Tal como lo habíamos adelantado, ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa en la que fue presentada La Unión de Juristas de Morelos, una nueva agrupación de abogados en la que confluyen diferentes organizaciones con las más diversas ideologías, pero con algunas preocupaciones comunes. Quizás esté muy gastada la frase “es más lo que nos une”, sin embargo, aquí aplica a la perfección.
Así, lograron ponerse de acuerdo los siguientes profesionistas del Derecho:
Enrique Paredes Sotelo, litigante, ex secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca y fundador del Partido Movimiento Alternativa Social (hoy sin registro); Cipriano Sotelo Salgado, fundador de la Asociación de Abogados Penalistas, ex candidato a presidente municipal por el PRI en las elecciones antepasadas y hoy rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas; Pedro Martínez Bello, litigante y presidente vitalicio del Foro Morelense de Abogados; Adela Manzanares, ex funcionaria de la Procuraduría de Justicia y recién electa presidenta de la Barra de Abogados del Estado de Morelos; Leticia Agüero, presidenta de la Asociación de Jueces en retiro; Ricardo Popoca González, abogado postulante, ex dirigente del Consejo Estatal de Abogados, hoy representante del Frente Consultivo de Abogados.
Queda en stand by María Luisa Rodríguez Cadena, presidenta de la Asociación de Abogadas del estado de Morelos, que estaba anunciada en la conferencia de prensa y no llegó.
En el evento se dijo que el motivo de unificar las diferentes Asociaciones de abogados es para proteger los derechos e intereses de los morelenses, en todos los ámbitos jurídicos y sociales. En esta ocasión abordaron cuatro temas en específico:
- -Exigir al Congreso del Estado que incluya a los abogados en las mesas de discusión que se llevaran a cabo para la implementación de la reforma judicial en el Estado de Morelos, en el entendido que los abogados debemos estar incluidos por ser los operadores del sistema de justicia y su opinión es calificada.
2.-Se exige al Congreso incluir a los abogados en la implementación de la oralidad en el Código Civil y Familiar en el Estado de Morelos.
- Se exige a la Fiscalía General de Justicia, que explique a los morelenses por qué nuestra entidad ocupa hoy los últimos lugares en procuración de justicia, aún y cuando tiene asignado un presupuesto multimillonario de más de mil 300 millones de pesos al año.
4.- Exigir a los magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que se pongan a trabajar y cese la división entre ellos, o en su caso presenten su renuncia.
Enseguida, el doctor Cipriano Sotelo Salgado explicó que están invitadas todas las agrupaciones de abogadas y abogados a sumarse a esta Unión, que pretende ser un frente común para ir contra la opacidad, para que la procuración y administración de justicia camine de manera adecuada.
“Cada agrupación trae sus propias políticas internas. No se va a vulnerar la decisión de cada agrupación, se va a respetar, pero en los temas que acordemos se buscará que caminemos de la mano por el bien común, no por el bien particular”, afirmó.
Agregó que se busca que quienes lleguen a los cargos que a partir de la reforma judicial será por voto popular, sean aquellos que demuestren probidad, pero también conocimientos jurídicos. “No queremos magistrados que cuando se les plantee un asunto jurídicamente complejo entre en pánico y no sepa qué hacer”, comentó.
Habrá que esperar la respuesta de los aludidos, y las eternas descalificaciones de “a mi no me representan, siempre son los mismos”. Pues sí, son los mismos pero porque no hay otros que se quieran arriesgar y dejar su zona de confort.
HABRÁ DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL. – El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) confirmó la creación de una Defensoría Pública para este 2025, por lo que ya se trabaja para definir la operatividad de esta nueva oficina que tiene como finalidad la defensa de los derechos político-electorales del ciudadano que no tiene recursos para pagar un profesionista del derecho.
La Magistrada Presidenta de este Tribunal local, Ixel Mendoza Aragón, explicó que aun cuando se otorgó un presupuesto menor a lo solicitado, el proyecto sí se llevará a cabo, por lo que se contempla la contratación de tres nuevos defensores, un titular y un auxiliar, además de la adecuación de una oficina exclusiva para dicho fin.
“Evidentemente no se obtuvo lo que se había solicitado, sin embargo, soy consciente que estamos en tiempos de austeridad y de racionalidad. Bajo esos principios vamos a trabajar y vamos a sacar el máximo que podamos realizar como Tribunal porque aquí lo que importa es la ciudadanía”, informó.
En tanto se concreta el proyecto del TEEM, Mendoza Aragón destacó que, en fechas pasadas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) generó una iniciativa para que los tribunales que actualmente no cuentan con esta Defensoría, puedan tener una oficina de vinculación.
“Nosotros vamos a ser el medio y el canal para que la Sala Superior pueda brindarles la asesoría, por lo que a partir de este 2025 pueden acudir al TEEM las mujeres que se sientan afectadas o violentadas en sus derechos político electorales por una cuestión de violencia política en razón de género”, puntualizó.
Sin embargo, al destacar que lo ideal es que el TEEM tenga una Defensoría Pública propia, como algunas entidades federativas ya la tienen, actualmente se revisa “qué es lo que podemos hacer para ya poder contar con esta victoria”, al recordar que “nos tenemos que adecuar y ajustar a lo que ya nos ha sido aprobado”.
Es importante este proyecto toda vez que muchos ciudadanos (principalmente indígenas) pierden candidaturas o posiciones plurinominales por no contar con una asesoría jurídica especializada en los temas electorales.
HASTA MAÑANA.