meses” de su gobierno.
Pero inmediatamente el presidente dio una muestra de que él es quien manda ( y seguramente seguirá mandando). En su mañanera del siguiente miércoles dio la orden: La reforma va. Y no hasta que llegue Claudia, sino ahora.
Así, en lugar de foros de discusión habrá “encuestas”. Sí, esos ejercicios estadísticos a los que nadie tiene acceso, pero que han servido para justificar muchas de las decisiones del presidente.
¿Y cuáles cree que fueron los resultados de esas encuestas? Efectivamente, que el 95 por ciento de la gente cree que el Poder Judicial Federal es corrupto.
Y luego vinieron esos eventos políticos como los que han venido haciendo para varios temas, con gente acarreada que no sabe ni a lo que viene; con personajes que, más que expertos en derecho, son políticos que se han subido a la ola de Morena.
En el municipio de Jojutla se llevó a cabo el foro de diálogo para exponer a la sociedad las reformas propuestas al Poder Judicial impulsadas por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Andrés Manuel López Obrador, “quienes abogan por un cambio de paradigma que termine con la corrupción y abone a la transparencia en el servicio público”, según el boletín que manejó la oficina de la gobernadora electa, Margarita González Saravia.
Durante su mensaje, Margarita González Saravia, gobernadora electa del estado de Morelos señaló que “esta reforma tiene como objetivo lograr la justicia en nuestro país, una justicia que ha estado en un proceso de corrupción permanente, pero ahora vamos a tener la oportunidad de someter al juicio popular a quienes quieran impartir justicia en este país”.
Por su parte, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que no se afecta ningún derecho de trabajadores. “No hay una sola letra, ni una sola palabra, que afecte a alguno de los 50 mil trabajadores del Poder Judicial”.
“Después de 200 años le vamos a dar una sacudida al Poder Judicial federal y local. La reforma será homologada en todos los estados y después de ser aprobada, también en Morelos el pueblo elegirá magistrados locales y jueces. La reforma que viene a la Nación le conviene”, agregó Ricardo Monreal.
Durante su ponencia, la ministra Lenia Batres señaló que el Poder Judicial requiere controles de tipo democrático, administrativo, jurisdiccional y financiero que obliguen a los funcionarios a someterse a la transparencia, a la rendición de cuentas y al escrutinio público, además de que existan medidas que eviten los conflictos de interés.
Es la llamada “ministra del pueblo”, que hizo un video viajando en metro y después surgió otro video donde se le ve bajando de una suburban. Es la misma que pide terminar con el nepotismo en el Poder Judicial Federal, pero tiene a toda su familia en el Gobierno de la Ciudad de México.
No fue un foro abierto, pues no se invitó a verdaderos conocedores del Derecho, sino a dirigentes morenistas y candidatos de Morena que resultaron ganadores y que ahora no les queda otra que impulsar una medida popular más no efectiva porque así lo ha mandatado su jefe máximo que no se quiere ir sin vengarse de Norma Piña.
Si realmente se escuchara a la gente, se darían cuenta que hay más quejas en contra de las Fiscalías que de los jueces, pero de eso nadie habla.
El 9 de diciembre del 2018 el senador Felix Salgado Macedonio amenazó con desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hoy lo está cumpliendo.
Y en Morelos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia saben que deben poner “sus barbas a remojar”. Por eso ya intentaron que sus amigos los diputados les aprobaran una reforma que les garantiza un “haber de retiro” del 70 por ciento sin importar el tiempo que hayan laborado como integrantes del Poder Judicial (firmaron todos, menos Juan Emilio Elizalde y Bertha Rendón Montealegre).
Quien esto escribe ha sido testigo de cómo se imparte la justicia en esta entidad desde hace más de 30 años, y siempre ha sido igual. Hace tres décadas para ser magistrado era requisito militar en el Partido Revolucionario Institucional (PRI); luego vino el “empanizamiento” del Poder Judicial, con la llegada de un magistrado cuyo cargo anterior había sido el de “delegado municipal en la colonia Antonio Barona”; y más recientemente llegó uno con el antecedente de haber sido “director de agua potable de Xochitepec”.
La justicia siempre ha sido politizada y partidizada, y así seguirá si llega por designación de los diputados o por el voto de los ciudadanos.
MARGARITA Y EL GRUPO DE LOS CIEN. – Ayer publicamos que la gobernadora electa, Margarita González Saravia, acertadamente no había acudido a ningún evento del 12 de julio, Día del Abogado. Efectivamente, el viernes 12 no acudió a ninguno (mandó representantes), pero sí el sábado 13, cuando estuvo presente en la celebración de El Grupo de los 100 que encabeza el doctor en Derecho, Antonio Sorela Castillo, quien desde meses antes se pronunció por la candidatura de Margarita para la gubernatura. Por cierto que también acudió como invitado el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado; el de Jojutla, Alan Martínez y la magistrada del Tribunal de Justicia para Adolescentes, Adriana Pineda.
HASTA MAÑANA
