¿Quién no ha sido víctima alguna vez de esos desprestigiados personajes de la selva de asfalto que se han ganado a pulso ese grito que suele escucharse en los estadios de futbol? ¿Quién no conoce a personas que se han hecho millonarias después de obtener una concesión para administrar los corralones municipales?
Hay negocios que florecen precisamente cuando al ciudadano le ocurre algo que no tenía previsto, y uno de ellos parece ser el de las grúas y los corralones particulares que operan en Morelos, porque basta que un automóvil sea infraccionado, participe en un accidente, sea asegurado durante un operativo o, peor todavía, sea robado y posteriormente recuperado, para que aparezca una grúa cuyo propietario o empresa casi nunca fue elegido por el afectado, pero que sí terminará cobrándole por llevarse su vehículo y después por mantenerlo bajo resguardo.
En innumerables casos el liberar el vehículo siniestrado sale más caro que el valor de este. A eso se debe que los corralones estén llenos de coches oxidados que nadie reclamó.
A lo largo de nuestra actividad periodística hemos conocido a muchos “gruyeros”, algunos buenos, otros malos, y otros peores. En la primera lista podemos incluir a Jesús Bahena, Elí Montejo, los hermanos Augusto y Pablo Hernández (medios maloras pero en el fondo son buenas personas), y Luis Hidalgo que tiene actualmente la concesión en Cuernavaca.
En la segunda ponemos a un tal Guzmán, Aguilar, Muciño, Álvarez y Martínez. Todos con quejas por altos costos en sus servicios.
Pero el peor de todos era Fabián Real Maldonado, quien tuvo la concesión del corralón en Temixco y posteriormente en Cuernavaca. Él se daba el lujo de encabezar los operativos de alcoholímetros, y en su vehículo particular perseguía a los automovilistas que creía que podían estar alcoholizados.
Tenía un reportero a su servicio que le hacía “trabajos especiales” como fastidiar a los agentes de Tránsito de Jiutepec que no dejaban pasar tráileres a Cuernavaca para que pudieran ser infraccionados por los policías viales de la capital y llegaran a su corralón ubicado en Las Granjas. Lamentablemente, tanto el gruero como su reportero fueron ejecutados en hechos por separado.
En junio de 2023, camioneros bloquearon durante algunas horas la carretera federal Cuautla—Cuernavaca, a la altura de Yautepec. El motivo: la inconformidad de los transportistas por la voracidad de los grueros. El dirigente transportista Adrián Escamilla señaló que un tráiler se descompuso en la entrada del “Cañón de Lobos”, por lo que fue necesario pedir una grúa para moverlo cuatro metros a fin de que no entorpeciera el tránsito vehicular, servicio por el cual, la empresa de grúas pretendía cobrar la cantidad de 80 mil pesos.
Sin embargo, dicha cantidad se elevó a 150 mil pesos porque fue necesario trasladar el vehículo a un corralón. Al considerar que se trata de una cantidad excesiva y exagerada, amagaron con cerrar las carreteras para exigir frenar lo que consideran un abuso.
Funcionarios del Ayuntamiento de Yautepec se presentaron a la zona de conflicto para realizar labores de intermediación, por lo que se logró que la empresa de grúas cobrara únicamente la cantidad de 17 mil pesos.
En julio del año pasado, trabajadores de Uber y Didi se reunieron con autoridades del Ejecutivo y de algunos municipios para exigir que se eliminen los cobros para aquellas personas que han sufrido el robo de su vehículo y que van a parar a los corralones.
“Tenemos un caso de un auto que fue robado a las 11:00 de la mañana, se recuperó a las 3:00 de la tarde, y la persona víctima tuvo que pagar 3 mil pesos”, indicó Diego Torres Melgoza, representante de la Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales.
Agregó que, hay casos en los cuales van a parar motos a los corralones con valor de 19 mil pesos, se las roban, las recuperan y por estar tanto tiempo en el corralón les cobran casi el valor total del vehículo, además de que corren el riesgo de que se desvalijen.
En Cuautla se hicieron públicas acusaciones sobre cobros de hasta 10 mil pesos por arrastre, traslado y permanencia de vehículos, y los señalamientos alcanzaron a Grúas Cárdenas y Balo León, empresas relacionadas con la prestación de estos servicios en el municipio.
El compañero Paco Cedeño documentó cómo un operador de grúa pretendía llevarse por sus pantalones, un vehículo estacionado en la vía pública, lo que fue impedido por el intrépido reportero.
El presidente municipal de Cuautla, Salvador Molina, reconoció que la relación con Grúas Cárdenas no estaba respaldada por un convenio formal firmado, sino por un acuerdo verbal con la anterior administración, por lo que se terminó esa relación.
Lo más preocupante es que este asunto lleva años dando vueltas entre protestas, reuniones, exhortos y promesas de regulación. En 2024 el Congreso de Morelos ya había llamado a evitar cobros indebidos en los servicios de arrastre y corralones; en 2025 volvieron las protestas de transportistas y conductores de plataformas, y durante 2026 el problema regresó con mayor fuerza al Congreso, al grado de que organizaciones de transportistas denunciaron cobros de entre 20 mil y 80 mil pesos y posteriormente la autoridad estatal reconoció casos que superaban los 100 mil pesos.
Si después de tantos años las autoridades siguen hablando de elaborar padrones, establecer tabuladores y revisar convenios, entonces la pregunta obligada es qué se ha hecho durante todo este tiempo y, sobre todo, quién ha permitido que un servicio que se origina en una decisión de autoridad termine convertido en un negocio privado prácticamente cautivo. Es un secreto a voces que el alcalde en turno recibe un “moche” de parte de la empresa concesionaria del corralón y las grúas.
En Cuernavaca se ha comenzado a tomar cartas en el asunto para evitar la doble victimización. Ayer, el presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado inauguró el Corralón Municipal de Cuernavaca, un nuevo servicio que permitirá al Ayuntamiento contar con instalaciones propias para el resguardo de vehículos infraccionados conforme al Reglamento de Tránsito, bajo la operación de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC).
El espacio, ubicado a un costado del Rastro Municipal, tiene una superficie de casi cinco mil metros cuadrados y capacidad para 308 vehículos. «No se trata de obtener un lucro, sino de prestar un servicio», señaló Urióstegui Salgado, al resaltar que los ingresos generados por los derechos correspondientes permanecerán en el municipio y podrán contribuir al financiamiento de acciones en beneficio de la población, incluidos programas sociales del Sistema Municipal DIF Cuernavaca.
Por su parte, el tesorero municipal, Javier Arozarena Salazar, informó que la rehabilitación del predio representó una inversión aproximada de 2.3 millones de pesos y afirmó que la operación del espacio permitirá generar ahorros para el municipio al reducir la dependencia de servicios particulares de arrastre y resguardo. Precisó que el municipio ya cuenta con grúas propias, por lo que los recursos destinados anteriormente a estos servicios podrán orientarse a otras necesidades de la administración municipal.
La SEPRAC estará a cargo de la operación del Corralón, mientras que la Tesorería Municipal dispondrá de una caja recaudadora que operará de lunes a sábado para atender los trámites relacionados con el ingreso, resguardo y liberación de vehículos.
Ojo: de todos modos, quienes sean retenidos por el alcoholímetro de los sábados por la noche, no podrán recuperar su vehículo sino hasta el siguiente lunes.
HASTA EL LUNES.