Jesús Castillo
A Ulises Pardo Bastida le sigue ayudando la bendición del Partido Morena; la primera ola lo llevó a la presidencia municipal de su natal Huitzilac y ahora la segunda le permitirá arribar a la Quincuagésima Quinta Legislatura local con la ayuda del Tribunal Estatal Electoral, donde también tiene influencia la llamada “cuarta transformación”. Sin embargo, si se hiciera una calificación sobre la imagen de cada uno de los legisladores, Pardo Bastida seguramente ocuparía el número 20.
Al ex alcalde le va a quedar “como anillo al dedo” el fuero constitucional que protege a los diputados, pues de hecho en estos momentos anda con un par de amparos bajo el brazo ante la posibilidad de que se ejecute en su contra una orden de aprehensión por cualquiera de las dos carpetas de investigación que le está integrando la Fiscalía Anticorrupción.
Ayer martes, la mayoría de los periódicos de este estado traían en portada la nota en la que refieren que habitantes de la comunidad indígena de Coajomulco, municipio de Huitzilac, desconocieron a Ulises Pardo Bastida, quien fue postulado como candidato indígena para diputado local por el tercer distrito en el pasado proceso electoral.
En conferencia de prensa que ofrecieron en el zócalo de la ciudad denunciaron que Pardo Bastida presentó documentos falsos que obtuvo a través de actos de abuso de poder y coacción al entonces Ayudante de Coajomulco. Sin embargo la constancia que lo acredita como indígena de Coajomulco no cumple con los requerimientos oficiales de la comunidad, porque, además, Pardo Bastida no nació ni reside en Coajomulco.
Sumado a lo anterior, anunciaron que sostendrá una reunión esta misma semana con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, para su intervención, además de solicitar acompañamiento de organismos de derechos humanos. También enviarán una carta con las pruebas recabadas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicitando su especial atención al tema.
En honor a la verdad, le vemos pocas posibilidades a las acciones de protesta de los verdaderos indígenas de Coajomulco por la sencilla razón de que es morenista y para AMLO todos los miembros de su partido son impolutos (ya ven, ayer le volvieron a dar la aviada al diputado federal acusado de pederastia).
Por otro lado, al “indígena” de Huitzilac le beneficia la ambigüedad de la ley electoral y los criterios de los magistrados del Tribunal Electoral de Morelos en materia de acciones afirmativas.
En la resolución del juicio TEEM/JDC/329/2021-3 se menciona que las acciones afirmativas se caracterizan por ser medidas de carácter temporal, cuyo objetivo es regular de cierta manera aquellos grupos en situación de desventaja, otorgando derechos que de facto les corresponden, pero no de iure, es decir lo que se pretende con este tipo de herramientas es suprimir los escenarios de desigualdades históricas que se convierten en un mal social
De manera que los beneficios siempre con este tipo de acciones van dirigidas propiamente a esos grupos de minoría, y para que tenga un resultado equilibrado como óptimo, es necesario un análisis y un estudio exhaustivo previo de aquellos grupos que sean considerados vulnerables.
En este sentido, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) implementó acciones afirmativas a favor de las comunidades indígenas y creó lineamientos específicos para llevar a cabo el registro de candidatos bajo esas calidades.
Y aquí viene la defensa del TEEM hacia Pardo Bastida: “Tomando en cuenta que el actor considera que el registro realizado al ciudadano Ulises Pardo Bastida como candidato al Distrito III por Morena, con cabecera en Tepoztlán, Morelos, desconoce si cuenta o no con la autoadscripción calificada, no es razón suficiente puesto que en su momento procesal el Consejo Distrital valoró la documentación presentada para su registro, y que de acuerdo con los hechos y documentos que obran agregados al expediente la constancia de autoadscripción sí fue presentada por Morena para el registro del citado ciudadano”.
De esta manera, cuando el ciudadano Carlos Ricardo Ávila Solís pidió al Impepac el documento mediante el cual Pardo Bastida se dice indígena, éste contesta que “el ciudadano presentó constancia de autoadscripción indígena, sin embargo, no puede darse entrega de la misma ya que es clasificada como datos personales sensibles”.
Y el TEEM le hace segunda en la protección en su resolución:
“De manera que para este Tribunal Electoral no comparte los motivos de inconformidad del actor sobre si desconoce que se hayan presentado o no una constancia de autoadscripción indígena, ya que el secretario ejecutivo (del Impepac) fue puntual al señalar que, sí se presentó ese documento, pero no se le podía otorgar por ser clasificada”.
Termina diciendo que “se trata de un documento que forma parte de la identidad del ciudadano Ulises Pardo Bastida y que la falta de este documento no genera una afectación a sus derechos político electorales, ni mucho menos un acceso a la justicia”.
Enseguida, se suman a un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral, según el cual “las autoridades electorales deben velar porque la implementación de las acciones afirmativas no conduzca a la afectación de otros derechos, como la privacidad y la intimidad, de manera que estos derechos constituyen manifestaciones de una libertad que involucra más aspectos de la persona, que es el libre desarrollo de su personalidad”.
Bajo esos criterios no hay nada qué hacer. La protección del Impepac y del Tribunal Electoral del Estado de Morelos fue absoluta, de tal manera que no hay poder humano que haga que nos digan cuál fue el documento que presentó Pardo Bastida para acreditar su origen indígena, y al no tenerlo, es imposible impugnarlo.
Sin embargo, esto es en lo jurídico, porque en los hechos la mentira cae por sí sola, y no sólo en el caso de este aboganster que tendrá tres años de impunidad para seguir haciendo de las suyas, sino de todos aquellos que se hicieron pasar por indígenas para llegar al cargo. No son indígenas, pero sí son ladinos.
Esos personajes habrán de recibir el rechazo social cada vez que aparezcan en público. Es el mismo caso del todavía diputado Marcos Zapotitla Becerro, a quién no pudieron hacerle nada ante las acusaciones de violación en agravio de una mujer porque lo protegieron sus compañeros diputados (y diputadas, las que primero no querían sesionar si él estaba presente pero después extrañamente lo consintieron) pero que a partir del primero de septiembre tendrá que esconderse para no ser detenido, y no podrá acudir a restaurantes so pena de ser agredido por la gente.
HASTA MAÑANA.