Actualmente la Fiscalía General del Estado es un organismo dotado de autonomía técnica, de gestión, y de ejercicio y aplicación del Gasto Público que le asigne el Congreso del Estado en el Presupuesto Anual, el cual nunca podrá ser menor al aprobado el año inmediato anterior. Aunque legalmente está adscrita al Poder Ejecutivo, el titular de la institución fue nombrado por el Legislativo por un periodo de nueve años y sólo puede ser removido por el gobernador “por causas graves” con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros de la legislatura local.
Pero no siempre fue así. Hasta antes de 1998 el gobernador podía designar al procurador de Justicia sin consultar a nadie y removerlo de la misma manera. El último en hacerlo fue Jorge Carrillo Olea, quien designó en 1994 a su abogado personal, Carlos Peredo Merlo, como responsable de la institución a pesar de que no tenía arraigo alguno en el estado.
Tras la detención de Peredo Merlo por permitir que un presunto delincuente (Jorge Nava Avilés, “El Moles”) muriera en los separos de la Policía Judicial y que el comandante Armando Martínez Salgado fuera sorprendido tratando de tirar el cadáver en la carretera a Taxco, designó como su sustituto al abogado barrista Arturo Estrada Carrillo.
Según cuenta Oscar Sergio Hernández Benítez en su libro La construcción de la Democracia en Morelos, “la misma noche en que se acordó que (Jorge) Morales Barud sería el nuevo gobernador, se estableció una nueva reunión para redactar el programa de Gobierno de Reconciliación, tarea en que se involucró a distintos actores de la oposición, incluyendo a Graco Ramírez, Adrián Rivera y Sergio Álvarez Mata”.
En ese documento se contempló la nueva fórmula para evitar que el procurador en turno actuara como alfil del gobernador: que lo propusiera el jefe del Ejecutivo pero que las dos terceras partes del Congreso lo ratificaran.
Así llegó el priísta José Leonardo Castillo Pombo, quien le pasó la estafeta al también priísta Rogelio Sánchez Gatica. Ya con el gobernador del PAN, Sergio Estrada Cajigal, las negociaciones al interior del Congreso favorecieron al entonces perredista José Luis Urióstegui Salgado, pero con la condición de que el jefe de la Policía Judicial fuera designado directamente por el mandatario estatal.
Urióstegui Salgado no aguantó que el coordinador de la PJ, Agustín Montiel López, se ufanara de decir que el verdadero procurador era él, y prefirió renunciar. De ahí vino una larga lista de procuradores (y una mujer, Claudia Aponte Maysse), que pasaron por la institución que, en 2014, cambió su denominación a Fiscalía General del Estado.
El Ministerio Público tiene como función principal la defensa de la legalidad, por lo que la objetividad en su actuación forma parte de su naturaleza institucional y debe ser el parámetro que oriente el ejercicio de sus facultades. A aquella función y a este principio responde la necesidad de su autonomía, que implica que esté organizado de tal manera que pueda tomar decisiones sobre los casos de que conoce sin influencia o presión de otros poderes o grupos y que las mismas se adopten únicamente con base en la ley y las pruebas que posea. La autonomía, entendida así, como un entramado institucional de protección a la función desarrollada por el Ministerio Público, es indispensable para la adecuada realización de la función de persecución de los delitos.
Todo lo anterior es la definición utópica, pues en los hechos es lo contrario.
En nuestros archivos encontramos el Programa de Procuración de Justicia del Estado de Morelos 2013-2018, en el que se menciona que la falta de confianza ciudadana en las instituciones de justicia del estado en uno de los argumentos centrales para justificar la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos en Fiscalía General del Estado en marzo de 2014.
El PPJEM señala que “…el enorme rezago y desorganización de la institución, tienden a provocar ineficiencia…[y que la]…crisis estructural, organizacional, funcional, operativa y de mala imagen que tiene la Procuraduría de Justicia del Estado…” hace necesaria una reingeniería institucional. De esta manera, la nueva figura institucional tendría como objetivos cambiar radicalmente su organización, la forma en que utiliza sus recursos y mejorar los servicios que presta. Es decir, el cambio sería no solo de denominación, “sino de misión y visión institucional para afrontar los retos que han surgido de la implementación del nuevo sistema de justicia penal”
Así, el 19 de marzo de 2014 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el dictamen por el que se crea la Fiscalía General del Estado de Morelos. Entre los cambios más relevantes está el de otorgarle la tarea principal de realizar las funciones del Ministerio Público, es decir, la de investigar y acusar conforme al sistema Penal Acusatorio a los presuntos responsables de haber cometido un delito, contando para esto con Fiscalías Regionales y Especializadas del Ministerio Público, Policías Ministeriales investigadores y Servicios Periciales, que en conjunto coordinarían la investigación y en su caso la persecución de los delitos.
Otro cambio importante es que se le dota de autonomía técnica, de gestión, y de ejercicio y aplicación del Gasto Público que le asigne el Congreso del Estado en el Presupuesto Anual correspondiente.
En febrero del 2018, un Congreso controlado absolutamente por el gobernador Graco Ramírez, aprobó las dos últimas disposiciones que supuestamente garantizarían que el gobernador en turno no pudiera manejar a su conveniencia a la Fiscalía: dotarla de autonomía financiera y que el nombramiento del titular fuera transexenal.
Así fue como llegó Uriel Carmona Gándara, con un nombramiento del del día 15 de febrero de 2018, hasta el día 14 de febrero de 2027.
El resto de la historia no tiene caso contarlo. Basta con decir que la presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha mencionado en varias ocasiones al fiscal morelense como un protector de feminicidas; que el dirigente nacional del partido en el poder, Mario Delgado Carrillo, ha dicho que Uriel se mantiene en el cargo gracias a varias diputadas y varios diputados (a los que considera traidores), pero que en cuanto cambie la Legislatura se le acabará el manto protector; y la gobernadora electa Margarita González Saravia declaró recientemente que nueve años son muchos para un fiscal, por lo que buscará que el periodo se reduzca a seis.
Por eso es que se analiza la forma como se desharán de Uriel Carmona, y lo más seguro es que opten por una reforma constitucional que borre de un día para otro (no sería nada nuevo, lo hicieron con la Auditoría Superior de Fiscalización y con el Tribunal de Justicia para Adolescentes) a la actual Fiscalía, y creen una institución con todo nuevo, incluyendo su titular. Obviamente que Uriel no se quedaría con los brazos cruzados.
Nuestro particular punto de vista es que, cualquier modificación que se le haga, nunca tendremos un Ministerio Público totalmente imparcial, ajeno a intereses políticos y económicos.
HASTA MAÑANA.